Oposición de Nicaragua proclama a ex "contra" como candidato
MANAGUA (AP) — La opositora alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL, derecha) de Nicaragua proclamó el miércoles a su fórmula presidencial para las próximas elecciones: un exjefe de la “contra” antisandinista y una exreina de belleza.
La decisión ocurre tras el encarcelamiento de siete aspirantes presidenciales que pretendían disputarle el poder al mandatario Daniel Ortega.
El candidato a presidente es Oscar Sobalvarro, de 60 años, vicepresidente de CxL y conocido como “comandante Rubén” en las filas de la Resistencia Nicaragüense que combatió al primer gobierno sandinista (1979-1990). Para vicepresidenta fue postulada Berenice Sequeira, de 27 años y quien fue Miss Nicaragua en 2017.
En un acto realizado en un hotel capitalino, la presidenta de CxL, Kitty Monterrey, exhaltó “la valentía” de los candidatos por aceptar la postulación, la primera que se proclama oficialmente en el país al iniciar el período de inscripción de candidaturas que vence el próximo 2 de agosto.
“Desgraciadamente el régimen ha encarcelado a los demás precandidatos”, dijo al referirse a los siete aspirantes presidenciales detenidos desde el 2 de junio, entre ellos Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga, considerados entre los favoritos para ganarle a Ortega en las urnas el 7 de noviembre.
“Nosotros somos la única esperanza para derrotar al régimen”, agregó Monterrey, a quien otros sectores de la oposición acusaron de “sabotear la unidad” e impedir la formación de una gran alianza electoral contra Ortega, quien buscará su tercera reelección consecutiva.
En tanto, la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó un decreto que cancela la personería jurídica de 24 ONG, entre éstas, 15 asociaciones médicas cuyos directivos han cuestionado el manejo de la pandemia del coronavirus por parte del gobierno. Según el decreto, aprobado con 72 votos a favor y 16 abstenciones, las ONG afectadas “incumplieron requisitos legales” al no presentar sus estados financieros anualmente, lo que “ha obstaculizado la labor de control y vigilancia” del Ministerio de Gobernación.
El decreto establece además la confiscación de los bienes y activos de las ONG, al señalar que “pasarán a ser propiedad del Estado” si sus estatutos no contemplan liquidación previa.
Mientras, el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos aprobó en Washington la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como “Ley Renacer”, que busca imponer nuevas sanciones al gobierno de Ortega para presionar por elecciones libres y democráticas.
La ley, aprobada el 22 de mayo por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, también plantea restringir préstamos a Nicaragua por parte de instituciones financieras internacionales, excepto los que afecten a proyectos humanitarios. Se trata de “asegurar que se continúe presionando al régimen de Ortega y apoyar a los nicaragüenses”, dijo el congresista Albio Sires, quien promovió la iniciativa y la presentó ante el Congreso el pasado 30 de abril.
Por su parte, Colombia decidió llamar a consultas al embajador de su país en Nicaragua, Alfredo Rangel, a raíz de los “hechos violatorios de las garantías democráticas, de los derechos civiles y políticos del pueblo nicaragüense”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores el miércoles en un comunicado. “El llamado obedece al compromiso del Gobierno de Colombia con los valores y principios consignados en la Carta Democrática Interamericana y en la Carta de la OEA (Organización de los Estados Americanos)”, agregó.
En adelante, Colombia monitoreará lo que calificó como un “preocupante deterioro de la democracia” en Nicaragua en busca de nuevas opciones que contribuyan al “retorno de la institucionalidad”. Por ahora, Colombia instó al gobierno de Ortega a liberar los presos políticos y cesar la persecución contra la oposición política, el periodismo y el liderazgo social.
