Francia: Caso de racismo policial llega al Consejo de Estado

PARÍS (AP) — Grupos destacados de derechos humanos y organizaciones de base llevaron a la máxima autoridad administrativa del país la primera demanda colectiva que acusa a la poderosa policía francesa de discriminación sistemática en los controles de identidad.

El expediente de 220 páginas, lleno de ejemplos de discriminación racial de la policía francesa, se entregaba el jueves al Consejo de Estado, la institución de arbitraje definitiva sobre el uso del poder por parte de las autoridades. Los demandantes eran Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Open Society Justice Initiative y tres grupos de base que trabajan con jóvenes.

Las organizaciones alegan que la policía francesa selecciona a personas negras y de origen árabe cuando decide a quién dar el alto y registrar. Entre las personas citadas en el documento hay policías que corroboran esa afirmación.

Los grupos que plantearon la denuncia alegan que la práctica está arraigada en una cultura de discriminación sistemática en la policía y tiene profundas consecuencias para las personas de color, que a menudo se sienten alienadas de la sociedad francesa.

En lugar de dinero para las víctimas, la demanda reclama profundas reformas en las fuerzas de seguridad para garantizar el final de la discriminación racial, incluido un cambio en el código penal, que ahora da carta blanca a los agentes para hacer que las personas se identifiquen sin que quede registro. Entre otras cosas, piden un mecanismo independiente para presentar quejas y formación para los agentes.

La oficina del primer ministro y los ministerios de Justicia e Interior recibieron notificaciones iniciales sobre la demanda a finales de enero, el primer paso de un proceso de dos fases en las demandas colectivas francesas. La ley les dio cuatro meses para dialogar con las ONG sobre cómo cubrir las demandas de cambios dentro de la policía, antes que el asunto llegara a la corte.

La respuesta fue un silencio atronador, motivo por el que los grupos llevaron el caso al Consejo de Estado.

Antoine Lyon-Caen, principal abogado del caso, describió el silencio del gobierno como “humillante” para las víctimas de la discriminación racial.

Issa Coulibaly, director de Pazapas, una asociación juvenil del este de París que participa en el proceso, indicó que el silencio oficial forma parte de la “negación institucional” del problema.

“Confirma este desprecio, esta falta de consideración hacia una parte de la ciudadanía sometida a esto”, explicó. Coulibaly, un hombre negro de 41 años, dijo que para cuando tenía 14 años ya había sufrido numerosas comprobaciones de identidad sin justificación.

Varias cortes francesas han condenado al estado por racismo en controles de identidad en el pasado.