Biden promete actuar ante fallo contra el DACA

El presidente de Estados Unidos dijo el sábado que el Departamento de Justicia tiene la intención de apelar el fallo de un juez federal en Texas que consideró ilegal un programa de la era de Barack Obama que ha protegido de la deportación a cientos de miles de jóvenes inmigrantes que fueron traídos al país cuando eran niños. Joe Biden también renovó sus llamados al Congreso para crear una solución permanente.

En un comunicado, Biden consideró que la decisión del viernes fue “profundamente decepcionante” y, aunque la orden del juez no afectó a los que ya estaban cubiertos por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), “relega a cientos de miles de jóvenes inmigrantes a un futuro incierto”.

El programa ha permitido que miles de jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, o que se quedaron más tiempo del permitido por sus visas, vivan, trabajen y permanezcan en el país. Muchos de los beneficiarios del plan, comúnmente conocidos como “dreamers”, han estado en Estados Unidos desde hace una década o más.

Pero Texas y otros ocho estados demandan detener el DACA, argumentando que el presidente Obama carecía del poder para crear el programa porque eludió al Congreso. El juez federal de distrito Andrew Hanen en Houston estuvo de acuerdo, y aunque su fallo dejó intacto el programa para los beneficiarios existentes, prohibió al gobierno aprobar nuevas solicitudes.

En su declaración, Biden instó al Congreso a avanzar con una legislación que proteja permanentemente a los destinatarios del programa. “Sólo el Congreso puede asegurar una solución permanente al otorgar un camino a la ciudadanía para los dreamers que brinde la certeza y estabilidad que estos jóvenes necesitan y merecen”, dijo el mandatario.

“He pedido repetidamente al Congreso que apruebe la American Dream and Promise Act (Ley de la Promesa y el Sueño Americano) y ahora renuevo ese llamado con la mayor urgencia”, dijo. “Tengo la ferviente esperanza de que, a través de la reconciliación u otros medios, el Congreso finalmente brinde seguridad a todos los dreamers, que han vivido demasiado tiempo con miedo”.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley en marzo para crear un camino que permita a los dreamers conseguir la ciudadanía, pero la iniciativa se estancó en el Senado. Los defensores de los inmigrantes esperan incluir una cláusula que abra esa puerta a la naturalización en un amplio proyecto de ley presupuestal que los demócratas desean aprobar este año, pero se desconoce si esa propuesta sobrevivirá.

Inmigrantes y activistas exhortaron a los demócratas y a Biden a que impulsen con celeridad el proyecto de ley que proteja a los dreamers. Anunciaron que apelarán la decisión del juez Hanen, que el viernes declaró ilegal el DACA prohibiéndole al gobierno tramitar nuevas solicitudes, pero dejándolo intacto para los beneficiarios actuales.

El fallo es una “sirena de alarma” para los demócratas, dijo la directora ejecutiva del grupo activista United We Dream, Greisa Martinez Rosas. Consideró que los demócratas serán los únicos culpables si no se concreta una reforma legislativa. “Hasta que el presidente y los demócratas en el Congreso cumplan con la naturalización, las vidas de millones seguirán en riesgo”, afirmó.

Hanen falló a favor de Texas y ocho estados conservadores más que interpusieron una demanda para detener al DACA, que provee protecciones limitadas a unas 650.000 personas.

El programa ha enfrentado varias impugnaciones en tribunales desde que el entonces presidente Obama lo instituyó en junio de 2012. El gobierno de Trump anunció que ponía fin al DACA en septiembre de 2017, pero la Corte Suprema federal falló en 2020 que el gobierno no le puso fin de forma adecuada y permitió que continuara en vigor una vez más.

En un comunicado emitido el viernes en la noche, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se comprometió a que los demócratas continuarán impulsando la aprobación de la Ley Dream y exhortó a los republicanos a que “se nos unan en respetar la voluntad del pueblo estadounidense y la ley, para garantizar que los dreamers tengan un camino permanente hacia la ciudadanía”.

En el fallo del viernes, Hanen escribió que los estados demostraron “las contrariedades que la continua operación del DACA les ha infligido”.

“Además”, agregó, “el gobierno no tiene un interés legítimo en continuar con un programa implementado ilegalmente”.

Biden ya ha propuesto una ley que proporcionaría un mecanismo de naturalización para los 11 millones de personas que se calcula que viven en Estados Unidos sin autorización. También ordenó a las agencias que se esfuercen en preservar el programa.

Los partidarios del DACA, incluidos los que argumentaron ante Hanen para salvarlo, han dicho que es necesario que el Congreso apruebe una ley para proporcionar un alivio permanente. Hanen ha dicho que el Congreso debe actuar si Estados Unidos quiere proporcionar las protecciones del DACA a los beneficiarios comúnmente conocidos como “dreamers”, basadas en las propuestas de la llamada Ley Dream que el Congreso nunca ha aprobado.

Además de Texas, los demandantes eran Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental, todos ellos estados con gobernadores o secretarios de Justicia republicanos.

Los estados argumentaron que Obama nunca tuvo la autoridad en 2012 para crear el DACA porque eludió al Congreso. Los estados también alegaron que el programa merma sus recursos educativos y de salud.

El Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF por sus iniciales en inglés) y la Fiscalía General de Nueva Jersey, que defendieron el DACA a nombre de un grupo de beneficiarios, argumentaron que Obama sí tenía la autoridad para instituir el programa y que los estados carecían de legitimación procesal para demandar porque no habían sufrido ningún daño debido al DACA.

Thomas Saenz, presidente del MALDEF, dijo el viernes que los demandantes apelarán. “La decisión de hoy enfatiza una vez más cuán crucialmente importante es que el Congreso intervenga para reflejar la voluntad de una supermayoría de ciudadanos y electores en este país. Esa voluntad es ver a los beneficiarios del DACA y otros inmigrantes jóvenes en circunstancias similares recibir la acción legislativa que les conceda una ruta hacia la permanencia y naturalización en nuestro país”, declaró Saenz.

Hanen rechazó la solicitud de Texas en 2018 para detener el programa a través de un interdicto preliminar, pero en un presagio de su fallo más reciente, dijo creer que el DACA tal y como ha sido implementado probablemente es inconstitucional si no recibe la aprobación del Congreso.

El juez falló en 2015 que Obama no podía ampliar las protecciones del DACA ni instituir un programa que protegiera a los padres de los dreamers.

Aunque con frecuencia el DACA es descrito como un programa para inmigrantes jóvenes, muchos de los que ampara han vivido en Estados Unidos durante una década o más tras ser traídos al país sin autorización o quedarse después de que sus visas expiraron. El Centro para el Progreso Estadounidense, un organismo liberal, dice que aproximadamente 254.000 niños tienen al menos un padre que se apoya en el DACA. Algunos de los beneficiarios son abuelos.

Todd Schulte, presidente de FWD.us, una organización progresista, expresó su decepción por el fallo del viernes, diciendo en un comunicado que el DACA ha sido un gran éxito que ha transformado muchas vidas.

“Lo ocurrido hoy deja una cosa totalmente clara: Sólo una solución legislativa permanente aprobada por el Congreso eliminará el miedo y la incertidumbre con los que los beneficiarios del DACA se han visto obligados a vivir durante años. Exhortamos a todos y cada uno de los funcionarios electos a que hagan todo lo que esté a su disposición de forma que los beneficiarios del DACA y sus familias y comunidades puedan vivir libres de temor y continuar construyendo sus vidas aquí”, dijo Schulte.

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Galvan reportó desde Phoenix. Los periodistas de The Associated Press Alan Fram y Lou Kesten en Washington, D.C. y Juan Lozano en Houston contribuyeron a este despacho.