Ambientalistas interponen queja judicial contra España
MADRID (AP) — Ambientalistas interpusieron el jueves una queja ante la corte contra el gobierno español por lo que consideran medidas insuficientes para reducir las emisiones de carbono y otros agentes que contribuyen al cambio climático.
El recurso ante el Tribunal Supremo de España es un paso preliminar para presentar una demanda, que tres organizaciones sin fines de lucro y dos grupos de la sociedad civil esperan que ejerza presión a las autoridades españolas y atraiga la atención de nuevo hacia la emergencia ambiental que enfrenta el planeta.
Lorena Ruiz-Huerta, una abogada de Greenpeace, dijo que el plan nacional español de reducir 23% sus emisiones de gas invernadero de su nivel de 1990 para finales de la presente década se queda corto de la meta de la Unión Europea de una reducción de 55%, el decrecimiento que los científicos consideran necesario para evitar que la temperatura global aumente 1,5 grados Celsius para 2030.
“El gobierno no está escuchando a la ciencia ni está escuchando la voz de la gente que ha pedido una mayor ambición”, afirmó Ruiz-Huerta afuera del máximo tribunal en Madrid.
Alfonso González, uno de los cinco activistas de Fridays for Future que firmó la querella, indicó que el movimiento ambiental joven usará el caso legal como una manera de ser más activo públicamente después de meses de restricciones relacionadas con la pandemia de coronavirus.
“Para nosotros esto también es la forma de volver a la acción en las calles”, declaró González.
La demanda fue presentada después de acciones legales de finales del año pasado contra el retraso del gobierno español en la presentación de un proyecto para la reducción de emisiones. España presentó su plan ante la UE en abril, más de un año después de la fecha límite original.
Ambientalistas han presentado demandas en diferentes partes del mundo para presionar a los gobiernos a tomar medidas más urgentes para frenar el calentamiento global.
Este año, la Corte Europea de Derechos Humanos obligó a 33 gobiernos a demostrar que están reduciendo sus emisiones de gas invernadero en apego al Acuerdo de París de 2015. Seis activistas jóvenes portugueses presentaron el caso ante la corte con sede en Estrasburgo, Francia.
