Guatemala: la apuesta anticorrupción de EEUU no será fácil
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — En la visita de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris a Guatemala se selló un acuerdo que intentará romper una de las raíces de la migración: la creación de una fuerza anticorrupción. Pero su tarea no será fácil en un país con instituciones corruptas, poca voluntad política y un sistema de justicia cooptado por el poder.
Harris acordó con el gobierno guatemalteco apoyar la lucha contra la corrupción y sostuvo que la participación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y su fiscal, Juan Francisco Sandoval -bajo constante acoso por sus investigaciones-, serán imprescindibles.
La FECI ha logrado llevar ante la justicia a varios expresidentes, empresarios, jueces, políticos y narcotraficantes por diversos delitos vinculados con la corrupción.
Pero uno de los que más saben que la lucha no será fácil es Iván Velásquez, el extitular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano de Naciones Unidas que durante 12 años y hasta 2019 acompañó a la FECI en la desarticulación de por lo menos 60 estructuras del crimen organizado y la corrupción.
Velásquez dijo a The Associated Press que el éxito de la nueva fuerza impulsada por Harris dependerá de la independencia que tenga la fiscalía para actuar y amplió la perspectiva a Honduras y El Salvador, donde también podría actuar esa fuerza.
“Me parece muy importante la vinculación de las Secretarías de Estado, Justicia y el Tesoro estadounidense, allí sí hay una buena decisión, es lo que permitirá una lucha más amplia contra el lavado que surge a partir de todos los delitos relacionados a la corrupción y el narco”, dijo Velásquez.
“La preocupación no es tanto por la capacidad técnica que pudiera tener la fiscalía sino la falta de independencia para actuar”, explicó.
En el caso de Guatemala, Velásquez dijo que un problema puede ser la actual Fiscal General Consuelo Porras, quien ha bloqueado el trabajo de la FECI. Como ejemplo recordó que Porras se negó a autorizar el retiro de inmunidad de un magistrado acusado de corrupción y que lo hizo un día después de éste tuviera inmunidad constitucional.
“¿Qué seguridad hay que frente a investigaciones importantes que tenga la FECI, la fiscal general dé vía libre?”, se preguntó Velásquez.
En su visita Harris no se reunió con Porras pero mantuvo un encuentro con sus asesores en materia de seguridad y cooperación.
Esto se suma a la poca voluntad del poder político, dijo el diputado opositor de Movimiento Semilla, Samuel Pérez.
“El problema que tenemos es que hay una ceguera de políticos asociados con la corrupción, especialmente los aliados al presidente Alejandro Giammattei" que dominan el Congreso, sostuvo Pérez.
En conferencia de prensa con Harris, Giammattei aseguró que no ha cometido actos de corrupción durante su gestión.
El diputado sostuvo que está claro que la administración demócrata tiene un problema que resolver, la migración, y que ha entendido que la corrupción y el poder económico concentrado en pocas manos en Guatemala le quita oportunidades a la población y la obliga a dejar el país.
“En Guatemala tenemos una absoluta destrucción institucional y de contrapesos políticos, están totalmente cooptadas las instituciones y muchas veces se interpreta que la solución es jurídica, que van a capturar a corruptos, pero en realidad eso es corregir las consecuencias de un sistema político que incentiva la corrupción”, dijo Pérez.
El legislador aseveró que en Guatemala “hay una gran bancada de impunidad: el oficialismo y sus aliados” y que para muestra basta observar las designaciones a cargos importantes. “El hecho de que el presidente nombre magistrados cuestionados (a la máxima corte del país) es un ejemplo".
Pérez apuntó que también habrá que lidiar con quienes "financian partidos políticos y que tienen un mercado capturado con un montón de monopolios y oligopolios que limitan la competencia y que impiden que la matriz de producto se diversifique... Es el mismo modelo agroexportador mal pagado que irrespeta derechos laborales, que genera desigualdad y migración”.
El activista Álvaro Montenegro, de la organización Justicia Ya que participó de las reuniones con Harris, dijo que la vicepresidenta estadounidense les explicó que en el sector empresarial estadounidense hay preocupación por el Estado de derecho en Guatemala.
“Ella nos dijo que la independencia judicial era un reflejo de la democracia y que eso es una prioridad alta para Estados Unidos. Se acordó que como organizaciones de la sociedad civil acompañaríamos una retroalimentación de la fuerza de tarea anticorrupción”.
Montenegro aseguró que si bien esta nueva fuerza muestra el compromiso en la lucha contra la corrupción, “se requieren acciones fuertes como sanciones a gente clave que comete corrupción, apoyo fuerte hacia la FECI, sobre todo tomando en cuenta las dificultades de un Ministerio Público cooptado por redes de impunidad que van a intentar boicotear un plan, como han intentado boicotear a la FECI”.
