AP EXPLICA: ¿Por qué hay dudas de la justicia en Guatemala?
CIUDAD GUATEMALA (AP) — La justicia guatemalteca sigue en tela de duda según sectores de la sociedad que ven con recelo cómo la integración de sus altas cortes y la designación de sus jueces están plagados de intereses políticos, lo que provoca temor de revertir los avances en la lucha contra la impunidad y corrupción.
Estos son algunos puntos que explican por qué se dice que la justicia guatemalteca está cooptada por los que procuran impunidad.
LA ELECCIÓN DE CORTES
Durante casi dos años, el Congreso de la República ha retrasado la elección de 135 magistrados titulares y 90 suplentes a Salas de Apelaciones, así como 13 titulares y 13 suplentes para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debido a diversos recursos legales que se han presentado contra una lista de nominados electa por una comisión postuladora.
La comisión postuladora —integrada por abogados colegiados, decanos de derecho de diversas universidades y magistrados de la CSI— se encargó de elegir a los candidatos y presentarlos al Congreso que en pleno elige.
En febrero de 2020, la fiscalía documentó —y quedó grabado en video— cómo el empresario Gustavo Alejos, preso por corrupción, se reunía con integrantes de la comisión postuladora, abogados, magistrados y diputados para decidir quiénes serían los elegidos para que el Congreso escogiera, presuntamente para proveer impunidad a empresarios, políticos, funcionarios y jueces.
En 2021 Alejos fue nombrado por el Departamento de Estado estadounidense cómo corrupto y se le retiró la visa a él y a su núcleo familiar para entrar a ese país.
En mayo de 2020, la Corte de Constitucionalidad —a solicitud de la Fiscalía General— ordenó al Congreso elegir de los listados presentados por la comisión a las personas más probas. Sin embargo, el Congreso se ha negado a cumplir con la sentencia constitucional. Durante más de un año ha agendado la elección de jueces pero nunca llega a elegirlos.
LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EL GRAN PREMIO
La Corte de Constitucionalidad (CC) es la máxima autoridad en justicia y decide la suerte legal y constitucional de casi todos los temas políticos, judiciales, electorales y penales del país.
En 2021, la CC debía renovarse. Los cinco magistrados titulares y cinco suplentes que la integran son electos dos por el Colegio de Abogados, dos por la Universidad de San Carlos (USAC), dos por el Congreso y dos designados por el Presidente y un par más por la CSJ.
La reelección de Dina Ochoa, por parte del Congreso, fue una de las más criticadas. Antes llegó a la CC impulsada por el expresidente Jimmy Morales (2016-2020). Fue criticada por sus decisiones, como la de proteger a un juez prófugo acusado de corrupción o apoyar la expulsión del país de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo respaldado por la ONU que fue considerado un ejemplo del combate a diversos crímenes relacionados con el poder.
Ochoa también apoyó la política migratoria de Donald Trump cuando se instaló el Acuerdo de Cooperación para Asilos, conocido como “Tercer País Seguro”, para deportar a Guatemala a migrantes de otros países. El plan fue impugnado en la CC y ella se ofreció mediar para que el acuerdo fuera avalado.
El Departamento de Estado sancionó en abril pasado al diputado Felipe Alejos, señalándolo de interferir en el proceso de elección de cortes. Entonces dijo que Alejos presuntamente pagó sobornos a diputados con el objeto de asegurar el apoyo en el Congreso para elección de magistrados titulares y suplentes de la CC, quienes apoyarían en el futuro un fallo de esa corte que favorecería su inmunidad.
El magistrado suplente de Ochoa es Luis Rosales Marroquín, diputado y miembro de la alianza oficialista que domina el Congreso. Fue abogado defensor del exdictador Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio, y actualmente es abogado de Zury Ríos Sosa, hija del exdictador, quien ha sido vetada para participar como candidata presidencial porque, por parentesco, así lo establece la Constitución.
La designación a la CSJ de Roberto Molina Barrero, exmagistrado y excandidato vicepresidencial de Ríos Sosa a la CC también causó suspicacia, pues es uno de los magistrados que revirtió la condena a 80 años de prisión por genocidio al exdictador, que murió sin ser condenado.
Molina Barreto criticó decisiones de la CC mientras no estaba en la Corte y sugirió al entonces presidente Jimmy Morales no acatar sus fallos.
Otra de las designaciones polémicas fue la de Nester Vásquez, actual magistrado de la CSJ, electo magistrado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, a quién la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) señala de haber traficado influencias junto al empresario Alejos para manipular la elección de cortes.
En abril el Congreso se negó a juramentar a la magistrada electa por la USAC, Gloria Porras, argumentando que habían recursos legales pendientes. Porras tiene más de 70 denuncias en su contra por los fallos que ha realizado en favor de la lucha anticorrupción y las demandas de pueblos indígenas sobre el derecho a decidir megaproyectos en sus territorios.
EL PANORAMA GRIS
El lunes el Congreso, liderado por el oficialismo y aliados, aprobó un acuerdo de urgencia nacional para juramentar al magistrado Vásquez, a pesar de que está en la misma situación de la magistrada electa Porras, con varios recursos legales pendientes contra su elección.
Varios sectores dieron la voz de alarma cuando la CC fue recién integrada por el temor a que afectaran procesos anticorrupción ya iniciados, como el caso contra el expresidente preso Otto Pérez Molina, las condenas a militares condenados por delitos de lesa humanidad o la participación electoral de Ríos Sosa.
En sus primera resoluciones Molina Barreto, Ochoa y Leila Lemus, la magistrada designada por el presidente Alejandro Giammattei y cercana a la fiscal general Consuelo Porras, revirtió una acusación contra Pérez Molina, avalaron una ley que pretende controlar a las ONG y tiene en sus manos una inconstitucionalidad contra el acuerdo de creación de FECI, la fiscalía que investiga corrupción e impunidad y que más resultados positivos ha dado al Ministerio Público.
