Jefe del Frente Polisario sacude la alianza España-Marruecos

LOGROÑO, España (AP) — El paciente misterioso enfermo de COVID-19 llegó en un jet con equipamiento médico a un aeropuerto del norte de España. Una ambulancia trasladó al hombre de 71 años por una carretera flanqueada de viñedos hasta un moderno hospital público en la ciudad de Logroño.

El paciente fue ingresado inmediatamente a una unidad de cuidados intensivos. El expediente médico indica que fue el 18 de abril y lo identificó con el nombre que aparece en su pasaporte diplomático argelino: Mohamed Benbatouche.

Sin embargo, en realidad se trataba de Brahim Ghali, jefe del Frente Polisario, un movimiento independentista respaldado por Argelia que representa al pueblo saharaui del Sahara Occidental. La presencia de Ghali en España bajo una identidad falsa no pasó desapercibida para el gobierno de Marruecos, el país que se anexó el Sahara Occidental hace casi medio siglo.

El gobierno marroquí, que considera a Ghali un terrorista, protestó por la decisión de España de otorgarle asistencia humanitaria a su archienemigo, y advirtió que habría “consecuencias”. Éstas parecen haberse producido hace unos días, cuando Marruecos relajó sus controles en la frontera con Ceuta, el enclave español en la costa norafricana.

Ello permitió que miles de inmigrantes irrumpieran en Ceuta, muchos de ellos niños que nadaron o treparon cercas para conseguir su objetivo.

La crisis humanitaria ha tensado las relaciones entre los dos países. Marruecos convocó a su embajador en Madrid. Grupos defensores de los derechos humanos critican a España por repeler a la mayoría de los migrantes, lo cual es ilegal bajo el derecho internacional.

Y en lo que pareció ser una ratificación de sus reclamos de soberanía sobre Ceuta —que muchos nacionalistas marroquíes consideran, junto con la cercana Melilla, una colonia española—, Madrid despachó soldados a la frontera. El presidente de gobierno Pedro Sánchez también visitó brevemente la ciudad, abrumada por la crisis migratoria.

La región del Sahara Occidental abarca parte de la costa atlántica de África y está habitada por unas 600.000 personas. Desde que Marruecos se anexó el territorio en 1975 tras la retirada de la autoridad española, la comunidad internacional ha estado dividida en cuanto a su reconocimiento legal. La mayoría de los países apoya añejas gestiones de las Naciones Unidas para que se alcance una solución negociada.

El anuncio hecho por Estados Unidos el año pasado en apoyo a los reclamos de Marruecos —a cambio de la decisión marroquí de normalizar sus relaciones diplomáticas con Israel— socavó esos esfuerzos y provocó mayor apoyo internacional a la propuesta de Marruecos de darle más autonomía al territorio.

La campaña por un referéndum sobre la autonomía ha sido una de las prioridades de Ghali, quien fue elegido presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática en 2016. Anteriormente fue ministro de Defensa de esa república y diplomático del Frente Polisario en España (1999-2008) y en Argelia (2008-2015).

Durante un desfile militar en febrero para conmemorar el 45to aniversario del establecimiento de la república saharaui, y vestido con uniforme de combate, Ghali pronunció un discurso en el que exhortó al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden a encontrar una solución que permita al pueblo saharaui “disfrutar su derecho inalienable de libertad e independencia”.

En el Hospital San Pedro en Logroño no hay indicio alguno de la presencia del líder del Frente Polisario. Fuentes familiarizadas con su situación dicen que estuvo tres semanas en cuidados intensivos. Un guardia revisa la identidad del personal médico y de los visitantes a la unidad de pacientes de COVID-19. Dentro, Ghali es visitado a diario por su médico personal, según un reporte policial visto por The Associated Press.

“Seguro que han elegido este sitio porque estamos a desmano. Aquí nunca pasa nada, no nos sacan nunca en las noticias”, declaró Milagros Capellán, una residente de la zona de 64 años. Habló mientras salía del hospital tras un examen médico.

“Qué raro se me hace que lo de este señor aquí tenga que ver con todo eso tan desagradable que ha pasado en Ceuta”, añadió.

Funcionarios de inteligencia marroquíes sabían el paradero de Ghali desde el momento en que el jet argelino con él aterrizó el mes pasado en España. Filtraron su presencia a la prensa y expusieron una operación que Madrid diseñó para que fuera secreta y “humanitaria”.

“¿Que esperaba España de Marruecos si recibe a un funcionario de un grupo en armas contra el reino?," dijo el martes el ministro de derechos humanos de Marruecos, Mostafá Ramid, en Facebook.

La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, respondió al día siguiente y responsabilizó a Marruecos del caos en la frontera: “Lo que se nos ha abierto un poco a todos las carnes es ver a niños, ver a menores, ver incluso a bebés siendo enviados a España en esa especie de respuesta unilateral de nuestro vecino, creando una crisis migratoria, una situación en la que ellos rechazan un gesto humanitario por parte de nuestro país”, agregó.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España declinó responder a preguntas de la AP de porqué accedió a atender a Ghali cuando otros gobiernos europeos habían rechazado hacerlo. Un funcionario enterado de la decisión y que solicitó el anonimato debido a la naturaleza delicada del tema señaló que la solicitud fue presentada directamente a González Laya por su colega argelino Sabri Boukadoum.

Antes de que la petición fuera concedida generó profundas divisiones dentro del gabinete de Sánchez, según el funcionario.

El representante del Frente Polisario en España, Abdalá Arabi, rechazó que las circunstancias de la llegada de Ghali a España hayan sido excepcionales.

“Él es jefe de Estado y viene de un país que reconoce a la República Saharaui”, dijo Arabi. Acusó a Rabat de “intentar desprestigiar a la noble, pacífica, lucha de resistencia del pueblo saharaui, pero sobre todo a sus símbolos”.

Incluso si la recuperación de Ghali marcha bien, su futuro ha quedado inmerso en la incertidumbre. Ahora que se conoce su paradero, parece estar descartado que regrese discretamente a Tinduf, Argelia, donde hay campamentos de refugiados saharauis.

Para complicar aún más las cosas, la Audiencia Nacional de España reabrió el martes una causa de 2008 por genocidio contra Ghali y 27 miembros del Polisario. Un juez investigador cerró el caso el año pasado porque la audiencia no pudo localizar a los acusados.

Ghali también tiene previsto rendir testimonio el 1 de junio ante el mismo tribunal en Madrid debido a una demanda presentada en 2019 por un activista saharaui que dice haber sido torturado en los campos de refugiados debido a su oposición al Frente Polisario.

El 10 de mayo, un agente de la policía visitó al líder del Polisario para entregarle un citatorio judicial relacionado con la demanda. Según el informe policial al que The Associated Press tuvo acceso, Ghali se rehusó a firmar el aviso y pidió varios días para consultar con la embajada argelina y otros asesores.

González Laya dijo que el acuerdo de España con Ghali abarcaba sólo la atención médica, y dejó entrever que el gobierno no facilitará su partida inmediata. “Si el señor Ghali tiene cuestiones pendientes con la justicia española, entendemos que el señor Ghali debería comparecer ante la justicia española”, afirmó la ministra en declaraciones a la radio pública de España.

Detrás de los casos jurídicos contra Ghali se encuentran grupos saharauis alineados con la posición de Marruecos. La Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos acusó a 28 miembros del Frente Polisario de asesinar, torturar, detener ilegalmente y secuestrar prisioneros y a su propio pueblo saharaui, del que algunas personas, según el grupo, supuestamente fueron obligadas a permanecer en campos de refugiados en contra de su voluntad.

Pedro Altamirano también está demandando a Ghali por supuestamente inspirar amenazas que el periodista español y jefe de una plataforma fundada recientemente para apoyar la “reunificación saharaui” recibió de usuarios en internet.

“Lo único que no puede pasar es que por mano del diablo este señor salga del país sin pasar por un juez”, afirmó Altamirano, que apoya el reclamo de Marruecos sobre el Sahara Occidental.

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Los periodistas de The Associated Press Elaine Ganley y Angela Charlton en París, y Joseph Wilson en Barcelona contribuyeron a este reportaje.