Juez mexicano ordena detener a gobernador opositor
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un juez federal ordenó el miércoles la detención del gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada y lavado de dinero, en la continuación de un proceso que el mandatario estatal ha dicho forma parte de un plan del gobierno de México para atacarlo sólo por ser opositor.
Un funcionario del gobierno federal con conocimiento del caso, y quien pidió no ser identificado por ser un proceso penal abierto, le dijo a The Associated Press que el juez había emitido la orden de aprehensión.
La acusación contra García Cabeza de Vaca, que debería concluir su gobierno de seis años en 2022, está relacionada con un supuesto enriquecimiento ilícito equivalente a más de 46 millones de dólares, algo que el gobernador niega.
La orden de arresto, solicitada por la Fiscalía General al juez, fue emitida en un momento en que el Congreso federal y el de Tamaulipas están enfrascados en una controversia jurídica en torno a la inmunidad política del gobernador y, por consiguiente, de si puede o no ser detenido, discrepancia que ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia pero todavía no ha sido aclarada en su totalidad.
La Cámara de Diputados aprobó hace unos días retirar el fuero a García Cabeza de Vaca, una de las principales figuras de la oposición en el país y militante del Partido Acción Nacional. Horas después, sin embargo, el Congreso de Tamaulipas rechazó la decisión, lo cual ha provocado confusión sobre la inmunidad del gobernador. Aparentemente, Cabeza de Vaca estaría protegido por su fuero siempre y cuando no salga del estado.
Poco después de que el juez emitiera la orden, el Instituto Nacional de Migración informó en un comunicado que a petición de la Fiscalía General emitió una alerta migratoria sobre García Cabeza de Vaca, con el propósito de que las autoridades lo ubiquen en caso de que intente salir del territorio nacional.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó congelar las cuentas de 12 personas físicas y 25 empresas de la red del gobernador por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, anunció Santiago Nieto, titular de este departamento.
“Continuaremos las investigaciones para determinar si de la red de Francisco G o del gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita campañas electorales”, escribió Nieto en su cuenta oficial de Twitter. “Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables”.
El gobernador emitió el miércoles por la noche un comunicado en el que denunció que se estaba violando su presunción de inocencia y el debido proceso, así como una decisión del “congreso soberano” de Tamaulipas y una determinación judicial del máximo tribunal del país. Sin embaro, la Suprema Corte se limitó a desvincularse del caso en una actitud que algunos, incluido el presidente, Andrés Manuel López Obrador, consideraron ambigua.
García Cabeza de Vaca acusó al gobierno de amedrentar a los opositores y dijo que se defenderá de esas “falsas imputaciones" hasta el final. “El pueblo libre y soberano de Tamaulipas me trajo hasta aquí. Defenderé hasta el límite de mis fuerzas su veredicto, este país no es la nación de un solo hombre”.
No está claro cuál fue el razonamiento jurídico del juez para ordenar la detención del mandatario de Tamaulipas, estado fronterizo con Texas y que desde hace varios años se ha visto marcado por la presencia de cárteles de las drogas que han desatado diversos episodios de violencia.
El PAN de Tamaulipas también emitió un comunicado en el que denunció que la orden de captura podría suponer “el rompimiento del orden constitucional por cuestiones políticas”, temió que la fiscalía general pudiera estar incurriendo en un delito y aseguró que los tres poderes del estado “se encuentran en pleno funcionamiento y así se mantendrán”.
Algunos exgobernadores de Tamaulipas, todos del ahora opositor Partido Revolucionario Institucional, han enfrentado cargos por corrupción y crimen organizado.
El exgobernador Tomás Yarrington fue extraditado a Estados Unidos desde Italia en 2018, bajo acusaciones de tráfico de drogas.
