Nicaragua: fracasa formación de gran alianza opositora
MANAGUA (AP) — Las esperanzas de una gran alianza electoral opositora en Nicaragua de cara a los comicios del 7 de noviembre parecieron naufragar el miércoles, cuando los dos grandes bloques adversos al gobierno sandinista de Daniel Ortega no alcanzaron un acuerdo de unidad.
Tras varios días de intensas negociaciones, uno de los bloques, el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), inscribió finalmente ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) su alianza electoral con el PAMUC, un partido minoritario de la Costa Caribe.
“Ahora estamos frente a una elección a tres bandas: el Frente Sandinista (en el poder) y dos grandes opciones opositoras”, dijo a The Associated Press el analista político Eliseo Núñez al considerar que el fracaso de la negociación “coloca a Ortega con mejor oportunidad para ganar” la contienda y reelegirse por tercera vez. Añadió que durante el proceso electoral uno de los dos bloques podría colapsar y endosarse al otro, lo que podría aumentar el caudal de votos para la oposición, aunque aclaró que el panorama aún es incierto.
En busca de su tercera reelección consecutiva, Ortega ha recurrido a todos los medios a su alcance para que su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se mantenga en el poder.
La semana pasada, el Parlamento dominado por los sandinistas eligió a los nuevos magistrados del CSE, también afines al FSLN, que inmediatamente fijaron el calendario electoral haciendo que el miércoles 12 fuera la fecha límite para registrar alianzas. Esto sumió en el caos a la ya dividida oposición. Los dos grandes bloques opositores (Coalición Nacional y Alianza Ciudadana, a la que se integró CxL) se acusaron de intransigencia en medio de rumores y tensiones.
Mientras, los sandinistas inscribieron el mismo día ante el CSE su alianza “Unida Nicaragua Triunfa”, conformada por el FSLN y otras 10 agrupaciones políticas, con la cual Ortega llegó al poder en 2007 y compitió en los siguientes comicios.
“Se ha perdido tiempo en fijar lugares y pocas reuniones directas”, escribió en Twitter Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial de la Alianza Ciudadana.
El presidente Ortega lleva casi 15 años en el poder, tras ganar las elecciones en 2007 y reelegirse en 2011 y 2016. El excomandante gobernó por primera vez en la década de 1980, después de que los sandinistas derrocaron al dictador Anastasio Somoza en 1979. Ahora, con 75 años a cuestas, busca un quinto mandato pese a que enfrenta una grave crisis política desde las protestas que estallaron en abril de 2018 y que las fuerzas del gobierno sofocaron violentamente en las calles.
Desde entonces la oposición ha denunciado represión política, violaciones de derechos humanos, mientras la economía sigue en contracción. Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, calificaron las protestas como un “fallido golpe de Estado” apoyado desde el exterior.
Con los líderes de las protestas obligados a exiliarse o esconderse, Ortega y Murillo han reforzado su poder. Ignoraron las recomendaciones internacionales de reformas electorales y los reclamos de la oposición, mientras profundizaron cambios para seguir inclinando la balanza a su favor.
En octubre de 2020, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución exigiendo reformas electorales. El miércoles, durante un debate del Consejo Permanente sobre la situación en Nicaragua, el secretario general Luis Almagro dijo que “nada de esto ha sucedido”. Almagro afirmó que las reformas electorales aprobadas por los sandinistas no cumplen con los estándares democráticos necesarios para garantizar elecciones libres y justas, y que Ortega “quiere consolidar el control total del proceso electoral”. Nicaragua “se encamina a tener la peor elección posible”, advirtió.
Las reformas electorales aprobadas por el Parlamento nicaragüense “claramente dan al partido oficial una ventaja absoluta en el control de la administración electoral y la justicia, eliminando las garantías necesarias y la mínima credibilidad institucional para el desarrollo de un proceso electoral libre y justo”, dijo la OEA la semana pasada en un comunicado.
La reforma también faculta a la policía a decidir qué reuniones políticas están permitidas, redujo la financiación gubernamental de las campañas y prohíbe inscribir candidaturas a quienes reciban financiamiento externo, según la polémica Ley de Agentes Extranjeros aprobada a fines de 2020.
Desde 2017 la policía no permite las protestas públicas opositoras y sus activistas son acosados al tener con frecuencia patrullas policiales estacionadas frente a sus casas.
Luis Alvarado, representante de Nicaragua ante el organismo regional, pidió a la OEA y a Estados Unidos que “se ocupen de sus propios asuntos. Los nicaragüenses resolverán los asuntos de Nicaragua”.
