Transporte público de pasajeros paraliza actividad en Quito
QUITO (AP) — Miles de habitantes de Quito debieron caminar o transportarse en vehículos de carga el lunes debido a la paralización de actividades de la Cámara de Transporte Público Masivo de Pasajeros que asegura que el precio del pasaje no cubre los gastos mínimos para la operación de sus unidades.
A primera hora de la mañana se observaron largas filas de pasajeros en la capital, esperando algunas de las pocas unidades que circulaban mientras cientos caminaban o aprovechaban vehículos particulares para movilizarse.
La falta de transporte afecta a los circuitos urbano, rural y combinado que dan servicio a la capital, donde choferes de las cooperativas de transporte que pararon agredieron a pedradas a sus colegas que estaban laborando para obligarlos a suspender actividades.
José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte, dijo en rueda de prensa que “frente a las necesidades económicas de los compañeros propietarios y socios, por voluntad propia han manifestado que por falta de recursos... dejarán de prestar servicio. Esto no es un paro, es una suspensión de actividades por la falta de recursos económicos”.
Hacia el mediodía una delegación de dirigentes de los transportistas fueron recibidos por el vicealcalde de Quito, Sanriago Guarderas, a fin de buscar salida a la situación, que mantiene a miles de ciudadanos en las calles buscando la manera de llegar a sus destinos.
Desde hace 18 años el costo del pasaje se mantiene en 25 centavos de dólar para los recorridos urbanos, entre otras razones porque el municipio capitalino ha entregado subsidios para mantener ese valor y el gobierno les ha dado trato preferencial a los transportistas eliminando aranceles para comprar vehículos, partes y piezas.
Pero desde el inicio de la pandemia hace más de un año el flujo de usuarios del transporte público de pasajeros se ha reducido en un 60%, entre otras razones, por el trabajo virtual de miles de ciudadanos.
A ellos se suma que en septiembre el gobierno anunció la libre flotación del precio de los combustibles, antes subsidiados por el Estado, elevando el diésel -usado por el transporte público y de carga- en un 44%.
Los autobuses del transporte municipal circulaban con normalidad pero iban abarrotados a pesar de las normas de la pandemia que exigen un mínimo distanciamiento social.
