Colombia: exjefes de FARC aceptan acusación por secuestro

BUCARAMANGA, Colombia (AP) — La cúpula de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reconoció ante el tribunal de justicia transicional su culpabilidad por el secuestro de más de 21.300 colombianos durante cinco décadas de conflicto interno en el país latinoamericano.

“No solamente estamos haciendo el reconocimiento de una política por parte de las FARC sobre el secuestro... además estamos reconociendo que efectivamente en desarrollo de esa política se presentaron hechos de maltratos y violencia sexual, precisando que en el propio auto se señala que en los casos de violencia sexual no fueron sistemáticos ni correspondían a un patrón”, indicó el viernes el excomandante de las FARC Julián Gallo ante la prensa.

Es la primera vez que la antigua guerrilla —hoy convertida en un partido político con representación en el Congreso— acepta su responsabilidad en el plano judicial después de firmar el proceso de paz con el gobierno colombiano en 2016.

El documento en el que reconocen la responsabilidad individual está firmado por Rodrigo Londoño Echeverri, actual presidente del partido de los Comunes conformado por los exrebeldes; los congresistas Julián Gallo Cubillos y Pablo Catatumbo, y otros exjefes como Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda Escobar.

“Las FARC fue una de las guerrillas más brutales de la historia reciente en América Latina. El reconocimiento de sus excomandantes de su papel en los secuestros masivos lo deja en claro. Como ha documentado Human Rights Watch, las FARC cometieron atrocidades en muchas ocasiones sistemáticas contra civiles... Miles de víctimas han esperado este día en los tribunales y merecen conocer la verdad completa y obtener justicia significativa por los crímenes de la guerrilla”, dijo más tarde a la AP José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada para juzgar los hechos del conflicto interno, imputó a los exjefes de las FARC el 28 de enero de este año por el crimen de guerra de toma de rehenes y crímenes de lesa humanidad relacionados con el secuestro como desaparición forzada, torturas, tratos crueles y violencia sexual.

“Hoy esta respuesta al auto tiene ese contenido de reconocer los errores que cometimos en el conflicto, nuestras fallas frente al Derecho Internacional Humanitario y solicitar, presentar desde nuestra propia humanidad y de la de quienes les causamos dolor, la posibilidad de que algún día puedan perdonarnos”, dijo el viernes el excomandante de las FARC Pastor Alape.

La JEP concluyó que los otrora miembros del Secretariado de las FARC tienen responsabilidad de mando, es decir, que aunque no fueron los ejecutores directos dieron la orden y no controlaron los malos tratos que padecieron las víctimas.

“Es un avance histórico que se dé un reconocimiento de la comandancia frente a haber cometido este crimen atroz e implica un avance en la implementación del acuerdo de paz, ojalá esto anime a otros actores responsables de crímenes atroces a reconocer con humildad. Hay un trauma en la sociedad que hay que reconocer y reparar, y este es el primer paso”, dijo a The Associated Press María Victoria Llorente, directora Ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz.

Para poder acceder a las penas restaurativas, los exrebeldes deben cumplir con las condiciones impuestas por las JEP que incluyen compromisos como no rearmarse y aportar “verdad plena, exhaustiva y detallada”. Si la JEP en el proceso judicial determina que los exrebeldes no reconocieron la verdad o esta fue tardía, podrían pagar hasta 20 años de cárcel.

“Si hay reconocimiento, una vez realizada la Audiencia de Reconocimiento, la Sala adoptará una resolución de conclusiones que remite al Tribunal de Paz para que éste imponga una sanción propia si es el caso. Esta sanción debe ser consultada con las víctimas, debe tener un propósito reparador, y puede incluir restricciones efectivas de la libertad y otros derechos”, aclaró la JEP en un comunicado del 28 de enero.

Los excomandantes de las FARC aseguraron que en el documento que entregaron a la JEP dan respuesta a solicitudes expresas de las víctimas, sin dar detalles de éstas. También darán por primera vez una ruta y un plan de búsqueda de las personas desaparecidas en el marco del conflicto.

En Colombia un sector de la población liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien es el padrino político del actual presidente Iván Duque, tiene reparos frente al pronunciamiento de la cúpula de las FARC y considera que la JEP dará impunidad a los excombatientes que cometieron crímenes de lesa humanidad.

“Lo primero que deben hacer es dar un paso al costado en las curules en el Congreso, renunciar. Una persona que está imputada, así sea por la justicia transicional, no puede estar en el Congreso, tiene que cumplir con su pena”, dijo a la AP Ricardo Ferro, congresista del partido de gobierno Centro Democrático.

Ante la petición de renunciar a su participación política, los excomandantes de las FARC no dieron una respuesta inmediata, aseguraron que será una decisión del partido y que están dispuestos a asumir las decisiones que tome la JEP en ese sentido.

El secuestro es uno de los crímenes más repudiados socialmente en el país. En 2008, millones de colombianos salieron a marchar contra las FARC especialmente por ese delito.

La decisión judicial de la JEP relata algunos de los tratos crueles a los que fueron sometidos los rehenes que utilizaba la guerrilla para financiar la organización armada con el cobro de altas sumas de dinero a los familiares por el rescate, forzar el intercambio de guerrilleros presos y ejercer control sobre la población.

“Había cadenas livianas para aquellos que querían premiar y había cadenas muy pesadas para las mujeres y en particular para mí. Yo todavía guardo las marcas de las cadenas del cuello. Había un guerrillero muy particular que se había ensañado contra mí y que me apretaba tanto la cadena que yo no podía pasar saliva”, relató la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, quien estuvo en cautiverio seis años, según reposa en el expediente en manos de la JEP.