Colombia: Gobierno presenta reforma tributaria por COVID-19
BUCARAMANGA, Colombia (AP) — El gobierno colombiano pretende recaudar 23 billones de pesos (aproximadamente 6.300 millones de dólares) entre el 2022 y el 2031 a través de una nueva reforma tributaria para enfrentar la crisis económica desatada por la pandemia del COVID-19, informaron las autoridades el jueves.
La mayor parte del dinero se obtendría incrementando los impuestos a la clase media y alta del país. El gobierno ha denominado a esta iniciativa Ley de Solidaridad Sostenible, porque “reflejaría una enorme solidaridad entre los colombianos que podemos aportar y los que necesitan los recursos”, según explicó ante la prensa el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Colombia necesita esta reforma tributaria, señaló el ministro, por el déficit fiscal que atraviesa, el cual para el 2021 será del orden del 8,6% del producto interno bruto, un incremento con respecto al 7,8% que se estima se generó en 2020. El gobierno argumenta que necesita subir los impuestos para financiar los subsidios a las empresas y a la población más vulnerable que resultó especialmente afectada por la pandemia.
“Y ahora, con la transformación social sostenible, esperamos que también se beneficien de lo que será el incentivo para el empleo, donde subsidiaremos la seguridad social para la generación de nuevos puestos de trabajo en el país”, manifestó el presidente Iván Duque en una comunicación oficial.
Con este proyecto de ley presentado el jueves ante el Congreso se plantea dar un subsidio mensual de 80.000 pesos (cerca de 22 dólares) a una persona en pobreza extrema y de hasta 366.000 pesos (aproximadamente 100 dólares) cuando el hogar esté conformado por seis personas.
“Si el Congreso adoptara la reforma.. nuestro índice de pobreza bajaría casi seis puntos”, agregó Carrasquilla.
La reforma propone recaudar 3, 7 billones de pesos (cerca de 1.000 millones de dólares) gravando más bienes y servicios con el impuesto al valor agregado que pagan los consumidores. Es el caso de los servicios públicos de energía, alcantarillado y gas en los que los estratos más altos en la escala socioeconómica, del 4 al 6, pagarían un impuesto del 19%, mientras que los más bajos, del 1 al 3, quedarían exentos de la medida.
Para compensar, el gobierno propone devolver a los más vulnerables el pago anticipado del IVA.
“La compensación del IVA llegará a toda la población vulnerable con una transferencia de 50.000 pesos mensuales (14 dólares), con lo que se pasa de cubrir al 20% de la población a cerca del 40%”, explicó el Ministerio de Hacienda en un comunicado.
En el país hubo controversia por la propuesta inicial de imponer el IVA para alimentos de la canasta básica como el azúcar, la sal, el café y el chocolate, lo cual finalmente no sucedió por decisión de Duque ante una oleada de críticas.
“La reforma tributaria es necesaria, pero no como la está planteando el gobierno. No tocan el impuesto a la tierra, ni la concentración inmobiliaria ni el patrimonio. En cambio, es un agotamiento para la clase media. Y además el IVA nunca se podrá devolver en la misma proporción en que se cobra”, explicó a The Associated Press Jorge Iván González, doctor en economía de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y docente de la Universidad Externado de Colombia.
La reforma tributaria aumentaría gradualmente el impuesto sobre la renta para más personas naturales. Actualmente se cobra al 4% de los colombianos económicamente activos, que se estiman en 23 millones de personas, y con la reforma tributaria aumentaría a un 18%. De este tributo saldría el mayor monto: 17 billones de pesos (cerca de 4,6 millones de dólares).
“En el año 2024 entra en pleno (el impuesto)… podemos entender que estamos llevando una iniciativa en el año 2021 que termina de completar su recorrido de gradualismo y de adecuación a los patrones internacionales en el año 2025”, explicó Carrasquilla.
En el Congreso se debatirá la reforma tributaria con mayor celeridad que otras leyes debido a que el gobierno le asignará carácter de urgencia. En paralelo, las organizaciones sociales y sindicales ejercerán presión desde las calles contra esta propuesta de ley impopular entre la ciudadanía. Tienen programada una protesta el 28 de abril porque consideran que se le aumentan impuestos al ciudadano del común y no a las grandes empresas.