Honduras: Encarcelan a 2 exfuncionarios por cargos de fraude
TEGUCIGALPA (AP) — Un año después de que el gobierno hondureño pagó 47 millones de dólares por siete hospitales móviles para incrementar sus camas disponibles ante la pandemia de COVID-19, sólo dos están en uso y dos exfuncionarios gubernamentales involucrados en su adquisición fueron encarcelados el viernes por cargos de fraude.
La adquisición de los hospitales — contenedores de transporte equipados para uso médico que pueden ser interconectados y configurados para operar como hospitales de campo — se ha convertido en el mayor escándalo relacionado con la pandemia en Honduras.
Los expertos determinaron que el precio de adquisición estaba muy inflado, el costo total fue pagado por adelantado sin garantías de entrega —la cual fue demorada durante meses_, y el gobierno utilizó a un intermediario innecesario. Cuando finalmente fueron entregados, no cumplían con los requisitos para albergar en forma segura a pacientes de COVID-19 y la mayoría estaban en tan mal estado que eran inutilizables. Y todo ello en un país que pasa apuros para obtener vacunas.
Fue un acto evidente de derroche en el mejor de los casos, y en el peor otro ejemplo de la corrupción profundamente arraigada que toca casi todos los aspectos de la vida hondureña. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden considera prioritario atender las causas de fondo que provocan la migración de los tres países que forman el así llamado Triángulo Norte de Centroamérica.
El enviado especial de Biden a la región, Ricardo Zúniga, dijo el viernes que la corrupción es "algo que tenemos que atender y vamos a atender”.
Un juez hondureño ordenó que Marco Antonio Bográn y Alex Alberto Moraes, exdirector ejecutivo y exgerente administrativo respectivamente de Invest-H, la agencia gubernamental de desarrollo de proyectos, fuesen encarcelados el viernes. Las audiencias preliminares continuarán el sábado. Los hombres pidieron ser detenidos en una base militar porque dijeron haber recibido amenazas de muerte. Se dicen inocentes.
Fueron retirados de sus puestos el año pasado.
El Ministerio Público había convocado a ambos hombres para que declararan el jueves. Incluso antes de que concluyeran de dar su testimonio, el fiscal a cargo del caso pidió su detención a la espera de cargos que fueron presentados formalmente el viernes. Están acusados de fraude y de incumplir sus deberes oficiales. El juez determinó el mismo día que se corre el riesgo de que se den a la fuga.
Las autoridades también buscan al guatemalteco Axel Gamaliel López, que fungió de intermediario en la adquisición de los hospitales a Turquía. Los fiscales dicen que se embolsó más de 20 millones de dólares en el acuerdo. Se emitió una orden internacional de arresto en su contra.
Invest-H “compró siete hospitales móviles de manera directa y fraudulenta”, indicó el Ministerio Público en un comunicado. Los fiscales dijeron que los exfuncionarios pagaron "de manera anticipada el cien por ciento del precio, sin que el proveedor tuviera la capacidad técnica y financiera requerida, sin estipular el otorgamiento de las garantías correspondientes para salvaguardar los intereses económicos del Estado y sin previa autorización del Consejo Directivo de Invest-H”.
El Consejo Nacional Anticorrupción, un auditor no gubernamental, le ha proporcionado a los fiscales 14 reportes de irregularidades en la adquisición de los hospitales.
Gabriela Castellanos, directora de la organización, dijo que el valor real de los hospitales era cercano a los 15 millones de dólares.
“Esa inversión ha quedado en nada, porque no están funcionando”, señaló. Elogió los cargos contra los dos exfuncionarios, pero cree que la responsabilidad de lo ocurrido se extiende mucho más arriba.
“En este momento las personas señaladas tienen una responsabilidad enorme en la compra de esos hospitales, pero el Ministerio Público tiene la obligación constitucional de seguir investigando para llegar a otras autoridades del Poder Ejecutivo que nosotros creemos pueden estar involucrados”, manifestó.
