México: Pesquisa vincula a gobernador con casas de lujo

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La agencia que investiga el lavado de dinero en México denunció el viernes que el gobernador del estado norteño de Tamaulipas posee numerosas propiedades de lujo cuyo valor rebasa sus ingresos en los diversos cargos de gobierno que ha desempeñado durante poco más de 20 años.

La Unidad de Inteligencia Financiera indicó en un informe dirigido al Congreso que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ganó sueldos por un equivalente a 2 millones de dólares y otros ingresos por un millón de dólares desde 2000, pero adquirió propiedades cuyo valor sobrepasa por mucho esas cantidades. La UIF también mencionó las propiedades que el funcionario o sus parientes tienen en Texas.

La agencia también dijo que compañías fachada utilizadas por el cártel de Sinaloa canalizaron dinero a través de la misma empresa que ayudó a la compra de uno de los apartamentos de lujo de García Cabeza de Vaca. Sin embargo, la UIF no dijo que tenga alguna evidencia directa de vínculos entre el gobernador y el cártel.

En un video, el gobernador dijo que la UIF utilizó “datos y conjeturas notoriamente falsos” en la elaboración de su informe.

“Ninguna de las casas que mostró en su presentación es de mi propiedad”, apuntó.

García Cabeza de Vaca también aseguró: “No tengo vínculos con el crimen organizado”.

En febrero, la Fiscalía General de la República solicitó al Congreso el desafuero del gobernador, es decir la cancelación de su inmunidad para poder presentarlo ante la justicia. La UIF acusa a García Cabeza de Vaca de crimen organizado, lavado de dinero y evasión fiscal.

El gobernador rechaza haber incurrido en irregularidades y asegura que las acusaciones tienen motivos políticos.

“Todo esto se trata de una embestida política en tiempos electorales”, señaló el gobernador, perteneciente al Partido Acción Nacional, de oposición y corte conservador.

En el informe también se mencionan presuntas irregularidades en la entrega de contratos de gobierno durante el gobierno de Cabeza de Vaca, y posibles beneficios para él y miembros de su familia.

Los legisladores decidirán si procede el desafuero del gobernador.

Cuando surgieron las acusaciones en febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en su gobierno “no perseguimos a nadie”.

Sin embargo, García Cabeza de Vaca conjeturó que sus diferencias con el gobierno federal hicieron enfurecer al gobierno de López Obrador. El político es uno de los gobernadores del PAN que han adoptado políticas de oposición sobre la pandemia del coronavirus y otros temas.

Afirmó que su estado con litoral en el Golfo de México se destaca por sus parques eólicos, una fuente de electricidad que López Obrador se ha propuesto reducir en favor de los combustibles fósiles.

El gobernador dijo que con seguridad el gobierno está molesto porque exhibió a la Comisión Federal de Electricidad, una agencia preferida del mandatario, que, según él, presentó un documento falso en el que intentó explicar el apagón del 28 de diciembre que afectó a varios estados del país.

La CFE negó que la interrupción eléctrica de ese día hubiese sido resultado de incompetencia. En su lugar, dijo, un incendio de matorrales en Tamaulipas había causado una especie de corto circuito que resultó en una interrupción de dos horas en el suministro de energía, el cual afectó a una cuarta parte de los usuarios del país.

La empresa de servicios hizo público un informe supuestamente falso sobre un fuego bajo las torres de energía que dijo que causó el apagón. Pero las autoridades de Tamaulipas sostuvieron que ese reporte, emitido presuntamente por una oficina estatal de defensa civil, estaba falsificado. En un primer momento, la compañía lo negó, pero más tarde admitió que el documento era falso.

Garcia Cabeza De Vaca ha gobernado Tamaulipas, justo al otro lado de la frontera con Texas, desde 2016. Los grupos del crimen organizado tienen profundas raíces en la región desde hace años y numerosos políticos han sido acusados de tratos con ellos.

El exgobernador Tomás Yarrington, del Partido Revolucionario Institucional, fue extraditado desde Italia a Estados Unidos en 2018 para enfrentar cargos por narcotráfico. Las autoridades estadounidenses también han intentado extraditar a Eugenio Hernández, su sucesor en 2005, por acusaciones de lavado de dinero.

El principal aspirante a ocupar el cargo tras Hernández en 2011, Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado durante la campaña electoral.