Mujeres agredidas en dictadura uruguaya piden justicia

MONTEVIDEO (AP) — Mujeres que aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales durante la dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985) denunciaron el jueves —en una audiencia pública que solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— ausencia de avances judiciales en la causa.

En octubre de 2011, 28 antiguas presas políticas presentaron la denuncia penal por violencia sexual que afirman haber vivido durante su cautiverio. La causa está en etapa de presumario, es decir, todavía se está investigando. Los principales indagados presentan un recurso tras otros para aplazar la sentencia y las víctimas consideran que hay un estancamiento. La Fiscalía ha imputado a cuatro militares, pero los jueces no sentencian. Hubo un solo procesamiento del capitán Ascencio Lucero aunque no por delitos sexuales, sino por privación de libertad.

Las denunciantes identificaron a 100 abusadores en las tres armas de las fuerzas castrenses. Sesenta de ellos ni siquiera han declarado. Otros se excusan en chicanas jurídicas y problemas de salud.

Una de las abogadas que las representa, María Noel Leoni, denunció que la justicia sistemáticamente “descarta el carácter imprescriptible (de los delitos de lesa humanidad) y permite maniobras dilatorias”. En Uruguay existen casi 200 causas por delitos durante la dictadura. Leoni dijo que el 70% está en fase de investigación y sólo un 14% ha tenido condena.

La abogada señaló que sus defendidas durante mucho tiempo no pudieron hablar de las agresiones con familia o amigos. “Les llevó más de 30 años decir lo que les habían hecho”, explicó. Además, se refirió a “secuelas físicas y psicológicas difíciles de superar”. La violación formaba parte de la tortura sistemática contra las mujeres, manifestó Leoni.

Las denunciantes señalaron que el programa que las asistía con ayuda psicológica y psiquiátrica dejó de funcionar en marzo del año pasado a pesar que la ley 18.596 obliga al Estado a proveer esa atención. El servicio también brindaba orientación en salud mental a sus familias, un punto que interesó particularmente a las integrantes de la CIDH.

En los tribunales las denunciantes se sienten revictimizadas por el sistema judicial uruguayo. Señalaron la falta de capacitación e incomprensión para atender la violencia sexual y sus secuelas. En la audiencia se escuchó que uno de los tres jueces que manejaron la causa preguntaba si al momento del abuso los delincuentes habían usado preservativo o si ellas estaban en regla. También denunciaron que debieron esperar audiencias judiciales en el mismo pasillo junto a los abusadores y sus defensas.

“El juez me preguntaba por una situación que yo recordaba con mucha angustia y preocupación y me trataba como si contara una pelea entre vecinos”, explicó a la AP Ivonne Klinger, médica jubilada detenida con 30 años.

Varias integrantes de la CIDH preguntaron a Gustavo Nicastro, de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por la capacitación de los magistrados en derechos humanos y violencia de género. Nicastro enumeró dos cursos y un taller no obligatorios y se refirió a que las dilaciones responden a garantizar los derechos de los indagados.

La abogada Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, dijo que el Estado debe preservar las garantías de los imputados. “Pero también tiene el deber de respetar las garantías de las víctimas y cuando existe una dilación de la justicia no se están respetando”, señaló.

Las denunciantes piden al Estado un pacto de no repetición. “No es el interés personal que nos mueve. (…) Queremos un marco institucional que asegure a (…) las generaciones futuras las garantías de no repetición de la intolerancia, el abuso, la discriminación y la arbitrariedad”, manifestó Blanca Luz Menéndez, también denunciante.

“Por supuesto que queremos que haya justicia, pero sobre todo queremos que se elabore un relato verdadero de lo que pasó”, explicó Lucía Arzuaga a The Associated Press.

Arzuaga tiene 62 años y es médica pediatra. En 1983 tenía 24 años y cursaba la Facultad de Medicina cuando fue detenida y torturada junto a una veintena de estudiantes universitarios. En 1985 presentó una denuncia penal que se archivó al aprobarse una ley de impunidad que bloqueó las investigaciones judiciales hasta 2011. Entonces, el grupo de presas políticas presentó la denuncia colectiva.

Ahora enviarán información complementaria a la CIDH mientras evalúan presentar una petición a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que trate el caso.