Chile analiza otras constituciones para redactar una propia

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Chile analiza otras constituciones para redactar una propia
Decenas de personas festejan el resultado de un plebiscito en el que se decidió redactar una nueva constitución el 25 de octubre del 2020 en la Plaza Italia de Santiago de Chile. (AP Photo/Luis Hidalgo, File)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los chicos que se las saben todas. Los sospechosos de siempre.

Así describe un profesor de derecho las constituciones de Sudáfrica, Canadá y otros países habitualmente usadas como referencia cuando países como Chile redactan una nueva carta magna.

“Todo el mundo estudia ejemplos extranjeros. Las constituciones son siempre bastante parecidas”, expresó el profesor David Law de la Universidad de Hong Kong, que estudia las constituciones de todo el mundo.

El 11 de abril los chilenos elegirán una asamblea encargada de redactar nuevos principios de gobierno, a ser sometidos a votación en el 2022. ¿El objetivo? Crear un país más inclusivo y eliminar una reliquia de un gobierno militar, la constitución de 1980.

Más cerca de casa, América Latina ofrece algunas sugerencias. Y también señales de alarma.

Las nuevas constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009) procuraron expandir los derechos, incluidos los de los pueblos indígenas, pero la democracia es despareja. La constitución de 1991 de Colombia trató de poner fin a viejos conflictos, sin poder acabar con la violencia. En Guatemala, la corrupción hace peligrar la corte constitucional. Los esfuerzos de Panamá por reformular la constitución de 1972 están resultando muy conflictivos.

“La asamblea constituyente de Venezuela de la época de (Hugo) Chávez es un ejemplo aleccionador por excelencia y los opositores conservadores al proceso de Chile la mencionan todo el tiempo”, declaró Alexandra Huneeus, profesora de origen chileno de la Universidad de Wisconsin, que estudia las leyes y los derechos en América Latina.

Chile, con su pujante economía, dista mucho de ser Venezuela, donde en 1999 se aprobó una constitución que concentraba el poder en Chávez y que sentó las bases de la crisis que sobrevino.

En Chile explotaron protestas sobre las jubilaciones, los costos de los servicios y otros reclamos en el 2019, a pesar de la estabilidad reinante y de la reducción de la pobreza. La constitución aprobada bajo el gobierno del general Augusto Pinochet fue uno de los detonantes, al considerarse que centralizaba el poder y priorizaba la empresa privada por sobre la igualdad.

Si bien algunos chilenos temen que la nueva constitución asigne un papel más prominente al estado, que podría afectar la economía, grupos indígenas ven una oportunidad.

“Queremos que la nueva constitución tenga voces y visiones de los distintos pueblos que habitan este territorio, por eso anhelamos una constitución plurinacional, descentralizada, anticapitalista, antirracista, que ponga en el centro el respeto irrestricto de los derechos humanos y que reconozca los derechos de la naturaleza”, declaró Ingrid Conejeros Montecino, de la organización Mapuche. Agregó que Chile está “aprendiendo de otras experiencias... que han plasmado avances en cuanto al reconocimiento de los pueblos ancestrales”.

La asamblea de 155 miembros tendrá 17 bancas reservadas para delegados indígenas. Su creación fue aprobada en un plebiscito el 25 de octubre —y demorada seis meses por la pandemia— en el que casi el 80% de los chilenos pidieron una nueva constitución.

Chile, una nación de 19 millones de habitantes, sería el primer país con una constitución redactada por una asamblea con igual número de hombres que de mujeres, según las Naciones Unidas. Ningún género puede tener más de 78 miembros.

“Hay enormes expectativas respecto de los resultados que puedan alcanzarse en materia de igualdad de género”, expresó Alejandra Zúñiga Fauri, profesora de derecho de la Universidad de Valparaíso y candidata a integrar la asamblea.

Zúñiga Fajuri destacó que muchos países cambiaron de constitución en las últimas décadas y que Chile está evaluando los procesos constitucionales de Islandia, Sudáfrica, Colombia, Ecuador y Bolivia.

En un indicio del malestar que hay con los políticos, los votantes en el plebiscito dispusieron que la asamblea no incluya miembros del Congreso.

“Si bien se tiende a exagerar el papel del pueblo en los momentos constitucionales (las elites, las desigualdades, etc. no desaparecen por arte de magia en la Asamblea Constituyente), la participación y la inclusión son importantes”, opinaron Xenophon Contiades, profesor de derecho de la Universidad Panteion de Atenas, y Alkmene Fotiadou. Ambos editaron el “Manual Routledge de Cambios Constitucionales Comparativos”.

En una respuesta conjunta a preguntas de la Associated Press por email, Contiades y Fotiadou destacaron que en Islandia se usaron las redes sociales y otras medidas para evitar a los políticos e involucrar directamente a la ciudadanía en un esfuerzo fallido por redactar una nueva constitución hace una década, luego del malestar derivado de la crisis económica del 2008. La iniciativa quedó empantanada en el parlamento.

“El experimento de Islandia revela que nunca es una buena idea subestimar el papel de los partidos políticos y la interacción entre la gente y las elites políticas al redactar las constituciones”, manifestaron.

Law, el profesor de Hong Kong, dijo que la constitución sudafricana “en particular es ofrecida como un ejemplo a seguir por todo país en desarrollo/transicional/del sur”.

“¿Es realmente el mejor modelo?”, agregó. “Eso no está claro”.

Aprobada en 1994 para poner fin al gobierno racista, la constitución sudafricana se inspiró en las de Alemania, Canadá, la India, Namibia y otras naciones. Garantiza el derecho a los alimentos, el agua, la vivienda y otras necesidades básicas, y es considerada un modelo para cualquier sociedad democrática y diversa. Sin embargo, en Sudáfrica sigue habiendo desigualdad e injusticias sociales.

La Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que es parte de la constitución de Canadá, protege la libertad de expresión y el derecho a la igualdad. Pero a veces los líderes ignoran las garantías democráticas de las constituciones o las retocan para aumentar el poder de sistemas políticos muy controlados.

En el 2018, el presidente chino Xi Jinping contó con una legislatura leal que abolió los términos presidenciales que rigieron por más de 35 años y trasladó su filosofía política a la constitución.

“Esta no es una buena analogía, pero pregúntese qué límites hubiera fijado la constitución de Estados Unidos a (Donald) Trump si Trump tuviese la última palabra en relación con el significado de la constitución”, expresó Law. “Hubiera sido una falla de la constitución? ¿O de cómo se asigna el poder de interpretar (la constitución) y de quién la interpreta?”.

Algunas constituciones son enmendadas continuamente. La de México, redactada en 1917, durante la revolución, fue modificada cientos de veces. Algunos países, incluida Gran Bretaña, no tienen constituciones codificadas y se guían por las leyes, los precedentes y otros lineamientos.

En Chile, el presidente Sebastián Piñera, quien lleva dos términos, no puede postularse en una elección general pautada para el 21 de noviembre. Una nueva constitución ofrece la oportunidad de diluir el poder concentrado relativamente en la presidencia en una región con una historia autoritaria, según un académico.

“Chile tiene ahora la oportunidad de dar un giro y encaminar a América Latina en otra dirección en lo que se refiere a las relaciones del ejecutivo y el legislativo”, expresó Zachary Elkins, profesor de la Universidad de Texas y coautor del libro “La resistencia de las constituciones nacionales”.

“Pero”, añadió, “no albergo demasiadas esperanzas”.

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