Guatemala: la justicia en manos de mujeres que no tiemblan

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Sostener la carga de ser juez en Guatemala no es fácil e incluye amenazas, denuncias y ataques. Pero tres magistradas han emergido como importantes figuras en la lucha por la justicia y el Estado de derecho en el país centroamericano.

Las juezas Erika Aifán, Gloria Porras y Yassmín Barrios Aguilar han resuelto casos de alto perfil y han sido víctimas de hostigamiento, agresiones y muchos intentos de sacarlas de sus cargos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado medidas cautelares de protección para las tres.

El trabajo individual de los jueces se volvió más importante desde la desaparición en 2019 de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, una misión respaldada por las Naciones Unidas que apoyó el desmantelamiento de las principales redes de corrupción e impunidad en el país.

La jueza del tribunal de Mayor Riesgo, Aifán, recibirá el lunes el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje que entrega el Departamento de Estado de Estados Unidos, que reconoce a mujeres de todo el mundo por su coraje y liderazgo excepcionales en la defensa de la paz, la justicia, los derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento femenino.

Pero su labor no ha sido fácil.

Aifán ha sido denunciada 22 veces por sus fallos, le ha tocado enfrentar a empresarios, políticos, jueces y civiles acusados de corrupción, asesinatos y narcotráfico y el costo ha sido grande.

La jueza cree que impartir justicia en Guatemala no es fácil, pero tiene cada día muchos motivos para acudir a su juzgado aunque sea blanco constante de acoso.

“Soy un ser humano y me puedo equivocar, pero trato de dar mi mayor esfuerzo y hacer lo mejor que pueda porque sé que en este cargo represento la voz de muchas mujeres y esa esperanza de cambio de un mejor país", dijo.

Aifán tiene a cargo varias causas penales, entre ellas contra Gustavo Alejos, un influyente político y empresario a quién además investiga por manipular la integración de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, adonde llegarían sus causas para resolverse. Este proceso le han generado a Aifán varios problemas y algunos de sus colaboradores fueron denunciados por sustraer o perder partes de expedientes e incluso por agredirla.

Poco ha sido el respaldo que la jueza obtuvo de la Corte Suprema, que en lugar de defenderla ascendió a dos de los trabajadores denunciados.

Porras no la tiene menos difícil. Lleva 10 años como magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), de la que actualmente es presidenta y acaba de ser reelecta para otros cinco años. La CC es el más alto tribunal guatemalteco y donde se resuelven definitivamente los procesos electorales, penales y judiciales y cuyos fallos no son apelables. Porras tiene en su haber 60 denuncias y 13 solicitudes de retiro de inmunidad por los fallos que ha emitido.

El lunes la Corte Suprema trasladó al Congreso la tercera solicitud de retiro de inmunidad contra Porras -iniciada por un grupo de abogados que reciben fondos del Congreso- por haber firmado un fallo en el cual otorgó un amparo a favor de Anders Kompass, el embajador de Suecia, y contra el expresidente Jimmy Morales por su intención de expulsar al diplomático por apoyar a la CICIG.

“A pesar de los intentos de vulnerar mi independencia, me siento en libertad de buscar, analizar y resolver los procesos. Las decisiones se toman en un fallo y no pueden ser objeto de criminalización”, dijo la magistrada.

Porras votó a favor de detener en el Congreso la propuesta de reformar la llamada ley de reconciliación nacional que buscaba una amnistía para los acusados de delitos de lesa humanidad y la ley de aceptación de cargos que excluye a la fiscalía de los procesos y permite que el juez y el acusado negocien los cargos.

La magistrada aseguró que además de resolver apegada a la ley y la constitución, en lo administrativo mantiene a la CC al día. “Tuvimos la capacidad durante la pandemia de gerenciar una forma de administración eficiente, actualizada y tecnológica, redujimos los tiempos de trámite de los expedientes considerablemente”, explicó.

Pero los ataques siguen. Además del acoso, Aifán y Porras han tenido que sacrificar su vida personal y sus recursos para defenderse de las demandas en su contra, incluso contratando a abogados.

Aifán recuerda que incluso dejó de salir con sus amigos o familia. “Temo que sean afectados y perseguidos”, asegura.

Alguien que también conoce de cerca el costo de ser jueza en Guatemala es Claudia Escobar, una exmagistrada de apelaciones que denunció a un diputado y expresidente del Congreso condenado y en prisión por haber intentado sobornarla.

"El acoso de sectores poderosos se incrementó, incluso del entonces presidente Otto Pérez Molina”, dijo.

Escobar no tuvo apoyo de sus superiores, los magistrados de la Corte Suprema, por lo que tuvo que abandonar Guatemala en 2015.

“Admiro muchísimo a esas juezas, el costo personal que asumen y que lo hacen con principios”, dijo la exmagistrada quien cree que en Guatemala "el Estado de derecho se ha ido deteriorando”.

Barrios Aguilar es otra magistrada que ha visto obstaculizado el avance de su carrera judicial. Tuvo a cargo la causa contra tres militares acusados del asesinato del obispo Juan José Gerardi en 1998. Unos días antes del inicio del juicio, en 2001, dos granadas fueron lanzadas contra su casa, sin provocar víctimas.

Barrios también presidió el tribunal que condenó en 2013 al fallecido exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio. La condena duró 10 días hasta que magistrados constitucionales, algunos afines al exdictador, revirtieron la sentencia.

A pesar de que continúa siendo jueza, desde el caso contra Ríos Montt las autoridades judiciales optaron por no enviar causas a su tribunal.

Aifán, Porras, Barrios y Escobar tienen algo más en común: debido a la inseguridad a la que están expuestas por su labor, todas tienen medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero eso no ha evitado que las sigan atacando, especialmente en las redes sociales.

Ovidio Orellana, presidente del Colegio de Abogados, explicó que ser juez implica tomar decisiones que correspondan a la ley y de las que se reciben críticas y alabanzas. “Deben quedar bien con las disposiciones legales y constitucionales que correspondan y con su conciencia”, dijo Orellana.

Estas "juezas son un ejemplo... no deben ceder ante cualquier presión o ataque por la forma y modo de resolver sino mantener la vocación de juez y ajustarse al mandato legal”, agregó.

Pero no todos están de acuerdo con el accionar de las magistradas, como José Quezada, expresidente de la Corte Suprema y abogado de corporaciones empresariales. “No aplican la ley como debe aplicarse y menos la constitución”, dijo sobre las Aifán y Porras.

Aifán tiene a su cargo una causa contra cinco de los más poderosos empresarios del país por el supuesto financiamiento ilegal del partido FCN-Nación del expresidente Jimmy Morales. En ese caso la jueza “aplica una normativa que ya no está vigente”, dijo el abogado.

“Ellas resuelven más político que jurídico, no estoy defendiendo a empresarios o a no empresarios, estoy defendiendo la ley en forma justa... De todas maneras les van a iniciar antejuicios (acciones legales) por ese tipo de resoluciones”, sostuvo Quezada.

“Emocionalmente tiene mucho mérito que continúen con su labor a pesar de todo el ataque”, explicó Escobar, quien contó que conoce casos de jueces que no beben agua en los juzgados por temor a que los envenenen.

“Estoy segura de que la mayoría de los jueces son gente honesta que quiere hacer bien su trabajo, pero a veces es más fácil ver para otro lado, porque los riesgos están allí y son evidentes", aseguró. “Los jueces no pueden estar expuestos a las mafias”.