Nicaragua: piden excarcelar a opositores y regreso de CIDH
MANAGUA (AP) — Abogados y activistas de derechos humanos de Nicaragua apoyaron el viernes un pedido de la OEA al gobierno de Daniel Ortega para que libere a más de un centenar de opositores presos y permita el retorno de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país.
En un comunicado, la secretaría general de la Organización de Estados Americanos expresó el jueves “su condena por la situación de los presos políticos en Nicaragua” y reiteró “el llamado para su inmediata liberación”.
El organismo que dirige el uruguayo Luis Almagro pidió también a Ortega “permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) regrese al país para informar sobre la situación actual de derechos humanos”.
La abogada Yonarqui Martínez, que ha atendido a unos 64 “presos políticos” desde las protestas sociales de abril de 2018, dijo a The Associated Press que espera que el gobierno acceda a la demanda de la OEA.
Martínez señaló que Almagro se reunió recientemente con familiares de opositores encarcelados. “Ojalá que estas comunicaciones traigan como resultado una verdadera actuación del Estado de Nicaragua y que cese la represión, el asedio y la violación de derechos humanos”, afirmó.
The Associated Press solicitó una reacción del gobierno al comunicado de la OEA pero no tuvo respuesta.
En 2018, Ortega permitió el ingreso de misiones de la CIDH y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero los expulsó a fines de ese año tras señalar que sus informes eran “parcializados” y que las protestas eran parte de “un fallido golpe de Estado”.
Según la abogada Martínez, desde entonces la situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado. “Las detenciones y juicios han seguido, los jueces no respetan el debido proceso ni los derechos de las personas privadas de libertad”.
Reveló que de 35 a 40 reos de conciencia padecen enfermedades crónicas en sus celdas.
En su comunicado, la OEA dijo tener constancia de que actualmente hay más de 100 detenidos por razones políticas. El gobierno excarceló a más de 700 de ellos entre 2018 y 2019, aunque no los considera “presos políticos”.
Los detenidos “han sido presentados como presos comunes, sin juicios justos, violentando sus libertades fundamentales” y que permanecen en celdas “junto a delincuentes comunes, sufren agresiones y amenazas de los presos comunes y sufren el ataque sistemático a su integridad física, malos tratos y torturas reiteradas por sus carceleros”, indicó la OEA.
Advirtió que también los familiares de los presos “sufren constantes amenazas por parte de agentes del Estado, así como el hostigamiento por parte de las autoridades penitenciarias y tratos lesivos a sus personas por parte de los funcionarios de las cárceles”.
Carla Sequeira, directora jurídica de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo a la AP que el informe de Almagro es “contundente” pero no mostró esperanzas de que provoque un cambio en el gobierno sandinista.
“Este será un comunicado más, porque al gobierno no le interesa cambiar de actitud. Pero es importante que el mundo conozca la situación de Nicaragua y seguir documentando denuncias para un futuro proceso judicial contra Daniel Ortega y todos los responsables de crímenes de lesa humanidad”, comentó.
Según la CIDH, las protestas sociales que se iniciaron en abril de 2018 fueron sofocadas con violencia por policías y paramilitares con un saldo de 328 muertos, 2.000 heridos, cientos de detenidos y más de 100.000 exiliados. El gobierno sólo reconoce 200 fallecidos.
