Pesquisa sobre agencia fronteriza UE deja dudas sin resolver
BRUSELAS (AP) — Una investigación sobre el papel de la agencia fronteriza y guardacostas de la UE en expulsiones automáticas de inmigrantes exoneró a Frontex de participar en la mayoría de los incidentes, aunque no pudo establecer lo ocurrido en cinco de los casos, según el reporte oficial sobre las acusaciones.
El reporte fue elaborado por un grupo especial de trabajo formado para investigar las acusaciones en medios de que empleados, barcos o aviones que trabajaban con Frontex participaron o estaban cerca en más de una docena de incidentes de expulsiones rápidas entre Grecia y Turquía el año pasado, al mayoría en el Mar Egeo. Los hallazgos se abordarán el viernes en una reunión extraordinaria de la junta directiva de la agencia.
Frontex, que se encarga de patrullar las fronteras exteriores del bloque de 27 naciones, ha rechazado las acusaciones y afirma que su pesquisa interna no encontró pruebas que las sustentaran. Grecia, responsable de las operaciones de coordinación con Frontex en su territorio, también negó los reportes sobre que sus agentes de frontera habían expulsado a gente.
Las expulsiones o devoluciones automáticas implican impedir que la gente entre en un país en el que pueda pedir asilo. Van en contra de los acuerdos de protección de refugiados, que establecen que no debe devolverse a la gente a un país donde su vida y su seguridad puedan correr peligro debido a su raza, religión, nacionalidad o corriente política. También van en contra de las leyes y protocolos de la UE.
El grupo de trabajo exoneró a Frontex en ocho casos, pero dijo que en cinco “no ha sido posible resolver por completo los incidentes más allá de la duda razonable”, según parte del reporte restringido, con fecha del 1 de marzo y al que tuvo acceso The Associated Pres.
Los investigadores no pudieron determinar si las personas afectadas en cinco de los casos habían sido recogidas por autoridades turcas o habían llegado a salvo a territorio griego. “No hay indicios de que nadie muriera, desapareciera o resultara herido en conexión con esos incidentes”, señaló el informe.
La pesquisa realizada por expertos de siete países europeos y la Comisión Europea comenzó semanas después de que se publicara en octubre una investigación conjunta sobre expulsiones colectivas realizada por los medios Bellingcat, Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD y TV Asahi.
Los reportes plantearon preocupantes preguntas sobre las acciones de Frontex, que ha visto dispararse su mandato y su presupuesto desde que más de un millón de personas entraran en la UE en 2015, la mayoría huyendo del conflicto en Siria. La llegada masiva, y las disputas sobre cómo gestionarla, desencadenaron una de las mayores crisis políticas de la UE.
Abogados de derechos humanos pidieron el mes pasado a la agencia que detuviera de inmediato su actividad en el Egeo. Acusaron formalmente a Frontex de violar el derecho a asilo, así como de infringir otras leyes europeas e internacionales. Dieron dos meses al director ejecutivo de Frontex, Fabrice Leggeri, para responder o afrontar acciones en la Corte Europea de Justicia.
Algunos de los supuestos incidentes del año pasado habrían ocurrido en un momento de caos en el Egeo, entre marzo y abril de 2020, cuando Turquía, molesta por los reparos de la UE a respaldar su invasión del norte de Siria, permitió que miles de migrantes salieran sin control hacia la frontera y las islas griegas.
En uno de los supuestos casos de “devolución marítima” el 28 y 29 de abril de 2020, un grupo de refugiados y migrantes habría sido devuelto a un endeble bote salvavidas, sin motor ni remos, y remolcado hacia Turquía desde los alrededores de la isla de Samos, mientras un avión de vigilancia supervisaba desde el aire.
Pero el grupo de trabajo no pudo encontrar pruebas de que Frontex hubiera participado o sido informada de ello. Ninguna de las rutas de las aeronaves de la agencia coincidía con el reporte, ni tampoco las de sus barcos o vehículos en la zona descritos por los medios.
De forma más general, los investigadores insistieron en que deben elaborarse “reportes de incidentes graves” con rapidez tras cualquier episodio sospechoso y que debía informarse de inmediato a responsables de derechos fundamentales. Frontex tenía que haber contratado a 40 funcionarios de derechos fundamentales para este año. Ninguno de ellos había asumido su puesto el mes pasado.
Los investigadores recomendaron que las acciones de los aviones o barcos de Frontex se grabaran en video, y que permanecieran en la zona tras cualquier incidente para observar las acciones de agentes fronterizos y policías nacionales.
