CFK critica con dureza a jueces en Argentina
BUENOS AIRES (AP) — La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner acusó el jueves a los jueces de integrar un “sistema podrido” que interfiere en los procesos electorales y provoca perjuicios económicos en su arremetida más virulenta contra el Poder Judicial.
Fernández de Kirchner, quien presidió Argentina entre 2007 y 2015, vertió sus críticas en su primera intervención oral ante la justicia desde que regresó al poder hace más de un año acompañando al presidente Alberto Fernández. Lo hizo ante la Cámara Federal de Casación, integrada por tres magistrados, para defenderse de la imputación de haber defraudado al Estado durante su gestión a través del mercado de dólar a futuro. La cámara decidirá si la causa va a juicio oral o es cerrada por inexistencia de delito.
La audiencia se celebró de forma virtual a causa de la pandemia, pero fue trasmitida en vivo a pedido de la vicepresidenta, que consideró necesario que los argentinos conozcan cómo esta investigación fue “armada” para perjudicarla.
En un alegato dirigido contra dos miembros del tribunal, la vicepresidenta afirmó que la investigación es el mayor ejemplo de la “intromisión y manipulación del Poder Judicial en los procesos electorales y la política argentina" y de cómo muchos magistrados estigmatizan a los dirigentes populares.
La investigación intenta determinar si la expresidenta y exdirectivos del Banco Central, entre otros, causaron un perjuicio económico al Estado y una caída de las reservas mediante la venta de dólares a futuro a un precio menor al valor de mercado.
Según Fernández de Kirchner, la investigación fue impulsada por la justicia cinco días después de la primera vuelta electoral del 25 de octubre de 2015 para perjudicar al candidato de su espacio político y mejorar las posibilidades del entonces opositor Mauricio Macri, que ganó el balotaje.
En el marco de la causa, el juez Claudio Bonadío -fallecido a principios de 2020- procesó a la expresidenta y a varios funcionarios de su gobierno y elevó la causa a juicio oral en 2017. Según la exmandataria, Bonadío es uno de los jueces que ha impulsado contra ella varias investigaciones -algunas por supuesta corrupción- bajo las órdenes de Macri, quien gobernó entre 2015 y 2020.
La expresidenta está procesada o afronta juicios, entre otras cosas, por presuntamente haber direccionamiento obras viales para favorecer a un empresario, por supuesto lavado de activos a través del alquiler de habitaciones de uno de sus hoteles y por supuestamente haber encabezado un esquema de recaudación de sobornos de empresarios que hacían negocios con el Estado.
Fernández de Kirchner negó que sus amigos o funcionarios tuvieran contratos de dólar a futuro o fueran beneficiados con ellos y afirmó, que por el contrario, allegados a Macri que luego ocuparon puestos en su gobierno “contrataron dólares a futuro sabiendo que se iba a devaluar, como hicieron" y “arreglaron las tasas de interés que iban a pagar a esos contratos”.
"Ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones y a que (sus funcionarios) hicieran lo que hicieron... realmente me da mucha bronca porque la que sufre es la gente”, dijo la expresidenta.
La funcionaria criticó haber sido imputada por la justicia por un supuesto perjuicio de 55.000 millones de pesos (5.789.473 dólares), que a su vez habría favorecido la llegada al poder de un político impulsor de desacertadas medidas como la de recurrir en 2018 a la ayuda del Fondo Monetario Internacional. “Hoy debemos 44.000 millones de dólares y ustedes también son responsables”, sostuvo.
También acusó a los jueces de integrar una “corporación” y un “sistema podrido y perverso”.
La exmandataria concluyó afirmando que no iba a pedir al tribunal un sobreseimiento, tal como le había recomendado su abogado, y e instó a sus integrantes a que apliquen “la constitución y la ley”. A continuación se desconectó del zoom de la audiencia judicial.
Otros imputados que se defenderán ante el tribunal son el exministro de Economía, Axel Kicillof, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, y el extitular del Banco Central, Miguel Angel Pesce.
La cámara decidirá el futuro de la causa en unos 20 días. El fiscal ante ese tribunal, Raúl Pleé, pidió que la vicepresidenta y los demás acusados sean juzgados.
Un peritaje contable indicó en agosto que los balances del Banco Central no registraron pérdidas en 2015 y 2016 y por lo tanto no podía haberse producido defraudación al Estado.
Las críticas de la vicepresidenta se produjeron cuatro días después de que el presidente Fernández arremetió contra el Poder Judicial ante el Congreso insistiendo que necesita una reforma, lo que la oposición interpretó como una forma de silenciar a los magistrados que investigan a la exmandataria.
Entre otras cosas, el presidente instó a al Congreso a que “asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”, lo que encendió las alarmas entre los magistrados, que consideraron sus palabras como un intento de desarrollar un plan para interferir en sus decisiones.
"Asistimos a condenas mediáticas instantáneas, sufrimos la discrecionalidad de los jueces en demoras inexplicables y hay manipulación de decisiones jurisdiccionales según intereses políticos”, señaló Fernández ante los legisladores.
