Giammattei resta importancia a pruebas falsas COVID

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente guatemalteco Alejandro Giammattei dijo el miércoles que la compra de pruebas para detectar COVID-19 que fueron señaladas por el Ministerio de Salud como falsas es un tema administrativo, lo que le resta importancia a la denuncia penal presentada contra los presuntos responsables.

“Yo creo que aquí hay una mala interpretación de las cosas”, dijo Giammattei. “La investigación nuestra nos da otras luces que no es precisamente lo que dice el Ministerio de Salud. Es una irresponsabilidad administrativa de alguien”.

Uno de los señalados como presunto responsable es Ronaldo Estrada Rivera, exfuncionario de salud y actual viceministro de Cultura y Deportes, quien firmó el contrato de compra. Diputados opositores dicen que Estrada es cercano a Miguel Martínez, un joven amigo personal del presidente que mantiene gran influencia en las tomas de decisiones presidenciales.

Estrada se defendió el miércoles ante diputados y dijo que era inocente de las acusaciones en su contra.

El presidente abogó por la presunción de inocencia cuando se le cuestionó sobre la participación del actual viceministro en un posible fraude con las pruebas “todo mundo tiene derecho a un debido proceso”, dijo.

El escándalo por la compra de 30.000 pruebas para detectar COVID-19 que resultaron ser falsas por un monto aproximado de un millón de dólares es investigado por el Ministerio Público.

El domingo The Associated Press tuvo acceso en exclusiva a la denuncia presentada por a Ministra de Salud, Amelia Flores, que advertía sobre la compra de las pruebas de laboratorio para detección de coronavirus SARS-COV2 para el área de biología molecular y reactivos por un valor de 7.3 millones de quetzales (casi un millón de dólares).

Según la denuncia, la empresa Kron Científica e Industrial Sociedad Anónima vendió al Ministerio de Salud las pruebas que dijo adquirió de Atila Biosystems INC. con sede en Estados Unidos. La empresa estadounidense aclaró el lunes que no vendió a Kron las pruebas que dicha empresa registró como parte de la venta.

En la denuncia también se señala a Juan Pablo Arocha Urbina y a Luis Alfredo Arocha Bermúdez, representantes de la empresa Kron Científica e Industrial Sociedad Anónima, por posibles delitos de estafa, perjurio, falsificación de documentos privados, conspiración y fraude.

El comisionado presidencial contra la corrupción, Oscar Dávila, aseguró el martes que entre los primeros indicios de su investigación por el caso, en la Superintendencia de Administración Tributaria la Kron Científica e Industrial Sociedad Anónima no aparecen registro de importación de ningún tipo de productos, por lo que también investigan este hecho.

La viceministra de Salud, Lucrecia Ramírez, dijo que se determinó que las pruebas eran falsas cuando se usaron en pacientes y como estas no daban los resultados esperados (ni positivo, ni negativo), se les hicieron nuevas pruebas que sí funcionaban para determinar si estaban o no contagiados y en ese momento empezó la sospecha de las pruebas compradas.

Atila Biosystems INC. dijo en un comunicado el lunes que concluyen que “el presunto fraude perpetrado fue una fabricación local, y que trabajará activamente para apoyar al Gobierno de Guatemala a garantizar que se haga justicia”.

El miércoles Giammattei también dijo que no es creyente del sistema COVAX, una iniciativa mundial para asegurar el acceso equitativo de vacunas, pues "nos engañaron con la fecha (de llegada de vacunas) y cantidad (a entregar). Guatemala aún no comienza la vacunación contra el coronavirus.

“Yo sigo no creyendo con ese mecanismo”, dijo Giammattei ante las críticas públicas de que ya varios países latinoamericanos empezaron a vacunar contra COVID-19 mientras que Guatemala aún no tiene fecha exacta de la llegada de sus dosis pagadas y compradas.

“Nos parece increíbles que estén mintiendo en forma tan descarada como lo están haciendo, sobre todo con países que pagaron hace mucho tiempo. No pagamos ayer, pagamos el año pasado”, dijo al explicar que presentaron una queja formal a OPS sobre el sistema COVAX.