Fernández critica pesquisa judicial por escándalo de vacunas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente argentino Alberto Fernández defendió el martes a funcionarios que fueron vacunados contra el nuevo coronavirus pese a no cumplir los requisitos que establece el plan de vacunación y apuntó contra la justicia por su investigación del escándalo que le costó el puesto al ministro de Salud.

"Cuando tomé nota de lo que había pasado reaccioné y perdí a un ministro”, afirmó Fernández a periodistas en Ciudad de México, en referencia al paso a un costado que tuvo que dar el viernes Ginés González García como responsable de la cartera de Salud.

Fernández realiza una visita a México durante la cual se reunió con su par Andrés Manuel López Obrador, con quien encabezó una rueda de prensa.

El ministro tuvo que renunciar luego de que se reveló que un periodista, legisladores y otros allegados al gobierno de Fernández habían recibido de forma discrecional la vacuna rusa Sputnik V.

Con el paso de los días esa lista se fue incrementando y la víspera el gobierno dio a conocer una nómina de 70 personas -entre un expresidente y su familia, ministros, funcionarios de segunda línea, diplomáticos y dirigentes políticos- que fueron inmunizadas, la mayoría en el hospital estatal Posadas.

Fernández reconoció que la actitud de González García ameritó su salida pero cuestionó las investigaciones judiciales de las que es objeto.

"Terminemos con la payasada. Le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga ‘será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila’ y no se pueden construir delitos graciosamente”, sostuvo.

La justicia imputó el lunes a González García por supuesto abuso de autoridad.

Este mismo martes, el director del hospital Posadas, Alberto Maceira, reconoció ante la justicia que había sido convocado la semana pasada por el ahora exfuncionario para vacunar a una decena de allegados suyos en el ministerio de Salud, un procedimiento fuera de los protocolos establecidos

"Si quieren trabajar, hay muchos delitos para investigar", dijo Fernández en referencia al “lamentable endeudamiento de Argentina que fue un negocio para los amigos del poder" y otros supuestos desmanejos que atribuyó al gobierno del su antecesor, el ahora opositor Mauricio Macri (2015-2020).

El mandatario justificó que entre las 70 personas incluidas en la lista estén la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, gobernadores y alcaldes que, según sostuvo, tuvieron que inmunizarse para generar confianza en la ciudadanía luego de que la oposición calificara a la vacuna rusa como un “veneno”.

“Algunos protocolos se saltearon por cuestiones de la actividad estratégica que realizaron esas personas. Y algunos protocolos se saltearon porque en sus diarios ustedes escribían que estábamos envenenando gente y le daban mucho eco a las barrabasadas que decía la oposición”, dijo Fernández.

Señaló además que si “hay más responsables” de irregularidades en el plan de vacunación “se van a tener que ir los que se tengan que ir, pero no voy a hacerme cargo del escarnio público que están promoviendo sin medida”.

El bloque de diputados de la fuerza opositora PRO respondió a esas declaraciones afirmando que “Fernández se desboca una y otra vez ante las crisis y se olvida de que es el primer magistrado de la Nación, que su intromisión en los otros poderes del Estado debilita la democracia por excederse en sus atribuciones constitucionales”.

Una encuesta de la consultora Management & Fit señaló que casi 61% de la población cree que no hay una adecuada planificación para llevar a cabo la vacunación y 71% se mostró de acuerdo con que renuncien todos los funcionarios que recibieron la vacuna de manera irregular. El sondeo comprendió 1.500 personas y tiene un margen de error de 2,5 puntos porcentuales.

Al momento de recibir la dosis, muchas de las personas incluidas en la lista no cumplían los requisitos fijados por el gobierno en el plan de vacunación que transcurre con lentitud: ser personal de la salud y mayores de 60 años. Y si por edad les correspondía, se reprocha que no se hayan inscrito en el sistema de turnos como el resto de los ciudadanos.

En la lista aparecen funcionarios de segunda línea de los ministerios de Salud y de Economía, que no son mayores de 60 años, a los que Fernández no se refirió.

Un publicista, un exalcalde, dos periodistas y un empresario de medios de comunicación junto a dos familiares también fueron inmunizados.

El denominado escándalo del “Vacunatorio VIP” saltó el viernes luego de que un reconocido periodista reveló que había llamado al ministro de Salud para vacunarse y que éste lo había convocado al ministerio para recibir la dosis junto a dos legisladores oficialistas.

El gobierno aduce que, de acuerdo con un decreto, los funcionarios nacionales, son considerados personal estratégico y por tanto les corresponde recibir la vacuna. Sin embargo, no todos los ministros se vacunaron.

El gobierno convocó a la Comisión Nacional de Inmunizaciones para establecer de ahora en más una definición específica de lo que es personal estratégico y qué personas de las que integran ese grupo deberían vacunarse.

Para retomar la iniciativa en medio del escándalo, un avión de la aerolínea de bandera partió el martes a China para traer al país sudamericano las primeras dosis de la vacuna desarrollada por Sinopharm en colaboración con Beijing Institute of Biological Products.

Las vacunas —un total de un millón de dosis— se aplicarán a los maestros, anunció el gobierno en un comunicado. Las clases presenciales comenzaron la semana pasada en la capital argentina y otras tres provincias.

Las autoridades sanitarias avalaron la aplicación de Sinopharm para personas mayores hasta los 60 años.

Escándalos similares provocados por la aplicación discrecional de vacunas se han producido en países vecinos como Perú.

Hasta ahora en Argentina se han registrado más de dos millones de casos de coronavirus y más de 51.000 fallecidos, según el Centro de Ciencias e Ingeniería en Sistemas de la Universidad Johns Hopkins.

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La corresponsal en Buenos Aires Débora Rey contribuyó con este reporte.