Informe: Colombia no protege a defensores de DDHH
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Colombia no ha protegido a los activistas por los derechos humanos en sus comunidades remotas, lo que ha permitido centenares de asesinatos desde que el gobierno llegó a un acuerdo de paz con el movimiento rebelde más grande del país en 2016, aseguró el miércoles un grupo internacional.
Grupos armados, algunos de ellos derivados de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), son responsables de algunos asesinatos, dijeron investigadores de Human Rights Watch en un informe.
“La incapacidad de las autoridades de ejercer un control efectivo sobre muchas zonas antes controladas por las FARC ha habilitado en gran medida la violencia contra los defensores de los derechos humanos”, aseguró el informe. “El gobierno ha enviado a las fuerzas armadas a muchas partes del país, pero no ha fortalecido simultáneamente el sistema de justicia ni garantizado el acceso debido a oportunidades económicas y educativas y a los servicios públicos”, añadió.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado el asesinato de más de 400 activistas desde 2016, de los cuales 108 se produjeron en 2019 y 53 en 2020. La cifra del año pasado podría ser mayor porque aún resta verificar 80 denuncias adicionales de asesinatos.
Entre los defensores de los derechos humanos hay dirigentes comunitarios, indígenas, campesinos y afrocolombianos, así como activistas por los derechos de la mujer.
El acuerdo de paz de 2016 con las FARC puso fin a cinco décadas de guerra, pero el grupo ha sufrido profundas divisiones, algunos de sus miembros se han incorporado a movimientos izquierdistas mientras que otros, desilusionados con el proceso de paz, han retomado las armas.
Aunque el acuerdo incluía estrategias para remediar problemas que han alimentado el conflicto durante décadas, el gobierno se ha demorado en aplicar iniciativas para reforzar la presencia de las autoridades en zonas rurales, combatir las economías ilegales e intentar resolver la escasez de oportunidades económicas legítimas, de acuerdo con el informe.
