EEUU cuestiona nombramiento de juez acusado en Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El vocero del Departamento de Estado estadounidense Ned Price dijo en un boletín de prensa que su país sigue de cerca el intento del Congreso guatemalteco de juramentar al juez Mynor Moto para el cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad, la más alta corte de justicia del país, con acusaciones de obstrucción a la justicia y vínculos con acusados de corrupción.
Las acusaciones, dice el boletín emitido el jueves, “incluye acusaciones de conspiración para obstruir la justicia y evidencia de un compromiso pasado con Gustavo Alejos (un empresario acusado de corrupción) a quien el Departamento anteriormente designó públicamente para actos corruptos que socavaron el estado de derecho en Guatemala”.
El martes, con el voto favorable de 82 de 160 diputados, bajo el liderazgo del oficialismo, juramentaron a Moto cuando hay por lo menos diez recursos que impugnan su elección debido la falta de idoneidad para el cargo. La ley establece que no puede tomar juramento del cargo si aún hay recursos pendientes de resolver.
“Este nombramiento del Congreso de Guatemala pone en tela de juicio la integridad del máximo tribunal de Guatemala, debilitando así el estado de derecho y socavando una prioridad clave de los Estados Unidos”, dice el comunicado.
El Departamento de Estado dijo que valora la asociación con el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei “y se compromete a apoyar la lucha de Guatemala contra la corrupción endémica y la impunidad, un paso necesario hacia el futuro próspero y seguro que el pueblo de Guatemala merece. La selección justa y transparente de los magistrados a la Corte Constitucional es fundamental para las instituciones democráticas de Guatemala”.
Moto, un juez de primera instancia, fue elegido por poco más del 10% de los agremiados al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para suplir al magistrado Bonerge Mejía, el cual murió de COVID-19 en 2020.
El juez es señalado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la fiscalía contra la corrupción de favorecer a personas procesadas por delitos de corrupción y tráfico de influencias. Las fiscalías han presentado dos solicitudes de retiro de inmunidad desde hace varios meses pero no han sido resueltas por la Corte Suprema de Justicia.
Varias organizaciones sociales han denunciado lo que definen como intentos de cooptación de la justicia a la falta de idoneidad de candidatos a dirigir las altas cortes del país.
En diciembre pasado la Organización de los Estados Americanos envió una misión a Guatemala a solicitud del gobierno, después de que miles de ciudadanos salieron a las calles a manifestarse contra el gobierno de Giammattei y contra sus políticos y funcionarios acusados de corrupción. En la protesta se incendió una parte del Congreso y en respuesta la policía reprimió a manifestantes, dejando dos personas gravemente heridas.
En un informe la OEA dijo que existen múltiples reclamos de distintos sectores de la sociedad guatemalteca, destacando la percepción de corrupción e impunidad y la falta de transparencia en asuntos públicos.
El jueves Moto intentó tomar posesión del cargo, pero la Corte de Constitucionalidad aún no resuelve los recursos pendientes contra su elección. A su salida varios ciudadanos lo esperaban para gritarle “Ladrón, sinvergüenza”.
Moto dijo a periodistas que lleva dos días esperando que lo atiendan. “Espero que sea el secretario de la CC se haga presente a la institución y cumpla con su obligación de iniciar las gestiones administrativas para que tome posesión, tomando en consideración que la Constitución y la ley de amparo establece que debe ser de forma inmediata”, dijo.
