El Salvador: Arzobispado abre archivos de masacre El Mozote

SAN SALVADOR (AP) — La Iglesia católica salvadoreña permitió el lunes la inspección de los archivos de la oficina de Tutela Legal del Arzobispado capitalino, que contienen documentos relacionados con una matanza perpetrada por la fuerza armada en 1981 y que dejó casi millar de campesinos fallecidos, en su mayoría mujeres, ancianos y niños.

El juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, llegó acompañado por peritos y abogados a las instalaciones del arzobispado de San Salvador, donde se reunió con el arzobispo José Luis Escobar Alas y el cardenal Gregorio Rosa Chávez. Representantes de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos participan como garantes de que la diligencia se apegue a la legalidad.

En un principio Escobar Alas había dicho que no permitiría la inspección de los archivos, pero luego cambió de opinión y dijo que se trató de un malentendido.

Al iniciar la inspección, el arzobispo reiteró la disposición de dar acceso a los archivos que el juez Guzmán solicitaba, ya que no existe ningún problema en la inspección porque las autoridades les pedirían copias certificadas.

“El problema es que nos los quisieran quitar (los archivos), de modo que modificamos la posición”. La postura de la Iglesia siempre será a favor de las víctimas, de la justicia y de la verdad”, explicó

Los documentos fueron recabados por abogados de la oficina de Tutela Legal del arzobispado que investigaron la matanza ocurrida entre el 11 y 13 de diciembre de 1981, en el cantón El Mozote y lugares aledaños, a 195 kilómetros de San Salvador, durante una operación del ahora extinto batallón Atlacatl, entrenado en Estados Unidos en tácticas de contrainsurgencia. Los soldados apoyados por la artillería y la fuerza aérea entraron a la zona en busca de unidades de la guerrilla, pero algunos mataron a los civiles.

El abogado querellante David Morales, que representa a las víctimas, explicó que técnicos del laboratorio de la Policía Nacional Civil participan en la labor pericial para que todo el material requerido por el juez pueda ser reproducido, certificado y agregado al proceso.

Detalló que en su mayoría los documentos que contienen los archivos es material relacionado con partidas de nacimiento, cedulas de identidad y boletas de documentación que fueron localizados en la escena de la masacre.

El juez Guzmán, encargado del caso, recientemente intentó ingresar a cinco guarniciones militares señaladas de participar en la masacre de El Mozote, la más grande documentada en la historia reciente de América Latina, para buscar evidencia que pudiera ayudar al esclarecimiento del caso, pero los militares se lo impidieron a pesar de que la Corte Suprema de Justicia declaró que las inspecciones de los archivos militares son legales.

Guzmán ha pedido al Ministerio Público que investigue si el presidente, Nayib Bukele, y el ministro de Defensa, el contraalmirante René Francis Merino Monroy, cometieron algún delito al bloquear las inspecciones judiciales de los archivos militares. También ha pedido que se investigue la posible sustracción de documentos de los archivos militares que se debían inspeccionar. Eso incumpliría las medidas cautelares que protegían los documentos.

En cumplimiento de una orden judicial, el gobierno salvadoreño entregó al tribunal de justicia los archivos desclasificados relacionados con la matanza, pero los abogados querellantes denunciaron que al verificar el contenido “resulta que se trata de la misma documentación que se ha remitido” en el gobierno anterior ante peticiones de informes.

Cuando Bukele informó que había ordenado la búsqueda de los archivos explicó que verificaron que muchos fueron destruidos en los casi 40 años trascurridos desde la matanza.

Más de tres décadas después de la masacre, el juez Guzmán reabrió la investigación luego de que la Corte Suprema derogó la Ley de Amnistía General de 1993 que impedía investigar delitos de lesa humanidad y crímenes cometidos durante la guerra civil.

De los 18 exmilitares citados por el magistrado en marzo de 2017, varios habían fallecido o fueron retirados del proceso y los que se presentaron negaron su participación alegando que muchos archivos se perdieron durante el conflicto o fueron destruidos.

Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas de 1983 responsabilizó de la matanza al coronel Domingo Monterrosa, entonces comandante del batallón Atlacatl, al jefe de operaciones, el coronel Armando Azmitia, y a otros seis oficiales que no fueron juzgados bajo el amparo de la ley de amnistía promovida por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994).

Monterrosa y Azmitia murieron en El Mozote el 23 de octubre de 1984, cuando el helicóptero en el que viajaban explotó por una bomba colocada por la guerrilla.