Jesuitas españoles reconocen décadas de abusos sexuales

La primera investigación exhaustiva de denuncias de abusos sexuales por parte de una orden religiosa en España ha identificado a 81 menores de edad y 37 víctimas adultas de abusos perpetrados por 96 jesuitas, una cifra mucho más alta que los casos conocidos públicamente hasta ahora.

Las asociaciones de víctimas elogiaron la revelación, pero criticaron el hecho de que no revela los nombres de los abusadores ni de sus encubridores. También quieren que se abran procesos penales contra los pocos abusadores que siguen con vida y un plan detallado de compensación a las víctimas.

“Es una tímida medida que va en la buena dirección, pero se queda muy corta”, dijo el viernes el vocero de la Asociación Infancia Robada, Miguel Hurtado, a The Associated Press.

Los jesuitas son miembros de la Sociedad de Jesús, una orden católica fundada en 1540 por Ignacio Loyola. Según su sitio web, la orden regenta 68 escuelas con unos 75.000 estudiantes en España, media decena de universidades y otros centros de educación superior.

La Sociedad de Jesús en España dijo en su informe publicado el jueves que la investigación interna confirmó que 96 miembros habían sido acusados de abusos sexuales desde 1927, el año del primer caso registrado. Para 65 jesuitas, las víctimas eran menores de edad. Sin embargo, el informe destaca que los acusados constituyen apenas el 1% de los 8.782 miembros admitidos en la orden durante los últimos 93 años.

El papa Francisco, el primer pontífice jesuita, ha tratado de sensibilizar a la Iglesia en todo el mundo sobre el problema del abuso clerical y ha aprobado leyes para responsabilizar a los miembros de la jerarquía que lo encubren.

Tal como sucede con otras órdenes religiosas especializadas en la educación, el informe muestra que las escuelas jesuitas se convirtieron en ricos cotos de caza para los curas depredadores, a los que suministraban una cantidad constante de víctimas. La mayoría de los abusos habían tenido lugar en las escuelas o estaban relacionados con ellas, dijeron los jesuitas.

Sólo 17 de los abusadores de menores siguen vivos y de éstos, los 13 que siguen vinculados con la orden han sido castigados o aguardan los resultados de investigaciones penales o internas y todos han sido reubicados en funciones sin contacto con niños, dice el informe.

Los casos registrados derivan de denuncias, relatos de testigos e informes periodísticos y van desde declaraciones inapropiadas a abusos y violaciones.

El diario español El País dijo que en su investigación de los casos de abuso sexual por clérigos desde 1986, sólo ocho de los 123 presuntos autores eran jesuitas hasta que se conoció el informe de la orden. La revelación, dice el diario, “es un dato llamado a reventar las escasas estadísticas conocidas sobre los abusos de menores en la Iglesia católica española”.

El informe sostiene que hay 19 casos de “rumores” donde no se han encontrado pruebas que permitan hacer denuncias fehacientes y que 15 de los jesuitas acusados fueron absueltos.

El reconocimiento de los jesuitas españoles es significativo, dado que en general las órdenes religiosas han escapado a las investigaciones penales, pesquisas nacionales y revelaciones voluntarias de abusos sexuales, las que tienen a concentrarse en los curas de las diócesis.

Algunas órdenes religiosas en Estados Unidos se han visto obligadas a revelar información sobre los depredadores en sus filas como parte de juicios civiles o procesos de bancarrota. Otras lo han hecho voluntariamente, aunque bajo presión tras el estallido más reciente del escándalo en Estados Unidos, en 2018, pero muchas órdenes han logrado ocultar esa información y fuera de Estados Unidos las revelaciones por parte de las órdenes son sumamente raras.

Las grandes órdenes religiosas operan en muchos sentidos por fuera de la estructura diocesana de la jerarquía católica y responden a sus propios superiores, los que a su vez responden directamente al Vaticano. Por eso, habitualmente no están sometidas a las normas o recomendaciones de sus conferencias nacionales de obispos, que en los últimos años han tratado de controlar el problema, pero pocas fuera de Estados Unidos están de acuerdo con publicar los nombres de los curas acusados.

Para Hurtado —él mismo una víctima de abusos cuando era miembro de un grupo juvenil católico en el noreste de España—, la identificación de los victimarios es necesaria porque la jerarquía durante años ocultó a los clérigos acusados, los trasladó de diócesis o de parroquia o incluso los envió al exterior como misioneros.

“Una vez más, el informe da la impresión de que los abusos han surgido por casualidad, por mala suerte, no como fruto de una política de encubrimiento institucional implementada durante décadas”, dijo el activista.

Los jesuitas presentaron sus conclusiones luego de una investigación interna de dos años como acto de contrición. Reconocieron que se trata de un “estudio limitado” y que “la realidad de los abusos se afrontó en el pasado de manera insuficiente, lo que contribuyó a generar más dolor”.

“Nuestro objetivo es la creación de un entorno seguro en nuestras obras y tareas y parte fundamental de esto pasa por rendir cuentas por el pasado”, dijo Antonio España, Superior Provincial de los Jesuitas.

Bajo un nuevo plan para hacer de sus iglesias y escuelas “entornos seguros para menores y personas vulnerables”, la orden dijo que había elevado la formación de sus clérigos y empleados para prevenir los abusos y a la vez crear un espacio donde las posibles víctimas puedan presentar sus denuncias.

También han elaborado normas para responder a casos sospechosos como parte de “un cambio de cultura profundo”, dijeron los jesuitas.

La orden reconoce, lo cual es inusual, que en algunos casos brindó ayuda económica o para terapia, aunque dijo que no los considera una compensación legal.

La Sociedad de Jesús dijo que está elaborando un protocolo de reparaciones acorde con las leyes españolas.

“En ningún caso entendemos que una compensación borre el sufrimiento, pero sí queremos dar una respuesta allá donde sea posible”, dijo.

En Estados Unidos, la sección noroeste de los jesuitas pagó en 2011 lo que fue hasta el momento la reparación más grande, 166 millones de dólares a 500 víctimas, muchas de ellas de pueblos originarios que sufrieron violaciones y abusos en escuelas y parroquias remotas de los jesuitas en Alaska.

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Nicole Winfield contribuyó desde Roma.