Decisión sobre censo golpea a Trump en repartición de bancas
El intento del presidente Donald Trump para excluir a la gente que vive en Estados Unidos ilegalmente de ser contabilizada en el proceso para repartir los escaños en el Congreso recibió otro golpe el miércoles cuando el director de la Oficina del Censo suspendió indefinidamente el proceso para recopilar los datos sobre el estatus de ciudadanía de cada residente estadounidense.
Los empleados de la agencia que trabajaban para cumplir con la orden de Trump recibieron instrucciones de “retirarse y suspender sus revisiones de datos”, dijo Steven Dillingham, director de la Oficina del Censo, en un memorándum.
En una revisión se halló que había problemas con los datos, lo cual requerirá trabajo adicional, señaló Dillingham.
La Oficina del Inspector General reportó el martes que los trabajadores de la agencia estaban bajo mucha presión por parte de Nathaniel Cogley y Benjamin Overholt, nombrados por Trump, para descubrir quién se encuentra en Estados Unidos de manera ilegal, utilizando los registros administrativos estatales y federales. Los expertos en estadística de la oficina temían que cualquier información sobre ciudadanía que se vieran obligados a producir estuviera incompleta, hubiera sido malinterpretada y empañara la reputación de la agencia de estadísticas, dijo el inspector general en un memorándum.
Dillingham había fijado un plazo que vencía el viernes para que los estadísticos de la agencia le entregaran un informe técnico sobre las labores, señalaba el memo del inspector general, aunque Dillingham respondió que la solicitud la efectuó otro funcionario de la oficina.
Hace dos años, Trump le ordenó a la Oficina del Censo utilizar registros administrativos para determinar quién estaba de manera ilegal en el país luego que la Corte Suprema bloqueó la labor de su gobierno para incluir una pregunta sobre ciudadanía en el cuestionario del censo de 2020.
La información sobre el estatus de ciudadanía de cada residente podría ser utilizada para implementar otra orden de Trump que pretendía excluir a las personas que viven ilegalmente en el país del conteo usado para asignar los escaños en el Congreso y los votos del Colegio Electoral, así como la distribución anual de 1,5 billones de dólares de fondos federales entre los estados.
Un influyente asesor republicano había propuesto excluirlos del proceso de distribución de los escaños legislativos para favorecer a republicanos y a blancos no hispanos. La orden sin precedentes de Trump fue impugnada en más de media docena de demandas en diversas partes del país, pero la Corte Suprema falló en diciembre que cualquier impugnación era prematura.
Sin embargo, la capacidad para implementar la orden del mandatario sobre la distribución de los escaños en el Congreso se encuentra en riesgo, ya que el procesamiento de los datos está programado hasta los primeros días de marzo debido a que es necesario corregir irregularidades halladas durante la fase de desglose de números del censo de 2020, dijeron el lunes los abogados del gobierno de Trump.
El nuevo plazo propinó otro golpe a la orden de asignación de escaños porque la fecha se cumple varias semanas después de que Trump deje la presidencia y el demócrata Joe Biden asuma el cargo el 20 de enero. Biden ha dicho que se opone a dicha iniciativa en el censo.
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Mike Schneider está en Twitter como: https://twitter.com/MikeSchneiderAP.
