Uruguay sigue con fronteras cerradas y sin vacunas por ahora

MONTEVIDEO (AP) — El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, anunció el miércoles la extensión del cierre de fronteras durante 20 días más y la intensificación de los controles en espacios laborales. Las autoridades estiman que seis de cada diez oficinas no cumplen con los protocolos.

Paralelamente, se volverán a autorizar los espectáculos públicos pero con un aforo mínimo. Por la tarde también fue firmado un decreto para permitir que los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales, entidades locales que evalúan la emergencia sanitaria, decidan si bares, restoranes y comercios afines pueden permanecer abiertos hasta las dos de la mañana.

Estas medidas son tomadas por el gobierno por el golpe al turismo que suponen las restricciones a la movilidad en plena temporada alta. “El sector turístico es el más castigado en estos tiempos. De la temporada depende el año económico de muchos uruguayos”, resaltó Lacalle.

La situación económica se viene agravando y no solo para el turismo. Un nuevo aumento de tarifas a partir de enero se suma al anterior de marzo. La inflación registró en estos días el nivel más alto en los últimos años: 9,4%. La pobreza está cercana al 10%.

El pasado 16 de diciembre, el gobierno había anunciado la suspensión del derecho constitucional a la reunión para frenar la movilidad de cara a las fiestas tradicionales de fin de año. Lacalle Pou aseguró el miércoles que sus asesores científicos le manifestaron que el alto número de contagios de estos días ha sido sobre todo por la movilidad de la población durante las fiestas y que es en el interior del país, donde esta situación ha repercutido con mayor intensidad al haberse importado los contagios de la capital Montevideo, que se registra la enorme mayoría de los positivos.

El miércoles también se registró un récord de infectados: casi mil personas dieron positivos. En este momento, cerca de 6.300 uruguayos cursan la infección respiratoria, 3.700 de ellos en Montevideo. Lacalle confirmó que “la enorme mayoría de los contagios se da en el ámbito intrafamiliar”. A pesar de la cantidad de contagios que alarma a la opinión pública, apenas algo más del 50% de las camas de cuidados intensivos están ocupadas, informó Lacalle.

El presidente uruguayo pidió “unos días más” para conseguir las vacunas que ya había prometido en agosto y que volvió a asegurar que estaban negociando en octubre.

A finales de noviembre, el coordinador de relaciones internacionales del Ministerio de Salud Pública, Franco Alaggia, escribió un email a la compañía Pfizer informando que Uruguay no usaría sus vacunas. El caso se conoció en la prensa local y Lacalle Pou echó al funcionario mientras el gobierno comunicaba que el presidente se ponía a la cabeza de las negociaciones con varios laboratorios para conseguir las dosis. Trascendidos de prensa de estos días informaban que el acuerdo era inminente, pero el miércoles Lacalle volvió a pedirle a los uruguayos más tiempo para que llegue la vacuna.

Aunque el gobierno se excusa en cláusulas de confidencialidad para no dar a conocer detalles de las negociaciones, dice tener listo un plan de nacional de vacunación. “Podemos llegar a suministrar unas 700.000 vacunas por mes”, anunció el mismo miércoles José Luis Satdjian, subsecretario de Salud Pública.

Sin embargo, en la oposición entienden que el gobierno no tiene un plan y que han perdido mucho tiempo. El expresidente José Mujica, en su audición radial, dijo el mismo día que “el tiempo es un factor clave. Cuanto más pasa, más estragos hace el virus y más difícil y cara será la recuperación”.

El martes el ministro de Salud, Daniel Salinas, y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, comparecieron ante la comisión de Salud del Senado citados por los legisladores opositores del Frente Amplio.

En los mensajes de gobierno “se desvirtuó la alta tasa de positividad, no se está dando el mensaje que la situación es grave y se estimula el no cuidado”, advirtió el senador Damiel Olesker a The Associated Press.

El senador se mostró preocupado por la ausencia de recursos económicos destinados a los sectores más desfavorecidos. Entre el 13 de marzo y el 30 de noviembre, el gobierno destinó 470 millones de dólares a seguro de paro o enfermedad y transferencias directas.

El Frente Amplio propuso una renta básica para los 300.000 hogares más sumergidos por el impacto de las restricciones que golpean a la economía, pero el gobierno no se ha expedido al respecto. “Está claro que hay una decisión de priorizar medidas para que hagan un poco de peso y no poner dinero”, señaló a la AP.

El Ejecutivo volverá a comunicar nuevas medidas en diez días, manifestó el presidente.