El Salvador: denuncian magistrados por cerrar caso jesuitas

SAN SALVADOR (AP) — El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra dos jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia por negarse a reabrir el caso de la masacre de seis curas jesuitas y sus dos colaboradoras perpetrada por un comando del ejército en 1989.

“Dos de los tres magistrados de la Sala de lo Penal establecieron que los autores intelectuales no deberían de investigarse, el tercero dijo que no estaba de acuerdo y emitió un voto en discordia”, dijo el miércoles a The Associated Press el abogado del Instituto, Arnau Baulenas.

En su resolución, el tribunal superior en materia penal apoyó y ratificó el sobreseimiento dado por un juzgado en el año 2000 en beneficio de los autores mediatos.

La denuncia es contra los magistrados José Roberto Argueta Manzano y Juan Manuel Bolaños Sandoval, porque según el Instituto, existen suficientes indicios de haber cometido el delito de prevaricato que establece que “el juez que, por negligencia o ignorancia inexcusable, dictare sentencia manifiestamente injusta, será sancionado con prisión de dos a cuatro años”.

Agregó que sobre el recurso “ilegítimamente solicitado por los militares acusados, omitieron completamente, por negligencia o ignorancia, cualquier referencia a la sentencia definitiva” que declaró inconstitucional la amnistía general que impedía que se procesara a los involucrados en crímenes de guerra detallados en el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, en el que se incluye la masacre de los jesuitas.

A su vez sostuvo que la sentencia de la Sala de lo Penal “es un verdadero atentado contra el Estado de Derecho y los derechos humanos en El Salvador, porque promueve la impunidad”, por lo que es procedente exigirles a las demás instituciones públicas que realicen las acciones necesarias para corregir y sancionar esta situación.

Advirtió que ésta es la primera denuncia que se emprende con el propósito de que se corrijan los retrocesos observados en la implementación de la justicia en El Salvador y que el próximo año se emprenderán otras acciones a nivel nacional e internacional.

Durante años los intentos por investigar y enjuiciar a los autores intelectuales del asesinato se dilataron por maniobras legales y la resolución del máximo tribunal en materia penal podría cerrar todos los caminos para que se haga justicia.

Desde noviembre de 2017, después de que la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley de amnistía general de 1993 que impedía procesar a los involucrados en crímenes de guerra, la comunidad jesuita salvadoreña ha estado batallando para que se permita la reapertura del juicio.

En marzo de 2019 la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador ordenó la reapertura del juicio contra un grupo de militares señalados por su presunta participación en la matanza, pero los abogados defensores presentaron todos los recursos posibles para evitar el proceso llevando el caso hasta la Corte Suprema.

Los jesuitas, que habían dado por cerrado el proceso contra los autores materiales de los crímenes, insisten en el esclarecimiento de la autoría intelectual, que se investigue la participación de seis militares y del expresidente Alfredo Cristiani, quien gobernó entre 1989 y 1994.

Esperan que en el juicio se pueda determinar si el comandante general de la fuerza armada de ese momento, el expresidente Cristiani, “supo o no que iban a asesinar a los jesuitas y cuál fue su actuación”.

Cristiani ha negado cualquier implicación o conocimiento del plan para matar a los sacerdotes.

El abogado Baulenas dijo a la AP que la reciente sentencia en España contra el excoronel Inocente Montano, condenado a 133 años de prisión, muestra que las órdenes provenían de las altas esferas militares y de poder.

En un juicio considerado poco transparente, el coronel Guillermo Benavides, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados de un batallón de élite entrenados en Estados Unidos, fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.

Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron condenados pero luego se beneficiaron con la amnistía de 1993 promovida por Cristiani tras la publicación del informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas.

Tras la derogación de la ley de amnistía un juez confirmó la condena a 30 años y Benavides regresó la cárcel. Sus abogados apelaron la decisión ante un tribunal superior sin éxito.

Los jesuitas han pedido oficialmente que se conmute la pena a Benavides, de 78 años, el único militar preso por su participación en la matanza, pero la Corte Suprema no ha resuelto la petición de perdón.