Aguardan a Donald Trump pesquisa penal y batallas judiciales
A unos kilómetros (millas) de la Torre que lleva su apellido y donde Donald Trump comenzó su campaña para ser presidente, los fiscales en Nueva York trabajan en una investigación sobre los negocios del mandatario que podría afectarlo mucho tiempo después de que deje el cargo en enero.
La pesquisa encabezada por el fiscal federal de Manhattan, Cyrus Vance Jr., es uno de diversos enredos legales que posiblemente se intensifiquen una vez que Trump deje la Casa Blanca, porque ya no tendrá el poder ni la inmunidad frente a tribunales.
Trump enfrenta dos pesquisas del estado de Nueva York en cuanto a si engañó a las autoridades fiscales, bancos o socios de negocios. Dos mujeres a las que presuntamente agredió sexualmente lo están demandando. Algunos demócratas están exigiendo se reactive una investigación federal a las finanzas de campaña que al parecer canceló el secretario de Justicia, William Barr.
Se desconoce si en alguna de las investigaciones se han recabado suficientes pruebas para acusar a Trump de algún delito.
Enjuiciar a un expresidente podría no tener precedente en un país que ha buscado, desde su fundación, dejar a un lado las supuestas transgresiones del comandante en jefe saliente en aras de una transición pacífica del poder.
“Debido a la aguda polarización del país en 2020, ¿una batalla judicial sería vista en última instancia como una venganza política? Es un cálculo difícil”, afirmó Meena Bose, directora ejecutiva del Centro Peter S. Kalikow para el Estudio de la Presidencia Estadounidense en la Universidad Hofstra.
Trump ha dicho que tiene el “derecho absoluto” de perdonarse él mismo de cualquier delito federal, pero el concepto continúa sin ser puesto a prueba porque ningún presidente lo ha intentado. De acuerdo con una opinión del Departamento de Justicia en 1974, los presidentes no pueden indultarse porque eso infringiría la “norma fundamental de que nadie puede ser juez en su propio caso”.
El presidente ha utilizado antes su autoridad de indulto a fin de ayudar a amigos y acusados prominentes. Conmutó la sentencia de su amigo de mucho tiempo Roger Stone en julio y la del exgobernador de Illinois Rod Blagojevicha en febrero y ha dejado entrever que podría hacer lo mismo en otros casos antes de que concluya su presidencia.
La investigación de Vance es particularmente problemática para Trump, porque implica posibles cargos a nivel estatal que no podrían ser desechados con el indulto presidencial.
Vance, que es demócrata, no ha revelado los detalles de su pesquisa, citando las normas del secreto del jurado investigador, pero su despacho ha dicho en documentos presentados ante la corte que está relacionada con informes públicos sobre “conducta penal extensa y prolongada en la Organización Trump”.
El exabogado y colaborador personal de Trump, Michael Cohen, dijo al Congreso que Trump a menudo inflaba el valor de sus activos cuando trataba con acreedores o posibles socios de negocios, pero los desinflaba cuando le convenía con propósitos fiscales.
Durante el tiempo que Trump ha estado en el cargo, el avance de la investigación se ha visto obstaculizado en tribunales debido a la disputa de si los fiscales podrían tener acceso a las declaraciones de impuestos del mandatario o si éste tiene alguna inmunidad frente a una investigación estatal. Una apelación relacionada con una disputa judicial sobre expedientes se encuentra ya en la Corte Suprema de Estados Unidos.
La oficina de Vance declinó hacer comentarios. Se desconoce si la pesquisa de larga data está cerca de su conclusión, o a meses o años de alguna resolución.
The Associated Press dejó un mensaje a un abogado de Trump en busca de declaraciones. Trump describió alguna vez la pesquisa de Vance como “una continuación de la cacería de brujas, la cacería de brujas más grande en la historia”.
La secretaria estatal de Justicia de Nueva York, Letitia James, también investiga si la compañía de Trump mintió sobre el valor de sus activos para conseguir créditos o beneficios fiscales, aunque su pesquisa es civil, no penal. El hijo de Trump, Eric Trump, habló en video con investigadores el mes pasado después de perder una pelea en un tribunal para aplazar su declaración hasta después de las elecciones.
Hubo nuevas revelaciones el jueves de que James y Vance también solicitado mediante citación documentos relacionados con las deducciones fiscales de la compañía de Trump en relación con honorarios de consultoría de negocios pagados a su hija, Ivanka Trump.
Parte de la investigación penal de Vance corresponde a pagos efectuados durante la campaña de Trump en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels y la modelo Karen McDougal para que no hablaran públicamente de las supuestas relaciones extramaritales que tuvieron con él.
Cohen se declaró culpable de arreglar los pagos, que fiscales federales de Manhattan afirman equivalían a obsequios ilegales a la campaña de Trump. Los fiscales informaron en documentos judiciales que Trump dirigió el proceder de Cohen, pero no le fincaron cargos. Trump ha negado esas relaciones e informó que cualquier pago efectuado fue un asunto personal, no un gasto de campaña.
El Departamento de Justicia tiene una política de larga data según la cual es inconstitucional enjuiciar a un presidente en el cargo ante una corte federal.
También existe la posibilidad de que un Departamento de Justicia encabezado por un demócrata pueda perseguir asuntos que quedaron sin cargos en la investigación de Robert Mueller sobre la intromisión rusa en los comicios de 2016, como las afirmaciones de que Trump obstruyó la justicia.
El presidente electo Joe Biden, que es demócrata, ha dicho que no ordenará a su Departamento de Justicia que finque cargos a Trump, pero que tampoco se interpondrá en las pesquisas que emprenda.
“Yo no voy a hacer ese juicio individual”, declaró Biden a la prensa en agosto.
Algunos demócratas han advertido que abrir un proceso contra Trump podría encolerizar a los casi 74 millones de estadounidenses que votaron por él, complicando el compromiso de Biden de zanjar las divisiones políticas en la nación. El exsecretario de Justicia Eric Holder, que es demócrata, ha advertido sobre el “posible costo para la nación” de enjuiciar a un expresidente.
Richard Nixon fue indultado por su sucesor, Gerald Ford, después de que renunciara en 1974 por el caso Watergate en un intento de Ford para neutralizar las repercusiones de un fuerte escándalo político. Bill Clinton, en su último día en el cargo, alcanzó un acuerdo con el abogado especial Robert Ray para evitar un proceso por acusaciones de perjurio que habían propiciado su juicio político. Clinton acordó que le suspendieran su licencia de abogado durante cinco años y pagar una multa de 25.000 dólares por mentir en un juicio por acoso sexual.
Paul Rosenzweig, exprominente abogado en la investigación sobre Clinton, arguye que la posible conducta penal derivada del tiempo de Trump como empresario podría convertirlo en la excepción a la práctica de que no se enjuicie a un expresidente.
“Nunca hemos tenido un presidente que haya sido acusado creíblemente de actividad penal antes de su presidencia”, apuntó.
Una vez que deje la presidencia, Trump ya no podrá atribuir a su cargada agente un motivo para demorar las demandas civiles, como las presentadas por E. Jean Carroll, excolumnista consejera de una revista y Summer Zervos, restauradora y participante en su antiguo programa televisivo “The Apprentice”.
Carrol afirma que Trump la violó a mediados de la década de 1990 en una tienda de departamentos en Nueva York. En su demanda se afirma que el rechazo de Trump a la acusación, incluso decir que “mentía totalmente” para vender un libro de memorias, la difamó. Carrol busca una muestra de ADN de Trump para ver si coincide con el material encontrado en un vestido que ella afirma que llevaba puesto cuando ocurrió la supuesta agresión.
Zervos asegura que Trump la besó y toqueteó cuando ella intentaba hablarle sobre su carrera en 2007. Trump rechaza las acusaciones y retuiteó un mensaje en el que calificó de patrañas las aseveraciones de Zervos.
Los abogados de Trump han sostenido que la demanda de Zervos por difamación debía ser aplazada hasta que él deje la presidencia. Eso sucederá dentro de nueve semanas.
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Los periodistas de The Associated Press, Jim Mustian y Jennifer Peltz, en Nueva York y Eric Tucker, en Washington, contribuyeron a este reportaje
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