Perú en caos, mientras exigen la renuncia del presidente

LIMA (AP) — Perú estaba hundido el domingo en su peor crisis política en dos décadas en medio de llamados de diversos sectores para que renuncie el presidente Manuel Merino tras protestas masivas que dejaron dos muertos y casi 100 heridos.

Al menos 13 de 19 ministros del gabinete de Merino renunciaron y el presidente del Congreso sesionaba de emergencia con la junta de portavoces de los partidos para discutir una posible dimisión del mandatario.

La seguridad social confirmó dos muertes por "proyectiles de armas de fuego". Jack Pintado, de 22 años, recibió 11 impactos en el cráneo, rostro, tórax y genitales, mientras Jordan Sotelo, de 24 años, cuatro heridas en el tórax “a la altura del corazón”, se informó.

El Ministerio de Salud añadió que 94 quedaron heridos, entre ellos 63 hospitalizados, varios con politraumatismos, inhalación de gases lacrimógenos y heridas de armas de fuego.

Pero Mar Pérez, abogada de la reconocida organización Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dijo más tarde que tras recopilar información habían 112 heridos y 41 manifestantes con paradero desconocido.

El experto en seguridad y exministro del Interior José Pérez dijo a la prensa que las carabinas para disparar perdigones de goma eran armas "menos letales" y su peligrosidad aumentaba dependiendo de la “cercanía con la que se dispara, a donde va el disparo y la cantidad de pólvora que tiene el cartucho”.

Mientras tanto, el Nobel peruano de Literatura Mario Vargas Llosa dijo en un mensaje que los fallecidos “habían sido sacrificados absurdamente, estúpidamente, injustamente” por la policía y pidió cesar la represión contra “todo Perú” que protesta de forma “tan masiva” en contra de la destitución de Vizcarra.

El Congreso se reunía el domingo para pedir la renuncia de Merino y ensayar una fórmula legal que permita que uno de los 130 legisladores asuma la presidencia del país.

El presidente del Congreso, Luis Valdez, dijo a la televisora N que “tenemos que evaluar no solo la renuncia de Merino sino ver la forma constitucional de que se pueda resolver esta crisis política”.

César Landa, profesor de Derecho constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Perú, dijo a The Associated Press que otro camino era “anular” la destitución, aprobada el lunes por el Congreso, que expulsó del poder a Martín Vizcarra y que éste retome el poder.

Merino no se ha mostrado públicamente tras las muertes y tampoco ha emitido declaraciones.

El Salvador fue el primer país en desconocer la presidencia de Merino. El presidente de ese país centroamericano Nayib Bukele dijo en su cuenta de Twitter que no reconocen "al Gobierno golpista de Merino”, en tanto que pocos países han reconocido al nuevo gobernante peruano.

El primer ministro, Antero Flores-Aráoz, dijo en la madrugada a la radio RPP que el presidente no le respondía el teléfono. “Lo estoy llamando y no logro comunicarme”, comentó. Cuando se le preguntó cuántos ministros habían renunciado, Flores-Aráoz dijo “no tengo la más remota idea”.

Las dos muertes ocurrieron en medio del excesivo uso de la fuerza por parte de la policía, una práctica denunciada ya el viernes por Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

La Asociación Nacional de Periodistas indicó el sábado que entre el lunes y el jueves durante las manifestaciones hubo 35 ataques a reporteros y añadió que “29 han sido perpetrados por agentes policiales y 6 por sujetos no identificados en el marco de las manifestaciones ciudadanas”.

Merino, de 59 años, descartó la mañana del sábado a la radio RPP que las manifestaciones fueran contra su gobierno y añadió que los jóvenes protestaban “en el marco de su propia preocupación” contra el desempleo o por no haber culminado sus estudios.

Las protestas contra Merino empezaron el lunes y el sábado se llevaron a cabo en las principales ciudades de los Andes y la Amazonía. En Lima más de 5.000 manifestantes con mascarillas y protectores faciales llevaban carteles que decían “Merino no es mi presidente”, entre otras frases.

Merino asumió el poder el lunes luego que el Congreso, que él dirigía, destituyó de la presidencia a Martín Vizcarra mediante una cláusula vaga instaurada en el siglo XIX llamada “incapacidad moral permanente”. Se convirtió en el tercer presidente desde 2016, desnudando la fragilidad del país.

Vizcarra ganó enorme popularidad en 2018 por iniciar una cruzada anticorrupción en un país donde los expresidentes de los últimos 35 años están investigados o condenados por casos de corrupción.

El expresidente tiene prohibido salir del país por un periodo de 18 meses y se encuentra bajo indagación de la fiscalía al ser acusado por otros investigados de recibir una coima hace seis años cuando fungía como gobernador de la región Moquegua. Él negó las acusaciones y anunció que colaborará con las pesquisas.

Vizcarra dijo la noche del sábado en su cuenta de Twitter: “Lamento profundamente las muertes ocurridas a causa de la represión de este gobierno ilegal e ilegítimo”. Añadió que “el país no permitirá que la muerte de estos valerosos jóvenes quede impune”.

Las marchas son las primeras tras una atenuación de los contagios de coronavirus. La propagación de COVID-19 ha convertido a Perú en uno de los países con mayor número de decesos per cápita en todo el mundo y ha sumido a la economía nacional en una recesión con una proyección de pérdida en 2020 de 14 puntos del Producto Interno Bruto, según el Fondo Monetario Internacional .

El gobierno de Merino prometió que su gabinete ministerial iba a ser multipartidario, pero eligió a uno de tendencia conservadora. El primer ministro Antero Flores-Aráoz, de 78 años, dijo durante la semana “no entender” las razones por las que protestaban los jóvenes.

Flores-Aráoz retornó al Ejecutivo luego que en 2009 renunció junto a un gabinete ministerial de ese entonces luego de una rebelión de indígenas amazónicos en la que murieron 34 personas, 24 de ellos agentes y 10 civiles.

Los indígenas protestaban contra dos decretos aprobados en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que permitían que empresas privadas perforen los suelos de las comunidades en busca de petroleo y gas. Tras la masacre los decretos fueron derogados.

Si Merino continúa como presidente de Perú debería culminar su gestión el 28 de julio de 2021 cuando entregue el mando al nuevo mandatario elegido bajo elecciones democráticas.