El Salvador: rechazan apertura de juicio del caso jesuitas
SAN SALVADOR (AP) —
Una resolución de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador dejó en la impunidad la autoría de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras que fue perpetrado por un comando de las fuerzas elites del ejército en noviembre de 1989.
El tema sigue siendo sensible en el país y volvió a cobrar relevancia el jueves, cuando la Compañía de Jesús y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) —dirigida por jesuitas— se pronunciaron rechazando la resolución de la Corte y debido a que el próximo lunes 16 se conmemorará un aniversario más de la matanza.
Durante años, los intentos por investigar y enjuiciar a los autores intelectuales del asesinato se han dilatado por maniobras legales y la resolución del máximo tribunal en materia penal podría cerrar todos los caminos para buscar que se haga justicia.
En su resolución, la Sala de lo Penal de la Corte apoya y ratifica el sobreseimiento dado por un juzgado en el año 2000 en beneficio de los autores mediatos. Al respecto, los jesuitas señalan que la Sala no toma con seriedad la calificación de crimen de lesa humanidad que el pleno de la Corte dio en su momento a la masacre, ni la calificación de crimen de guerra dada por la Cámara de lo Penal.
En su pronunciamiento del jueves, tanto la Compañía de Jesús como la UCA piden que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema actúe de oficio y declare nula la resolución de la Sala de lo Penal “por incumplir con la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía”.
Desde noviembre de 2017, después que la Corte Suprema declarara inconstitucional la ley de amnistía general para la consolidación de la paz de 1993 que impedía que se procesara a los involucrados en crímenes de guerra, la comunidad jesuita salvadoreña ha estado batallando para que se permita la reapertura del juicio.
En marzo de 2019, la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador le ordenó al Juzgado Tercero de Paz la reapertura del juicio contra un grupo de militares señalados por su presunta participación en la matanza, pero los abogados defensores presentaron todos los recursos posibles para evitar el proceso llevando el caso hasta la Corte Suprema.
Los jesuitas que habían dado por cerrado el proceso contra los autores materiales de los crímenes insisten en el esclarecimiento de la autoría intelectual, que se investigue la participación de los militares y del mismo expresidente Alfredo Cristiani, quien gobernó entre 1989 y 1994.
Esperan que en el juicio se pueda determinar si el comandante general de la fuerza armada de ese momento, el expresidente Cristiani, “supo o no que iban a asesinar a los jesuitas y cuál fue su actuación”.
Cristiani ha negado cualquier implicación o conocimiento del plan para matar a los sacerdotes.
El abogado Arnau Baulenas, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, donde se perpetró la masacre, dijo a The Associated Press que la sentencia en España contra el excoronel Inocente Montano, condenado a 133 años de prisión, muestra que las órdenes provenían de las altas esferas militares y de poder.
En un juicio considerado poco transparente, el coronel Guillermo Benavides, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del Batallón élite Atlacatl, entrenados en Estados Unidos, fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.
Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron condenados, pero fueron beneficiados en 1993 por una amnistía promovida por Cristiani después de publicarse un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que investigó y documentó la masacre, responsabilizando a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.
Benavides había sido favorecido y sobreseído con la ley de amnistía general para la consolidación de la paz de 1993, la misma que en julio de 2016 fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.
Tras la derogación de la ley de amnistía, un juez confirmó la condena de 30 años y Benavides regresó la cárcel. Sus abogados apelaron la decisión ante un tribunal superior sin éxito.
Los jesuitas han pedido oficialmente que se conmute la pena al coronel Benavides, de 78 años, el único militar preso por su participación en la matanza, pero la Corte Suprema no ha resuelto la petición de perdón.
