Nigeria: Ejército admite que estaba en tiroteo en Lagos

LAGOS, Nigeria (AP) — El ejército nigeriano admitió que había soldados desplegados en la zona de peaje de Lekki en Lagos, donde varios manifestantes pacíficos murieron baleados la semana pasada. El incidente ha provocado indignación internacional.

Al menos 10 manifestantes murieron en la balacera del 20 de octubre, según Amnistía Internacional.

El Ejército había mantenido que no había tropas suyas en el lugar, pero el mayor Osoba Olaniyi, vocero militar, cambió esa versión el martes por la noche al decir que había soldados desplegados en la zona de peajes para vigilar el cumplimiento de un toque de queda. Sin embargo, negó que los militares disparasen a los manifestantes.

“En ningún momento los soldados del Ejército de Nigeria abrieron fuego contra ningún civil”, afirmó en un comunicado.

El Ejército admitió su presencia en el lugar después de que el gobernador del estado de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, dijera que las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraban a soldados nigerianos en la plaza y disparando a los manifestantes pacíficos.

Olaniyi dijo que se habían desplegado militares por orden del gobierno estatal de Lagos, aunque el gobernador ha dicho que el estado no tiene autoridad sobre el Ejército. Muchos nigerianos se preguntan por qué se desplegaron tropas ante una protesta pacífica que reunió a miles de personas.

Un comité judicial empezó a investigar el tiroteo el martes. El comité también investigaba las acusaciones de abusos contra el Escuadrón Especial Antirrobo, una unidad policial conocida por sus siglas SARS.

A principios de octubre se inició una fuerte campaña contra esa división tras la difusión de un video en el que se veía a un hombre recibir una golpiza, aparentemente a manos de agentes del SARS. Las protestas, pacíficas y bien organizadas, cortaron el tráfico en Lagos y muchas otras ciudades del país. El gobierno del presidente, Muhammadu Buhari, aceptó desmantelar la unidad policial, aunque las protestas se mantuvieron con demandas de profundas reformas policiales y medidas anticorrupción.

Los manifestantes eran en su mayoría pacífica, pero varios murieron baleados, según Amnistía Internacional, que acusó a las autoridades de emplear una fuerza innecesaria. El gobierno impuso un toque de queda el 20 de octubre y ordenó a todo el mundo quedarse en casa. Esa noche se registraron los tiroteos en el puesto de peaje. Durante los dos días siguientes hubo disturbios generalizados en la ciudad.