Con Trump, EEUU ya no le abre las puertas a los refugiados

Durante décadas, Estados Unidos ofreció santuario a los oprimidos y admitió cada año más refugiados que todos los demás países en forma combinada.

Esa política de brazos abiertos cambió durante la presidencia de Donald Trump, que redujo en más de un 80% la cantidad de refugiados que recibió el país, siendo desplazado por Canadá como la nación que admite más personas que le escapan a las guerras y la persecución.

Trump cambió el sistema inmigratorio de Estados Unidos más que ningún otro presidente en la historia, llenando de júbilo a sus partidarios con su prédica de “Estados Unidos primero” y de furia a sus detractores, que consideran que es una política aislacionista, xenofóbica y hasta racista.

Las consecuencias del desmantelamiento de un programa de refugiados que llevaba 40 años se sienten en todo el mundo, en momentos en que hay 80 millones de desplazados por la guerra y el hambre.

Esa cifra incluye a una mujer iraquí que no puede ingresar a Estados Unidos a pesar de que su padre ayudó a los estadounidenses en la guerra y una mujer en Uganda que no puede reunirse con su marido en Seattle a pesar de un fallo judicial que exige que esos casos sean tramitados rápidamente.

“Mis hijos están aquí y lloran todas las noches, mi esposa llora todas las noches en Uganda”, dijo el refugiado congolés Sophonie Bizimana, quien tiene residencia permanente en Estados Unidos y no sabe por qué su esposa no está con su familia. “Yo la necesito, sus hijos la necesitan”.

Trump redujo la cantidad de refugiados a ser admitidos todos los años, hasta llegar a solo 15.000 en el 2021.

El Departamento de Estado justifica esta política diciendo que tiene por objetivo proteger las fuentes de trabajo de los estadounidenses durante la pandemia del coronavirus. Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump, dijo que el gobierno quiere que los refugiados se asienten más cerca de sus países de origen y trabajen para resolver las crisis que los hicieron marcharse.

“No se puede resolver este problema a partir del programa de reubicación en Estados Unidos. La solución la debe dar la política exterior”, sostuvo Miller en declaraciones a la AP.

El gobierno también fijó más condiciones para la admisión de refugiados.

Legisladores demócratas critican esas medidas y dicen que se excluye a muchos de los más necesitados. El demócrata Joe Biden afirma que admitirá 125.000 refugiados anuales si llega a la Casa Blanca.

Unos mil refugiados que estaban listos para viajar tal vez no puedan hacerlo ahora debido a las nuevas restricciones, según Mark Hetfield, presidente de HIAS, una organización que trabaja en la reubicación de refugiados. Por ejemplo, muchos sirios ya no pueden ser admitidos porque no hay una categoría que contemple a personas que le huyen a las guerras.

Incluso quienes satisfacen los requisitos podrían ver demoradas sus admisiones ante la actual rigidez del sistema inmigratorio. Los refugiados, por ejemplo, deben presentar las direcciones donde vivieron los últimos diez años, algo casi imposible cuando alguien ha estado viviendo como pudo en el exilio, según el Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados.

El gobierno de Trump dejó sin efecto otros programas humanitarios, como el Status de Protección Temporal que cobijó a 400.000 personas que le escaparon a desastres naturales o la violencia.

Los oriundos de países como Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Nepal y Siria corren peligro de ser deportados en el marco de un plan para poner fin al programa en enero. Entre ellos figura Lili Montalván, quien llegó de El Salvador sola hace un cuarto de siglo, cuando tenía 16 años. Su padre fue deportado a Perú el año pasado.

“Tenemos hijos, casas, somos parte de este país”, dijo Montalván, quien limpia casas y vende comidas que ella cocina.

Los esfuerzos del gobierno por reducir significativamente tanto la inmigración ilegal como la legal han dado lugar a numerosas demandas.

Una que radicó el congolés Bizimana se resolvió el 10 de febrero en un tribunal federal de Seattle, que exigió al gobierno que agilizase el procesamiento de los casos de unas 300 familias. Pero ya han pasado ocho meses desde esa victoria legal y su esposa todavía no está aquí. Y nadie le dice por qué.

Del otro lado del mundo, una mujer iraquí cuyo padre ayudó a los soldados estadounidenses no sabe por qué su caso está empantanado. Habló a condición de no ser identificada por temor a que su familia sufra represalias.

Su padre trabajó de cerca con las fuerzas estadounidenses en Irak. Por esa relación, médicos estadounidenses aceptaron tratar dos inusuales problemas de salud que tiene su hija, incluyendo uno que hace que su sistema inmunológico ataque sus órganos.

Sus frecuentes visitas a bases de Estados Unidos hicieron que milicianos de su barrio de Bagdad la amenazasen de muerte y ella y su familia huyeron a Jordania en el 2016.

La mujer, de 51 años, espera desde entonces poder ir a Estados Unidos, donde tiene un hermano en Syracuse, estado de Nueva York. Su familia fue entrevistada por funcionarios estadounidenses y ya se completó la revisión de antecedentes.

Nadie se explica por qué su caso está tan demorado.

Ha pasado tanto tiempo que expiró el documento de identidad que le dio la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, lo que implica que ya no tiene derecho legal a permanecer en Jordania. Ella teme ser deportada a Irak.

“Este es nuestro quinto año en Jordania y nos estamos quedando sin dinero. Espero recibir buenas noticias pronto”, dijo la mujer.

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Snow informó desde Phoenix, Watson desde San Diego.

Los reporteros de la Associated Press Omar Akour (Amán, Jordania), Elliot Spagat (San Diego) y Matthew Lee (Washington) colaboraron en este despacho.