EEUU: buscan que argentino enfrente cargos por masacre

MIAMI (AP) — Durante casi cinco décadas han esperado justicia en Argentina. Ahora quieren que el mundo entero sepa que uno de los presuntos asesinos de sus familiares vive libremente en Miami.

Por eso han depositado sus esperanzas en las cortes estadounidenses, donde han demandado al exmarino argentino Roberto Guillermo Bravo por su presunta participación en la llamada “Masacre de Trelew” ocurrida en la Patagonia en 1972 en la que hubo 16 muertos y tres sobrevivientes que luego desaparecieron.

“Mi padre sobrevivió a la masacre de Trelew y quiso dedicar su vida a exponer la verdad de lo sucedido, pero fue asesinado antes de que pudiera hacer justicia”, dijo Raquel Campos, una de las cuatro demandantes. “Espero que el sistema de justicia de Estados Unidos pueda ayudarnos a hacer justicia y finalmente cerrar este capítulo doloroso de la historia argentina y poner fin a los 50 años de impunidad de Bravo”, expresó.

Según la demanda civil, Bravo estuvo involucrado en la ejecución extrajudicial y en las torturas de los presos políticos en 1972. Aunque los hechos tuvieron lugar en Argentina, la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura permite acciones judiciales siempre que los acusados estén en Estados Unidos como Bravo, que lleva décadas viviendo en este país.

La acción legal, que podría llevar un par de años en resolverse, fue presentada el martes en los tribunales federales del sur de Florida. Además de Campos, los otros tres demandantes son Eduardo Capello, Alicia Krueger y Marcela Santucho. Los representan el Centro por la Justicia y Rendición de Cuentas y un estudio de abogados.

“Busca que se reconozca la historia y los crímenes que Bravo ha cometido”, expresó la abogada Claret Vargas, del Centro por la Justicia y Rendición de Cuentas, refiriéndose a la demanda y explicó que como se trata de una acción civil busca también un resarcimiento económico. Se abstuvo, sin embargo, de decir cuánto sería el monto.

La Masacre de Trelew ocurrió cuatro años antes de la campaña de persecución, torturas y desapariciones que emprendió la última dictadura argentina (1976-1983) contra militantes de izquierda. Según los demandantes, este caso allanó el camino a la posterior “guerra sucia”.

Bravo salió de Argentina en 1973 para desempeñarse como agregado militar de su país en Estados Unidos. Tras jubilarse se radicó aquí y se naturalizó ciudadano estadounidense en 1987.

Actualmente vive en el sur de Florida, y de acuerdo con los demandantes, es un “exitoso” empresario.

El abogado de Bravo, Neal Sonnett, dijo en un mensaje de correo electrónico a la AP que “la demanda es legalmente incorrecta, falsa en los hechos y sin sustento moral”, tras remarcar que los hechos fueron hace casi 50 años y su extradición fue denegada en 2010.

En 2005 se abrió en Argentina una investigación penal para determinar las responsabilidades de la masacre. Tres años después Bravo y otros ocho exoficiales fueron acusados y su país solicitó su extradición a Estados Unidos.

Pero en 2010 un juez federal de Miami denegó ese pedido. Su abogado, Sonnett, calificó en ese momento a la decisión judicial como “una victoria legal importante”.

Los otros tres militares fueron procesados y condenados en 2012. Bravo es el único que ha escapado a la justicia argentina.

En noviembre de 2019 fue presentada una segunda solicitud de extradición, que aún está en proceso.

Los abogados que representan a las familias esperan que la demanda civil ayude a sustentar el pedido de extradición y facilite la salida de Bravo hacia Argentina para que sea juzgado allí.

Bravo ha dicho que la masacre se debió a un tiroteo entre militares y un grupo de guerrilleros que trataba de escapar. Su defensa ha dicho también que las autoridades militares argentinas ya lo habían declarado inocente y que una ley de amnistía lo había absuelto de ser procesado por los delitos de los que está acusado.

Aunque la demanda fue presentada en nombre de cuatro familias, muchas más se sienten esperanzadas.

“Es sacar a luz lo que pasó e impedir que vuelvan a cometerse estas atrocidades”, expresó Ilda Bonardi de Toschi, que quedó viuda a los 23 años y con un bebé de siete meses tras la muerte de su esposo en la matanza. “Es tanta la esperanza que tenemos... es buscar justicia”.