Oficina anticorrupción de Argentina cede por falta personal
BUENOS AIRES (AP) — La Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina dejará de ser querellante en causas penales por presunta corrupción en las que aparecen involucrados exfuncionarios —entre otras justificaciones por falta de personal—, una decisión a la que dirigentes opositores le atribuyen segundas intenciones.
El organismo descentralizado dependiente del Poder Ejecutivo dispuso en una resolución difundida el martes “el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter”.
“Tal desempeño en los procesos penales resulta redundante con el del Ministerio Público Fiscal (fiscales)”, aseveró.
La medida será de aplicación inmediata para las causas que están en fase de investigación. Si se tramitara el juicio oral, culminará su participación “tras la recepción de la prueba propuesta” por el organismo. Y si ya se hubieran cumplido con los alegatos, el organismo aguardará la sentencia.
Entre las causas de corrupción que se verán afectadas por esta decisión algunas involucran a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como a exfuncionarios de sus gobiernos de 2007 a 2015.
“Saluden a la impunidad que llegó para quedarse”, comentó Laura Alonso, extitular de la OA durante el anterior gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019). “Había recursos humanos muy buenos. Los echaron o no los recontrataron. Una pena para el país que retrocede muchísimo”.
La decisión se conoce en momentos en que distintas iniciativas del gobierno de Alberto Fernández que involucran a la justicia, como una reforma judicial y el freno al traslado de jueces durante la anterior gestión, son vistas por parte de la oposición como herramientas para proteger a la vicepresidenta.
En la resolución, la OA respaldó su decisión en una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según la cual “debería invertir y dar más visibilidad a su función preventiva y de asesoría”.
Un estudio interno corroboró que una gran cantidad de sus recursos humanos estaban destinados a la Dirección Nacional de Litigio Estratégico --querellas en causas penales-- en desmedro de otras unidades dedicadas a investigaciones y prevención de la corrupción.
En el mismo sentido, la OA dijo que para su adecuado funcionamiento requiere 138 agentes, pero que la actual gestión asumió la conducción del organismo con 30% menos de personal.
“En este marco corresponde ordenar los recursos de la Oficina de un modo racional y económico, corrigiendo los desequilibrios que impactan en sus capacidades para el cumplimiento de su cometido principal... en el sentido de las recomendaciones antes consignadas” por OCDE, concluyó la OA.
