Ecuador anuncia créditos por 7.150 millones de dólares

QUITO (AP) — Ecuador recibirá créditos por 7.150 millones de dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones que serán destinados a pagar salarios y miles de proveedores del estado, en una medida que según algunos expertos disminuiría el impacto del bajón económico debido a la pandemia del coronavirus en lo que resta del año.

“No ha sido nuestra voluntad retrasar el pago a proveedores ni a instituciones que reciben recursos del estado; saben que recibimos el país sin fondos para atender contingencias... lo que teníamos era una fuerte crisis económica y fiscal”, dijo el presidente ecuatoriano Lenín Moreno en un anuncio la noche del domingo.

Durante buena parte de este año, los empelados públicos, incluidos profesores y médicos, han registrado hasta 60 días de retrasos en el pago de sus sueldos, mientras que los proveedores han reclamado varios meses por la falta de pagos de sus facturas.

El ex ministro de Economía, Fausto Ortiz, en declaraciones a The Associated Press, comentó que estos créditos permitirán que el país “caiga menos duro en el último trimestre del año con lo cual disminuirá la cifra de caída económica del año completo”.

Refirió que se esperaba que Ecuador caiga cerca del 11%, pero “con el nuevo financiamiento podría provocar que tenga una mejor situación y ojalá que la caída este por el 8%, cifra que sigue siendo fuerte”.

Los fondos —2.000 millones de los cuales ya están en la caja fiscal— provienen del FMI con el que llegó a acuerdos previamente para desembolsos por 6.500 millones de dólares, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento.

Entre los términos acordados con el FMI están un ajuste equivalente al 6,3 puntos del producto interno bruto entre el año 2021, cuando se espera un recorte de 3,3%, y 2022, del 3%, lo que implica que una parte del acuerdo deberá ser ejecutado por Moreno, quien termina su mandato en mayo, y el resto por el nuevo mandatario, que debe ser elegido en febrero del próximo año.

Para este año el gobierno ecuatoriano espera un déficit fiscal cercano al 9% del PIB, pero hasta el 2022 se espera revertir la situación y lograr un superávit de 0,6 %, principalmente a través de un aumento de la recaudación de impuestos y de un mejor desempeño de la economía.

Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, ante el esperado cambio de gobierno en Ecuador, expresó que “nuestra operación, en muchos países del mundo, reflejan que estos programas son documentos vivos, que se modifican, que se renegocian, siempre y cuando los objetivos del programa se cumplan”.

El Secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, en declaraciones a la red de televisión Teleamazonas, precisó que esta semana se pagarán a los proveedores con los que se tiene deudas hasta por 500.000 dólares, así como a los jubilados y salarios a empleados públicos.

De acuerdo con cifras del Banco Central, el Producto Interno Bruto decreció 12,4% entre abril y junio, la peor cifra para un trimestre en la historia del país, mientras que se estima que al menos 427.000 personas perdieron sus empleos, como consecuencia de una severa contracción de la economía que arrastraba problemas de iliquidez desde el año pasado.

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, explicó a su vez que los nuevos créditos representan un “escudo de protección para la dolarización”, vigente desde 2000 cuando el gobierno de entonces adoptó el dólar de Estados Unidos como moneda nacional para hacer frente a una dura situación económica que puso a Ecuador al borde de la hiperinflación y causó la quiebra o cierre de la mitad de los 42 bancos.

Para acceder a los 6.500 millones de dólares de créditos del FMI, Ecuador logró previamente un acuerdo con tenedores de bonos estatales por 17.300 millones de dólares, de quienes logró reducción del pago de capital y ampliación de los plazos de pago. Además, el país se comprometió a bajar el gasto público con la reducción de los empleados públicos y proyectos estatales no esenciales.