EEUU ofrece millonaria recompensa por venezolanos
MIAMI (AP) — Estados Unidos ofreció el miércoles una millonaria recompensa por información que lleve al arresto y condena de dos exfuncionarios venezolanos acusados de lavado de dinero en los tribunales federales de Miami.
El departamento de Estado anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por Luis Alfredo Motta Domínguez, quien se desempeñó como presidente de la Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela (Corpoelec), y ministro de Electricidad.
Otros 5 millones de dólares son ofrecidos por información que ayude a capturar a Eustiquio José Lugo Gómez, ex viceministro de Finanzas, Inversiones y Alianzas Estratégicas en el ministerio de Electricidad, y director de Corpoelec mientras Motta Domínguez era su presidente.
Ambos fueron acusados en junio de 2019 de haberse asociado ilegalmente para lavar dinero.
El anuncio tuvo lugar un día después de que las autoridades estadounidenses revelaran otra recompensa conjunta de 20 millones de dólares por información que lleve a la captura de tres exfuncionarios más, acusados de narcotráfico y otros delitos, entre ellos un exjefe de Interpol en Venezuela.
El presidente venezolano Nicolás Maduro, considerado por Estados Unidos como uno de los mayores narcotraficante de las Américas, fue acusado en mazo de narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico, junto a otros 14 ex y actuales funcionarios de su país. Algunos de esos cargos están en los tribunales federales del sur de la Florida.
Según la acusación que pesa sobre Motta Domínguez y Lugo Gómez, ambos habrían facilitado a tres compañías de la Florida contratos de más de 60 millones de dólares con Corpoelec, a cambio de sobornos que habrían recibido para su beneficio personal.
A finales de julio ambos habían sido incluidos en una lista del departamento de Estado en la que aparecen personas corruptas. A raíz de esa inclusión ni ellos, ni sus familiares tienen permitido el ingreso a Estados Unidos.
Más de 75 criminales y narcotraficantes de todo el mundo han comparecido ante la justicia estadounidense tras haberse ofrecido recompensas por ellos como parte de un programa creado en 1986. El departamento de Estado ha pagado más de 130 millones de dólares por recompensas que han llevado a sus detenciones.
