Nicaragua: promueven ley para controlar fondos extranjeros
MANAGUA (AP) — Los diputados sandinistas con amplia mayoría en la Asamblea Nacional de Nicaragua presentaron un proyecto de “Ley de regulación de agentes extranjeros”, dirigida a controlar los fondos que reciben del exterior personas individuales, empresas, ONG y periodistas de medios locales e internacionales.
La polémica iniciativa, que ha generado fuerte rechazo de sectores de la oposición, fue presentada el martes ante la primera secretaría del Legislativo por la bancada del gobernante Frente Sandinista, liderado por el presidente Daniel Ortega y que controla 70 de los 91 escaños parlamentarios.
La ley establece un control sobre las “personas naturales y jurídicas que respondan a intereses y financiamiento para realizar actividades en injerencias de gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado”.
La disposición obliga a quienes reciban “fondos monetarios, bienes activos y objetos de valor extranjeros” a inscribirse ante un “Registro de Agentes Externos” creado por la misma ley y manejado por el Ministerio de Gobernación (Interior).
También deberán registrarse quienes laboren como “consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleados de servicios de información o consultores políticos para o en interés de gobiernos, empresas o fundaciones extranjeras” que soliciten, reciban o desembolsen fondos.
Una vez identificado como “agente extranjero”, la persona deberá “abstenerse, so pena de sanciones legales, de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna”. Además tendrá “prohibido financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua”, según destaca el artículo 12 de la ley.
El Ministerio de Gobernación tendrá la potestad de cancelar la personería jurídica y de “intervenir los fondos y los bienes muebles e inmuebles” de quienes incumplan la ley.
“Esta es una ley aberrante, confiscatoria e inconstitucional. Lo que trata en el fondo es reprimir a los opositores nicaragüenses”, dijo el director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, uno de los primeros en rechazarla.
Para el activista de derechos humanos Gonzalo Carrión, “esta ley tiene nombres, apellidos y dedicatorias especiales, porque menciona explícitamente a alianzas, movimientos y agentes de comunicación. Está dirigida a inhibir candidaturas y estrechar cada vez más el ejercicio de los derechos constitucionales en Nicaragua”, dijo Carrión, exiliado en Costa Rica desde hace dos años.
Martha Patricia Molina, de la ONG Observatorio Pro Transparencia y Anti corrupción, opinó que la nueva regulación “destroza la Ley de Participación Ciudadana en tanto vulnera el principio de igualdad establecido en la Constitución”.
Entre los periodistas críticos al gobierno, la ley es vista como “un nuevo zarpazo a la libertad de expresión”, en tanto buscaría controlar el financiamiento a gremios y medios informativos independientes.
“Es un adefesio jurídico en todo sentido”, dijo a la AP la poeta Gioconda Belli, presidenta de PEN Internacional filial Nicaragua, tras señalar que el solo término de “agente extranjero” encierra una negación de ciudadanía para los nicaragüenses.
La polémica ley no afecta a los extranjeros que reciban pensiones del exterior ni a los nicaragüenses receptores de remesas familiares. También exceptúa a las empresas comerciales extranjeras con filiales en el país y a los inversionistas nacionales y extranjeros que realicen actividades económicas.
Una semana antes de presentarse esta ley al Parlamento, Ortega anunció que promueve la pena de cadena perpetua para castigar los “crímenes de odio”, lo que ha sido interpretado por los opositores como una amenaza directa.
Las elecciones presidenciales en Nicaragua están previstas para noviembre de 2021. La oposición intenta presionar a Ortega para aplicar reformas electorales que permitan un proceso “justo y transparente”, con libre movilización ciudadana y la observación internacional.
Desde hace dos años en Nicaragua está prohibida toda manifestación pública de personas ajenas al gobierno. La prohibición surgió tras la revuelta social de abril de 2018, donde la acción del gobierno dejó más de 300 muertos, cientos de detenidos y más de 88.000 exiliados según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
