Masacres indican nuevo capítulo en el conflicto de Colombia
BOGOTÁ (AP) — José Manuel Mancilla tomó un descanso de su trabajo en una mina de oro local. Así que el domingo se reunió con amigos en una casa situada en una ladera de la comunidad de Munchique, donde unas 20 personas bebían y realizaban peleas de gallos.
La vida del joven de 19 años terminó abruptamente cuando hombres encapuchados dispararon con ametralladoras contra el improvisado redondel y arrojaron por lo menos dos granadas hacia la aterrorizada multitud. En total seis varones de entre 16 y 28 años perdieron la vida en el ataque ocurrido en esa localidad del oeste de Colombia, rodeada de pequeñas minas de oro y de campos de coca.
Horas después, cuatro personas fueron asesinadas en un ataque similar en la provincia sureña de Nariño. En un video difundido en las redes sociales se ve a hombres con rifles de asalto disparando contra cadáveres que flotan en un estanque.
“Tantos casos han sucedido y todo se ha quedado en la impunidad”, dijo Edilson Adrono, miembro del concejo municipal de Munchique que perdió a dos primos en esa masacre. “Nos han dejado solos, como si no existiéramos en el mapa”
Las alarmas están sonando en Colombia debido al aumento de la violencia. Van más de 230 personas asesinadas en diversas masacres este año.
Las muertes indican un nuevo capítulo en la larga historia de derramamiento de sangre en el país. En lugar del anterior conflicto nacional entre la guerrilla y el Estado, la violencia en las zonas rurales de Colombia se caracteriza ahora por una lucha entre diversos grupos locales que se disputan rutas del narcotráfico, minas ilegales e incluso rutas para el tráfico de gasolina.
Estos grupos son menos ideológicos que los guerrilleros izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que concertó la paz con el gobierno en 2016 después de cinco décadas de un conflicto en el que murieron 250.000 personas y que provocó que millones huyeran de sus casas.
Sin embargo, los nuevos grupos pueden ser igual de violentos.
“Tenemos menos confrontación directa entre grupos armados y el Estado”, dijo Juan Carlos Garzón, experto en conflictos de Colombia de la Fundación Ideas para la Paz. “Pero vemos ataques a civiles que buscan afectar las bases de apoyo de grupos rivales”.
Garzón dijo que esta lucha por el control de territorios podría explicar el ataque del domingo en Munchique. No ha habido detenciones.
La comunidad está ubicada en un corredor que conecta campos de coca en la cordillera central de Colombia con el océano Pacífico, donde la cocaína es subida a embarcaciones rápidas para transportarla a Centroamérica y México.
Grupos narcotraficante como el Clan del Golfo y grupos rebeldes encabezados por exmiembros de las FARC que no firmaron el acuerdo de paz efectúan actividades alrededor de Munchique y otras partes del departamento del Cauca.
“Hay tantos grupos que uno no sabe para qué lado señalar”, dijo Clemencia Carabalí, portavoz de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, un grupo de derechos humanos.
El gobierno de Colombia responsabilizó del ataque a un grupo de exmiembros de las FARC y ofreció una recompensa equivalente a 300.000 dólares por dos de sus líderes. El lunes, comandantes militares y autoridades del Ministerio de Defensa visitaron la zona y dijeron que el ejército podría intensificar sus operaciones contra disidentes de las FARC.
Pero hay muchas zonas en Colombia donde han ocurrido ataques similares y no se ha detenido a los responsables.
Camilo González, presidente del grupo de expertos Indepaz, dijo que en lo que va de 2020, se han registrado 61 incidentes en los que grupos armados asesinaron a tres o más civiles, en comparación con 35 matanzas del año pasado.
La Defensoría del Pueblo describe estos crímenes como “masacres” y el Ministerio de Defensa como “homicidios colectivos”.
González dijo que el aumento de las matanzas está ocurriendo debido a que los grupos armados se están reposicionando en todo el país y se disputan los recursos ilegales que abandonaron los rebeldes de las FARC.
“Son grupos pequeños interesados en negocios mafiosos sin propósito político”, agregó. “Son negocios ilegales de droga, oro, madera. Está muy ligado al lavado de activos”.
En el Cauca, donde ha habido nueve masacres este año, activistas de derechos humanos afirman que la lenta aplicación del acuerdo de paz de 2016 con los rebeldes de las FARC ha agravado la situación.
Según el acuerdo, la guerrilla depuso las armas a cambio de sentencias reducidas y bancas en el Congreso de Colombia. Sin embargo, en las zonas afectadas con severidad por el conflicto el gobierno también se comprometió a financiar programas para ayudar a los campesinos a que sustituyan los cultivos ilegales, como la coca, con alternativas legales para su sustento.
Para los alrededores de Munchique eso significó sustituir las plantaciones de coca con cultivos como café, cítricos y cacao. Aunque se hicieron algunos pagos a campesinos que querían cambiar los cultivos de coca, los caminos siguen estando en mal estado, lo que hace costoso el transporte de las nuevas cosechas. La mayoría de las casas en el municipio de Buenos Aires, donde se ubica Munchique, continúa careciendo de agua potable.
“Podemos cultivar café”, dijo Carabalí. “Pero cómo vamos a montar una procesadora si no hay agua para lavarlo”.
La deficiente infraestructura en la región alienta a algunos campesinos a continuar cultivando coca, cuya producción es más barata y sencilla de transportar que la mayoría de las cosechas legales.
Esto atrae a grupos delictivos a la zona.
“Los cultivos de uso ilícito están creciendo. Están sembrando al frente de la policía y no hacen nada”, dijo Carabalí. “Hay un desgobierno increíble. Y cada quien quiere imponer su ley”.
