El Salvador: fuerza armada impide acceso a sus archivos

SAN SALVADOR (AP) — Pese a que el presidente salvadoreño Nayib Bukele había prometido que su gobierno entregaría los archivos militares que corresponden a la guerra civil para robustecer la investigación del proceso penal por la masacre de El Mozote, la fuerza armada impidió el lunes el acceso al juez Jorge Guzmán, a cargo del caso.

La masacre ocurrió en 1981 y en ella murieron casi mil campesinos.

Un militar identificado como el coronel Vanegas informó y a Guzmán a los peritos que lo acompañaban que no se les permitiría el ingreso ni se les daría acceso a los archivos resguardados en el Estado Mayor de la fuerza armada, lo que se había acordado en una audiencia el 28 de agosto.

“Se trata de una desobediencia a una orden judicial. Esto no puede ser más que una decisión de obstaculizar desde el más alto nivel. Es decir, el comandante general (de la fuerza armada), Nayib Bukele, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, y su alto mando”, dijo a los periodistas el abogado David Morales, que participa en el juicio como querellante en representación de las víctimas.

Morales recordó que en gobiernos anteriores se ha negado el acceso a los archivos, por lo que "seguiríamos en un mensaje de impunidad, de protección a criminales de guerra y desprecio a las víctimas”.

“La acción podría incurrir en varios delitos como desacato a resolución judicial, actos arbitrarios, resistencia y desobediencia. Además de un mensaje de poco transparencia, impunidad y complicidad del gobierno en ocultar crímenes de guerra y lesa humanidad”, advirtió el abogado Ovidio Mauricio, de la ONG "Tutela Legal María Julia Hernández" que participan en el juicio como querellantes.

Por su parte el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, criticó la decisión de la fuerzas armada y dijo que “por el respeto que merecen las familias de las víctimas, los archivos militares deben de abrirse... Es lamentable y oscuro para El Salvador”.

En noviembre, el juez Guzmán ordenó a Bukele, en su calidad de comandante general de las fuerzas armadas, que entregara todos los archivos militares relacionados con la matanza en la que murieron 989 campesinos.

Un par de días después, el mandatario aseguró que entregarían los archivos. “Si el juez quiere archivos de la A a la F, nosotros vamos a desclasificar de la A a la Z”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha pedido al Estado salvadoreño ordenar, sistematizar y entregar a las víctimas, autoridades judiciales y a la sociedad en su conjunto los archivos militares que corresponden a la guerra civil para avanzar en el conocimiento de la verdad y la persecución penal de las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados durante el conflicto armado.

La Comisión de la Verdad, que investigó las graves violaciones a los derechos humanos durante los 12 años de guerra civil que cobró la vida de unas 75.000 personas y dejó miles de desaparecidos, fue creada después de la firma de los Acuerdos de Paz suscritos el 16 de enero de 1992, dando por finalizado el conflicto armado.

Más de tres décadas después de la matanza, el juez Guzmán reabrió la investigación de la masacre de El Mozote luego de que la Corte Suprema derogó la Ley de Amnistía General de 1993, que impidió que fueran investigados los delitos de lesa humanidad y los crímenes de la guerra civil salvadoreña.

A inicios del juicio en marzo de 2017, Guzmán citó a 18 exmilitares, pero varios han sido retirados del proceso debido a que ya fallecieron. Los que se presentaron negaron sus participaciones y alegaron que muchos archivos se perdieron durante la guerra civil y otros fueron destruidos.

La masacre ocurrió entre el 11 y 13 de diciembre de 1981 a unos 120 kilómetros al este de la capital salvadoreña durante una operación del ahora extinto batallón Atlacatl, entrenado en Estados Unidos en tácticas de contrainsurgencia. Los soldados entraron a la zona en busca de las unidades de la guerrilla, pero algunos de ellos mataron a civiles.

Muchos cadáveres fueron abandonados dentro de una iglesia y luego les prendieron fuego. En una fosa, los forenses encontraron 136 esqueletos de niñas y niños, con edad promedio de seis años.

Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, divulgado en 1983, responsabilizó de la masacre al coronel Domingo Monterrosa, entonces comandante del batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, el coronel Armando Azmitia y a otros seis oficiales entre capitanes y mayores que no fueron juzgados bajo el amparo de la ley de amnistía promovida por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) después de divulgarse el documento de la ONU.

Monterrosa y Azmitia murieron en El Mozote el 23 de octubre de 1984, cuando un helicóptero en el que volaban explotó en el aire por una bomba colocada por la guerrilla.