España condena a excoronel salvadoreño por muertes de 1989

MADRID (AP) — Un tribunal español condenó el viernes a un excoronel salvadoreño a más de 133 años de prisión por la muerte de cinco sacerdotes jesuitas durante la sangrienta guerra civil de El Salvador hace más de tres décadas.

Inocente Orlando Montano, quien en el momento de los asesinatos era viceministro de Seguridad Pública de El Salvador, podrá apelar la decisión de la Audiencia Nacional de España, que juzgó al exmilitar extraditado por Estados Unidos.

Durante el juicio, Orlando Montano negó haber planeado o participado en la masacre de 1989 que acabó con la vida de ocho personas en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, o UCA.

Los muertos fueron cinco jesuitas españoles, entre ellos el ideólogo de la llamada “Teología de la liberación”, Ignacio Ellacuría, además de un jesuita salvadoreño, la cocinera de la universidad y la hija de ésta.

Carlos Martín Baró, cuyo hermano Ignacio estaba entre las víctimas, señaló a The Associated Press que la sentencia le trajo “paz” y una “perspectiva esperanzadora” sobre el valor de la justicia. Activistas de derechos humanos en El Salvador acogieron el fallo con esperanza de que suscite un proceso judicial en su país.

“La sentencia presenta la verdad que ha sido reconstruida a través de muchos testimonios, estudios realizados por investigadores, académicos, por peritos, incluso por participantes en el crimen que han tenido el valor de contar la verdad”, dijo el rector de la UCA, Andreu Oliva en conferencia de prensa.

Por su parte, el padre José María Tojeira, que dirige el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, pidió a la Corte Suprema de Justicia que emita un falló para la reapertura del caso para que también en El Salvador se conozca la verdad y se haga justicia a las víctimas.

“Hasta ahora ha habido un ocultamiento de la verdad”, agregó Tojeira, que en 2017 pidió la reapertura del juicio contra los autores intelectuales de la matanza.

La UCA ha dado por cerrado el proceso contra los autores materiales de los crímenes, pero insiste en el esclarecimiento de la autoría intelectual.

Por su parte, el Fiscal General de El Salvador, Raúl Melara, anunció que tramitarán un suplicatorio a España para recibir una copia certificada de la sentencia que sería incorporada al proceso que está congelado en la Corte Suprema.

“Genera un paso histórico e importante para que nosotros podamos obtener más información", dijo Melara a los periodistas.

La Audiencia Nacional de España aplicó el principio de “justicia universal” para juzgar los delitos contra los ciudadanos españoles tras considerar que el proceso en El Salvador no había sido ni independiente ni imparcial. El tribunal estadounidense que concedió la extradición de Montano, en 2017, limitó que España lo pudiese juzgar por los asesinatos de los tres ciudadanos salvadoreños.

Desde una silla de ruedas en el centro de la sala en Madrid, Montano escuchó el viernes la lectura pública de la sentencia que lo condenó a 26 años, 8 meses y un día de reclusión como autor de 5 delitos de asesinato de carácter terrorista.

Los hechos se remontan a la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989, al final de una década que había enfrentado a fuerzas gubernamentales salvadoreñas con la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).

Como rector de la UCA, Ellacuría había mediado para tratar de acabar con el conflicto civil, algo que según los jueces granjeó a los jesuitas “la enemistad de la extrema derecha, quien temía que en la negociación se les privase de sus privilegios”.

La sentencia relata la reunión de oficiales —entre los que se encontraba Montano— en la que se ordenó matar al padre Ellacuría y no dejar testigos, utilizando para ello una unidad del ejército conocida como batallón Atlácatl.

Uno de los miembros de ese batallón, el exteniente del ejército René Yusshy Mendoza, fue clave durante el proceso judicial. Habiendo confesado durante la investigación y puesto que había cumplido condena en su país, Yusshy Mendoza pasó a ser testigo en la primera sesión del juicio en España, testificando ante el tribunal que los ejecutores habían intentado simular que el FMLN fue el autor de los asesinatos.

La sentencia llama a los actos “terrorismo desde el Estado” por parte de núcleos de poder que incluían al propio presidente de El Salvador —en aquel momento, Alfredo Cristiani— con el objetivo de “perpetuarse en sus posiciones de privilegio dentro de las estructuras de poder”.

Orlando Montano era miembro de “La tandona”, una promoción de la Academia Militar de Oficiales del Ejército salvadoreño del año 1966 cuyos integrantes pasaron a ocupar puestos importantes de poder. El excoronel ejerció como viceministro de Seguridad Pública entre mediados de 1989, el año de los asesinatos, y hasta que fue cesado al final de la guerra civil de 12 años, en 1992.

Almudena Bernabeu, una de las abogadas que llevó el caso al tribunal español, celebró la sentencia como “adecuada pero no valiente”. Lamentó que debido a la reforma que en 2014 restringió la jurisdicción de la “justicia universal” en España, los crímenes de las víctimas no españolas quedan “impunes”.

“Es una tragedia que por esa reforma se deje en total indefesión a tres seres humanos masacrados en el mismo suceso que los otros cinco,” señaló Bernabeu a AP.

Con todo, la abogada destacó el impacto que la condena puede tener en El Salvador: “Demuestra cómo ‘La tandona’ hizo todo eso desde posiciones de alto mando, de gobierno, en el ámbito que ha sido suficiente para que se logre la definición del terrorismo de estado, para asegurar no sólo las muertes sino también el encubrimiento y la impunidad durante 30 años.”

En El Salvador, que se negó a extraditar a España a otros 16 sospechosos, el abogado Arnau Baulenas del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, acusó a la justicia de actuar como “cómplice" e instó a que el proceso contra los autores se reactive en la Corte Suprema de Justicia, donde llegó hace más de un año.

“Nosotros estamos presionando y vamos a insistir para que se pueda retomar el proceso aquí en El Salvador y no nos vamos a cansar de hacerlo hasta que haya justicia y verdad", dijo Baulenas.

El hermano de Ignacio Martín Baró, uno de los sacerdotes asesinados, se mostró también escéptico al respecto, aunque celebró que el proceso haya sentado en el banquillo al menos a un miembro de a cúpula que ordenó los asesinatos.

“La justicia es tremendamente lenta y frustrante cuando te toca vivir un proceso de éstos, pero al final, en la medida en la que se cumple, siempre trae una perspectiva esperanzadora", dijo.

La indignación por la masacre del 16 de noviembre de 1989 dio pie a una investigación legislativa en Estados Unidos, que halló que los miembros de las fuerzas que mataron a los sacerdotes fueron entrenados por las fuerzas armadas estadounidenses.

__

El periodista de AP Marcos Alemán contribuyó a esta nota desde San Salvador.