Activista denuncia amenazas de muerte de gobierno bielorruso
KIEV, Ucrania (AP) — Una prominente activista que destrozó su pasaporte para evitar ser expulsada de Bielorrusia acusó el jueves a las autoridades bielorrusas de amenazarla de muerte al tiempo que el gobierno intenta poner fin a las protestas que se han extendido un mes contra el presidente autoritario del país.
Maria Kolesnikova aseveró en una queja formal dada a conocer por su abogado que agentes del comité de seguridad del Estado bielorruso le cubrieron la cabeza con un saco y la trasladaron a la frontera con Ucrania antes que ella lograra evitar su expulsión de Bielorrusia y fuera encarcelada.
“Amenazaron con matarme”, declaró Kolesnikova. “Señalaron que en caso de que yo me negara a salir del territorio de Bielorrusia voluntariamente, ellos me sacarían del país de cualquier forma, sea viva o en partes”.
La opositora exigió que el Comité Investigador del país realice una pesquisa a los agentes de la KGB por secuestro, detención ilegal y amenazas de muerte.
Ninguna agencia gubernamental ha ofrecido declaraciones sobre el comunicado de Kolesnikova.
La presión contra los activistas de la oposición ha ido en aumento esta semana en un momento en que Bielorrusia cumple un mes desde que estallaron las protestas multitudinarias contra la reelección del presidente Alexander Lukashenko a un sexto periodo en el cargo.
La oposición rechaza los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto y los manifestantes que exigen la renuncia de Lukashenko representan un desafío sin precedentes en los 26 años del líder bielorruso en el poder.
Kolesnikova encabeza el Comité de Coordinación creado por activistas de la oposición que exigen que las elecciones se realicen de nuevo. Fue arrestada el lunes y al día siguiente destruyó su pasaporte en una zona sin gobierno entre Ucrania y Bielorrusia para evitar su expulsión.
Kolesnikova, que permanece encarcelada en Minsk, capital de Bielorrusia, es acusada de socavar la seguridad nacional como parte de una investigación penal a nivel nacional contra líderes del Comité de Coordinación de la oposición. De ser sentenciada enfrenta una pena de hasta cinco años de prisión.
