Ombudswoman de OEA bajo mira por mensajes en torno a CIDH
MIAMI (AP) — La ombudswoman de la Organización de los Estados Americanos enfrenta críticas de que ayudó al secretario general del organismo, Luis Almagro, en sus esfuerzos para justificar la no renovación del principal funcionario de defensa de los derechos humanos en la región, de acuerdo con información a la que tuvo acceso The Associated Press.
Según las normas de la OEA, la ombudswoman Neida Pérez debe operar de forma independiente, sin ser influenciada por líderes de la organización, para ser un árbitro imparcial en problemas laborales que afectan a los empleados de la organización.
Sin embargo, en días recientes se involucró directamente en una agria disputa entre Almagro y líderes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el principal órgano en la región para la protección de los derechos humanos.
El 15 de agosto Almagro informó a la CIDH que no apoyaría su decisión de extender el mandato del brasileño Paulo Abrao, secretario general de la comisión. Ese día era el último día de la vigencia contractual de Abrao, que llevaba cuatro años en el cargo.
Las Naciones Unidas y varios grupos de defensa de derechos humanos condenaron la decisión de Almagro, calificándola de ataque la independencia de la CIDH, un organismo dentro de la OEA que funciona de forma autónoma.
En respuesta, Almagro aseguró que sólo defendía a más de 60 empleados de la comisión que se habían quejado de favoritismos, irregularidades en concursos laborales y acoso laboral por parte de Abrao. También dijo que hubo represalias, violaciones al código de ética e “impunidad” hacia denuncias de acoso sexual, entre otras quejas.
La noche del 26 de agosto —dos días antes de que Almagro emitiera un fuerte comunicado defendiendo su postura—, la ombudswoman Neida Pérez envió mensajes de WhatsApp a una exempleada de la comisión preguntándole si le gustaría compartir con ella sus quejas “en una pocas líneas”, de forma anónima.
De esta forma, le dijo, ella los pasaría al secretario general para que éste diera una posible rueda de prensa o un comunicado. “Para poner algo de transparencia y relevancia” en las personas que han presentado quejas contra Abrao, añadió.
“¿Estarías dispuesta?”, escribió Pérez. “Si es así, qué es lo más relevante que sientes que puedes compartir, sin que se te identifique, sobre la manera en que te afectaron las inconsistencias e irregularidades en la CIDH y las cosas actuales en unas pocas líneas”
Los mensajes fueron compartidos con la AP por alguien que dijo sentirse presionada por ellos y señalar que le parecían inapropiados. La persona rechazó ser nombrada por miedo a represalias.
Pérez, de nacionalidad colombiana, dijo a la AP que se le prohíbe tomar partido por un lado u otro o participar en una disputa pública entre Almagro y la comisión. Sin embargo, afirmó que empleados que se sintieron maltratados por Abrao la contactaron con las esperanzas de poder compartir sus experiencias de forma pública y anónima.
“Me lo pidieron empleados y accedí a dar voz a empleados que se sentían invisibles y después compartí sus testimonios con el secretario Almagro y con la comisión”, dijo a la AP.
Pérez también dijo que se enteró por otros empleados de la OEA y no por el propio Almagro de que éste planeaba emitir un comunicado sobre el asunto de la disputa. Un resumen de sus conclusiones, basadas en entrevistas que hizo a empleados mayormente el año pasado, fue entregado el 10 de agosto a la comisión y a Almagro. El secretario general lo envió a la Oficina del Inspector General de la OEA.
La Oficina del Inspector General realiza auditorías e investigaciones para asegurar que se cumplen objetivos y se mejora la gestión de la organización. La CIDH asegura que Abrao no ha recibido ninguna notificación de que está siendo investigado formalmente.
Según las normas de la OEA, el ombudsperson "es un profesional independiente, reservado, informal y neutral" que “no aboga por una persona en particular”. Las normas también aseguran que la ombudsperson “no podrá actuar como testigo ni participar en ningún proceso formal dentro o fuera de la Secretaría General que esté relacionado con el contacto que los usuarios hayan establecido con el ombudsperson”.
José Miguel Vivanco, el director de las Américas para Human Rights Watch, dijo que cualquier acusación de mala conducta dentro de la CIDH, incluido su secretario general, debe ser rigurosamente investigada. Pero también dijo que la participación de Pérez en la disputa genera “legítimas dudas” sobre la independencia de su oficina.
“Esta intervención sugiere una maniobra política sin precedentes por parte del secretario general de la OEA,” dijo Vivanco.
Dos diplomáticos regionales dijeron a la AP que los aliados conservadores de Estados Unidos, como Brasil o Colombia, consideran que Abrao es muy cercano a activistas de defensa de los derechos humanos y rápido a la hora de interferir en asuntos domésticos. Los diplomáticos hablaron bajo condición de anonimato porque no están autorizados a hablar con prensa.
Por su parte, la oficina de Almagro dijo a la AP que el presidente de la CIDH fue quien les informó de que Pérez envió los mensajes de WhatsApp.
La oficina dijo que ha buscado la opinión de la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Legales para ver si se violó alguna norma interna. La OEA también dijo que la ombudsperson tiene la autoridad de ponerse en contacto con cualquiera de los más de 400 empleados de la organización.
“La Ombudsperson no investiga, pero sí recaba información", dijo Gonzalo Koncke, jefe de personal de la OEA.
“El Secretario General ha recibido informaciones sobre denuncias sin haberlo solicitado a nadie, no necesita intermediarios para recibir informes", agregó. "Al mismo tiempo, al Secretario General no le corresponde, ni tiene ningún interés, en publicitar testimonios”.
Algunas de las personas que denunciaron su situación ante la ombudswoman han hablado de forma anónima con medios de comunicación.
Una persona que trabajó con Abrao dijo a la AP que fue un jefe que marginó, humilló y quitó responsabilidades a aquellos que no compartían sus puntos de vista.
“Fue un cambio muy radical porque antes no había una forma de gestión autoritaria como esa”, dijo.
La persona trabaja ahora para la OEA, pero dijo que hablaba de forma independiente, sin ninguna presión por parte de la organización ni de ningún otro grupo. Habló bajo condición de anonimidad por miedo a represalias.
“Se dice que son los Estados los que buscan intervenir en la autonomía de la comisión, pero no se dice que por detrás hay un informe, que hay el testimonio de muchas personas que han sufrido, que han visto sus carreras interrumpidas”, añadió.
La persona dijo que también recibió los mensajes de WhatsApp de Pérez pero que los consideró como “una consulta y un pedido de autorización para que las personas digan lo que quieren decir en sus propias palabras”.
Almagro, elegido jefe de la OEA en el 2015, se alió a Estados Unidos en su oposición a los gobiernos de Cuba y Venezuela. En un momento dado dijo que no debería descartarse usar la fuerza militar para expulsar al presidente venezolano Nicolás Maduro. El comentario fue condenado por un grupo de 11 países latinoamericanos que se oponen a Maduro.
El secretario ejecutivo ha dicho que no tiene interés en seleccionar al próximo secretario ejecutivo de la CIDH, pero ha destacado que no permitirá que los derechos de los empleados sean infringidos.
“Es de extrema gravedad desconocer estos derechos”, dijo en su último comunicado. “Eso ya no es complicidad pasiva, es encubrimiento activo”.
Abrao, en una entrevista con la AP, negó las acusaciones de Almagro sobre irregularidades y dijo que él mismo recomendó a varios empleados ir a ver a la ombudsperson. También dijo que sus intentos de reformar la comisión para que ésta respondiera de forma más eficaz a las víctimas de la región se topó con la resistencia de algunos empleados acostumbrados a su forma tradicional de hacer las cosas.
“Siempre he estado dispuesto a escuchar", dijo Abrao. "Y estoy abierto a cualquier investigación seria e imparcial con todas las garantías debidas. Pero lo que no puedo aceptar es un tribunal de excepción mediático”.
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Torrens reportó desde Nueva York. El periodista de The Associated Press, Ricardo Della Coletta, contribuyó con este reporte desde Brasilia.
