Argentina: Senado debate proyecto de reforma judicial
BUENOS AIRES (AP) — El Senado argentino debatía el jueves un controvertido proyecto de reforma judicial que, según opositores, busca blindar con impunidad a la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, quien es sujeto de una investigación.
Está previsto que el oficialismo logre la aprobación de la iniciativa al tener el control de la cámara alta. Sin embargo, no hay certeza de que contará con el apoyo necesario para convertirla en ley cuando la Cámara de Diputados la someta a análisis próximamente.
Fernández de Kirchner (2007-2015) presidía de forma presencial la sesión legislativa -por ser también titular del Senado- en la que los opositores sostenían que el proyecto pretende protegerla de las imputaciones por supuesta corrupción que afronta.
"El proyecto es un engranaje más en todo un plan estratégico para avanzar en manejar la justicia federal penal hacia un sesgo de impunidad para quienes formaron parte de un determinado gobierno”, dijo la opositora Laura Rodríguez Machado, quien al igual que la mayoría de los legisladores debatió de forma remota debido a la cuarentena vigente por la pandemia del coronavirus.
Con carteles que decían “Queremos justicia, basta de impunidad”, decenas de ciudadanos contrarios al gobierno se congregaron en las cercanías del Congreso en protesta por la iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández para reformar la justicia federal.
Una de las objeciones de jueces, fiscales, abogados y de la fuerza opositora Juntos por el Cambio —con la que gobernó el anterior presidente Mauricio Macri (2015-2019)— es que el proyecto pretende retirarle poder a los juzgados federales a cargo de causas por corrupción política.
Opositores criticaron además que la iniciativa da prioridad a una creación desmedida de juzgados, lo que conllevaría un aumento injustificado del gasto público sin lograr el objetivo de mejorar el funcionamiento de la justicia. También apuntaron que no goza del consenso necesario y que se debate en momentos en que existen problemas más acuciantes como la crisis económica.
En los últimos días la vicepresidenta se distanció del proyecto impulsado por el mandatario, al afirmar que “el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves”.
Criticó también a los que consideran que el proyecto la blinda ante la justicia, al señalar que ella fue una víctima de supuestas maniobras de Macri para perseguir a opositores.
En esa misma línea, la senadora oficialista María de los Angeles Sacnun cuestionó durante el debate la gestión judicial del gobierno anterior, concluyendo que por eso “la oposición se siente muy cómoda con esta justicia y no quiere reformarla".
Otros oficialistas reconocieron que la reforma requiere de más medidas para cambiar la percepción negativa que tiene la población del Poder Judicial.
Según el presidente Fernández, el proyecto se propone “consolidar una justicia independiente" que logre revertir “la crisis” de credibilidad que afecta al fuero federal —muy cuestionado por distintos sectores por supuestamente plegarse al poder en turno_, y dice que en ningún caso busca garantizar impunidad para la vicepresidenta.
Agregó que se pretende evitar que el poder decisorio en causas con relevancia institucional se concentre en un reducido número de magistrados.
Aunque no esté incluido en el texto aprobado, uno de los aspectos más controvertidos en torno a la proyectada reforma es la presencia de un abogado de la vicepresidenta en un consejo de 11 juristas creado para asesorar sobre algunos órganos del poder judicial.
La iniciativa legislativa contempla, entre otras cosas, la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal.
Además prevé la creación de 23 juzgados en lo Penal Federal con asiento en Buenos Aires. Las causas en trámite conservarán a sus jueces naturales y las que se inicien serán destinadas a esos nuevos juzgados, que serán cubiertos por magistrados subrogantes.
Según el oficialismo, así se lograría agilizar las causas que incluyen delitos complejos como narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
Contempla también que los sorteos de causas deberán ser grabados mediante medios técnicos para garantizar la transparencia.
