Argentina: alarma por excesos policiales en cuarentena
BUENOS AIRES (AP) — Facundo Astudillo, de 22 años, fue visto por última vez el 30 de abril en un control policial al sur de la provincia de Buenos Aires. El adolescente Valentino Blas Correa murió por un disparo en la espalda luego que agentes de la policía de Córdoba abrieron fuego contra el automóvil en el que viajaba junto a sus amigos a principios de agosto.
Son dos de los casos más resonantes de supuestos excesos cometidos por las fuerzas de seguridad en Argentina durante la cuarentena impuesta el 20 de marzo por la pandemia de coronavirus, que han puesto en alerta a los organismos de derechos humanos e incomodado al gobierno de Alberto Fernández.
Un informe del Ministerio de Seguridad al que tuvo acceso The Associated Press registra 39 casos denunciados de abuso de las fuerzas federales (gendarmería, policía federal, prefectura y policía aeroportuaria) desde abril hasta el 31 de julio.
Cinco gendarmes y un agente de la policía federal fueron separados de las fuerzas.
La filial local de Aministía Internacional dio cuenta de un total de 30 casos y en seis de éstos aparecen miembros de las fuerzas de seguridad tanto federales como provinciales involucrados en el asesinato y/o desaparición de personas durante los últimos cuatro meses.
Amnistía dijo que la cifra se obtuvo sobre la base de entrevistas con organizaciones de la sociedad civil, defensores oficiales, abogados y víctimas, entre otras fuentes.
En tanto, la organización civil local Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI) denunció 92 muertes que atribuyó a las fuerzas estatales desde la entrada en vigencia del decreto presidencial que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio en Argentina para evitar la propagación de COVID-19.
CORREPI no especificó la metodología del relevamiento.
Uno de los casos que conmocionó a la opinión pública fue el de Astudillo Castro, un joven que desapareció a fines de abril cuando a poco de imponerse la cuarentena partió de la localidad de Pedro Luro, donde residía, hacia Bahía Blanca, sur de la provincia de Buenos Aires, para reconciliarse con su exnovia.
La justicia investiga su caso como desaparición forzada de persona, ya que el joven fue visto por última vez en un retén policial al ingreso de la localidad de Mayor Buratovich. El pasado 15 de agosto fue hallado un cuerpo en un pantano de la zona. Todavía no se identifica.
Su madre apuntó contra la policía de la provincia de Buenos Aires y reclamó la renuncia del ministro de Seguridad provincial Sergio Berni, que pertenece al mismo partido de Fernández.
En un país con el recuerdo latente de las atrocidades cometidas durante la última dictadura militar (1976-1983), los casos de violencia institucional y abusos de las fuerzas de seguridad cometidos en democracia repercuten negativamente en la imagen de los gobiernos.
“Necesitamos saber qué pasó con Facundo. Quiero que lo encontremos y, si alguien fue responsable de un acto ilícito, tiene que cargar con las consecuencias”, dijo el presidente Fernández, quien milita en una corriente política que se proclama defensora de los derechos humanos y que había cuestionado duramente la política de seguridad de su antecesor, el conservador Mauricio Macri.
Blas Correa, de 17 años, viajaba en la parte trasera de un vehículo junto a cuatro amigos el 6 de agosto en Córdoba. Por razones que se investigan el conductor no se detuvo en un retén policial y los agentes comenzaron a disparar. Uno de los proyectiles ingresó por el omóplato del joven y le causó la muerte. Tres policías están detenidos y otros dos fueron imputados por supuesto encubrimiento.
En julio Lucas Nahuel Verón, de 18 años, y un amigo fueron a comprar gaseosas. En el camino fueron interceptados por un patrullero policial en la localidad de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Verón murió por un disparo en el pecho. Los dos agentes involucrados están detenidos.
En Venezuela, Brasil, México y en menor medida Colombia también hubo reportes de abusos de las fuerzas de seguridad en los últimos meses.
En abril la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había advertido sobre excesos cometidos por las fuerzas de seguridad en el marco de medidas de aislamiento impuestas por los gobiernos para frenar al avance del virus.
“La violencia institucional evidenciada en los últimos meses refleja un problema estructural...el control, monitoreo, la capacitación y la rendición de cuentas de la labor de las fuerzas de seguridad respetuosa de los derechos humanos continúa siendo una deuda pendiente en Argentina”, advirtió Amnistía Internacional.
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Los corresponsales de AP en América Latina contribuyeron con este reporte.
