Ecuador: prisión preventiva para expresidente Bucaram
Una jueza dispuso el jueves que el expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram cumpla prisión preventiva domiciliaria con vigilancia policial, en el marco de una investigación por supuesta delincuencia organizada.
En su cuenta de Twitter, la Fiscalía dijo que “con base a los elementos de convicción ... jueza dicta arresto domiciliario con vigilancia policial para Abdalá Bucaram debido a su edad (68 años) y prisión preventiva contra los tres agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Son procesados por presunta delincuencia organizada”.
La diligencia se produjo en la madrugada por vía electrónica debido a que la jueza estaba en la capital y el exmandatario en Guayaquil, de donde no puso ser trasladado a Quito porque padece problemas cardíacos.
Entre los delitos por los que se acusa a Bucaram están la compra y venta de insumos médicos sin respaldo legal por parte de ciudadanos ecuatorianos y extranjeros, la adulteración de documentos diplomáticos y la suplantación de identidad, todos cometidos en la capital ecuatoriana, por lo cual el proceso se desarrolla en esa ciudad.
Este es el tercer proceso penal abierto contra el expresidente ecuatoriano: el primero es por la posesión de un arma de fuego cuando fue arrestado y luego puesto en libertad el 3 de junio y el otro por bienes patrimoniales no justificados hallados en su casa.
Al expresidente y a sus hijos Abdalá, Jacobo y Mishel -que se encuentran prófugos- también se los investiga por la comercialización ilegal de insumos médicos en medio de la pandemia como pruebas de diagnóstico del COVID-19 y mascarillas.
Tales productos coincidían en marca y modelo con aquellos que estaban en hospitales estatales de Guayaquil y que fueron adquiridos con sustanciales sobreprecios a través de un intermediario detenido desde hace semanas.
Bucaram, quien solía llamarse “El loco que ama”, gobernó Ecuador entre agosto de 1996 y febrero de 1997, cuando fue depuesto en medio de acusaciones de nepotismo y corrupción. Se exilió por alrededor de dos décadas en Panamá mientras prescribían los procesos judiciales derivados de su breve paso por la presidencia.
