El virus trastoca la campaña de un joven candidato latino

GRAHAM, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Como muchos estadounidenses, Ricky Hurtado tenía planes para este verano.

En marzo lanzó oficialmente su primera candidatura a un cargo público, y esperaba pasar los calurosos días del verano llamando a puertas, sosteniendo brillantes folletos de campaña y defendiendo sus propuestas ante los votantes. Iba a demostrar que el hijo de 31 años de inmigrantes salvadoreños podía dar voz a los latinos, incluso en Carolina del Norte, en una parte de Estados Unidos fiel a Donald Trump.

Pero esta es una historia de esperas, y sobre de rodeos en el camino al poder.

El coronavirus trastocó la campaña demócrata a la cámara estatal. Hurtado dejó de visitar casas. Lo más cerca que estaba de sus posibles votantes eran los dos metros (seis pies) o más que dejaba cuando colaboraba como voluntario en comedores populares o en puestos para hacer pruebas diagnósticas. Y aún así, se contagió del virus.

En todo Estados Unidos, el brote de coronavirus está complicando el difícil ascenso de los latinos en política. La enfermedad ha infectado de forma desproporcionada a los hispanos e impedido que algunos votantes se registren para las elecciones presidenciales de noviembre. En Carolina del Norte, apenas se han sumado 5.000 latinos al censo electoral desde mediados de marzo, menos de la mitad de los que se incluyeron en el mismo periodo hace cuatro años.

El virus y su impacto en la economía están ensañándose con los hispanos justo cuando marcan un hito. Por primera vez, habrá más hispanos en condiciones de votar que representantes de cualquier otra minoría: 32 millones, según proyecta el centro de Investigaciones Pew.

Los ciudadanos de ascendencia latinoamericana siempre parecen a punto de hacer realidad su potencial electoral en las urnas, pero su impacto se ve afectado por una escasa participación y por un Colegio Electoral que favorece a los estados con mucha población blanca. En el 2016, menos de la mitad de los hispanos que podían votar lo hicieron y el país eligió un presidente que prometía erigir un muro en la frontera con México y que usó su oposición a la inmigración ilegal como tema de campaña.

Mientras que estados con numerosos hispanos como California, Florida y Nevada fueron clave en elecciones pasadas, Carolina del Norte representa el futuro. El estado tiene un millón de hispanos, pero dos tercios -la segunda tasa más alta del país- no pueden votar porque son menores de 18 años o no tienen la ciudadanía.

En el condado de Alamance, entre las viviendas unifamiliares y los densos bosques que cubren de Raleigh a Greensboro, hay tres hispanos que no pueden votar por cada uno que puede.

Durante décadas, esas cifras suponían que el aumento de la población latina en el estado no iba acompañado de poder político. De hecho, tenían el efecto contrario porque generaban resentimiento y quejas, ya que los políticos explotan la inmigración con fines electorales.

Ahora, los hijos de los inmigrantes alcanzan la mayoría de edad.

“En realidad todo depende de mí”, comentó John Paul García, de 20 años y el único que puede votar en su familia de seis miembros. “Soy la voz de mi hermana, la voz de mi hermano, la voz de mis padres”.

Trump ganó en Carolina del Norte por menos de 4 puntos porcentuales. El predecesor demócrata de Hurtado perdió el puesto en la cámara de representantes del estado por 298 votos en 2018.

Hurtado sabe que sería más fácil centrarse en los votantes blancos, que siguen siendo mayoría en el distrito. Pero quiere que su campaña se base en algo más que simplemente ganar el escaño, cambiar la mayoría de la cámara o incluso poner a un demócrata en la Casa Blanca.

“Hay que involucrar a la gente”, dijo esta primavera, cuando se dirigía a uno de los muchos parques de casas rodantes del estado para hacer campaña puerta a puerta.

Sería la última vez que Hurtado llamaba a las puertas de posibles votantes antes de la pandemia.

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Los padres de Hurtado llegaron a Estados Unidos en el baúl de un auto.

Le escapaban a la guerra civil en El Salvador en 1980 y entraron por carretera a través de la frontera mexicana, para seguir hasta California. Hurtado nació en Los Ángeles, pero la familia se mudó a Carolina del Norte cuando tenía siete años, confiando en que un aire más limpio sería mejor para su asma.

La madre de Hurtado trabajaba en una planta procesadora de pollos. Cuando estaba en la secundaria, Hurtado le masajeaba las manos, que estaban hinchadas, tras recogerla al final de su turno, casi a la medianoche.

La planta y las empresas agrícolas y textiles que son la base de la economía del estado reclutaban mucha gente en México porque resultaba más barata.

“1996-1998, en esos años cambió todo”, dijo Paul Cuadros, profesor de la Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill y autor de un libro sobre los inmigrantes latinoamericanos de zonas de cultivos próximas al Alamance County. “Cuando empezaron a llegar los niños, ahí comenzaron las quejas”.

Hurtado pasó su infancia en un barrio de residentes mayormente afroamericanos y estaba consciente de que se le consideraba diferente.

“No somos de aquí, ni de allá”, es como describe su sensación de alienación.

Hurtado se graduó en la Universidad de North Carolina-Chapel Hill. Un profesor de cálculo de la secundaria le prestó 2.000 dólares para que se comprase una laptop. En su último año en la secundaria fue que empezó a sentirse incómodo por ser sureño e hispano.

Una vez concluida la secundaria comenzó a trabajar para una consultora que se especializaba en la desigualdad racial. Consiguió una beca y completó estudios de posgrado en la carrera de políticas públicas en la Universidad de Princeton. Estaba listo para aceptar un trabajo en Oakland en el 2014 cuando súbitamente decidió que California podía esperar.

Quiso volver al sur cuando el entonces gobernador de su estado adoptivo, el republicano Pat McCrory, se opuso a recibir a más de los miles de niños no acompañados que estaban cruzando la frontera para huir de la violencia en Centroamérica.

“Pensé, ‘Esa no es la Carolina del Norte que conozco’”, dijo Hurtado.

Se metió de lleno en el activismo local y conoció a Yazmin García. Después de casarse, Hurtado y García se instalaron en el condado de Alamance. Ahora, Hurtado tiene una forma diferente de describir su procedencia: “Soy de aquí y de allá”.

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Encontrar votantes latinos --son uno de cada cuatro-- siempre iba a ser difícil. El temor a los agentes de inmigración es omnipresente. Eso se debe en parte al jefe de policía del condado de Alamance, Terry Johnson, un republicano elegido por primera vez en 2002, cuando hizo una campaña con anuncios de televisión advirtiendo sobre la presencia de “aliens” (un término que en inglés puede referirse tanto a extranjeros como a extraterrestres) en el condado, con la música de la vieja serie de televisión “The Twilight Zone” (La dimensión desconocida).

Johnson y Joe Arpaio, de Arizona, fueron los únicos jefes de policía del país demandados por el Departamento de Justicia durante la presidencia de Obama por violaciones de los derechos civiles de los hispanos.

Un juez federal desestimó el caso. Johnson cree que el gobierno sólo “quería un jefe de policía sureño para marcar un precedente”, según dijo en una entrevista.

Asegura que no tiene nada contra los inmigrantes. “Tengo varios amigos que son dueños de restaurantes y que están aquí ilegalmente”, manifestó. “No me importa en absoluto, siempre y cuando respeten las leyes”.

Johnson sigue siendo una figura amenazante para algunos hispanos. Su departamento tiene un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido por sus siglas en inglés, ICE) por el cual aloja a inmigrantes arrestados, una política que ha sido blanco de protestas por años. La sola mención del nombre de Johnson puede ser percibida como una amenaza de deportación por muchos hispanos. Cuando una empleada hispana de un negocio de venta de teléfonos le pidió a un cliente blanco que se colocase un tapabocas hace poco, el hombre le dijo que iba a “llamar a Terry Johnson” para denunciarla, comentó Tyra Duque, otra vendedora que presenció el incidente.

Los hispanos del Alamance County y del país en general apoyan diversas corrientes políticas. Unos tres de cada 10 hispanos votaron por los republicanos en las elecciones legislativas del 2018, según AP VoteCast, un estudio del electorado.

Omar Lugo, un inmigrante venezolano de 42 años, culpa a los activistas progresistas, y no a Johnson, por avivar el temor de los latinos. “Acusar al jefe de policía de ser racista, eso no nos lleva a ninguna parte”, dijo Lugo.

Acotó que percibe que los hispanos de Carolina del Norte están volcándose hacia los republicanos en estos tiempos agitados, sobre todo al ver la violencia que siguió a la muerte de George Floyd, un afroamericano que falleció cuando un policía de Minneapolis le apoyó demasiado tiempo la rodilla en el cuello. Sostuvo que a los hispanos no les gustan las manifestaciones caóticas ni la propuesta de quitarles fondos a los departamentos de policía.

Otros republicanos sostienen que Hurtado no es la persona indicada para representar al Alamance County, donde Johnson se postula siempre para la reelección sin que le surjan rivales y los republicanos ocupan todos los cargos electivos. Las cosas, no obstante, están cambiando. Llegaron muchos migrantes del norte, atraídos por las viviendas baratas y oportunidades de trabajo en los sectores tecnológico y bancario, que se instalaron en los suburbios. Muchos se van de sitios liberales como Chapel Hill en busca de casas más baratas.

Los planteos demócratas de Hurtado lo único que harán es “cambiar las políticas que atrajeron a la gente al Alamance County”, afirmó Stephen Wiley, director político del Bloque Republicano de la cámara baja de Carolina del Norte.

Hurtando, sin embargo, cree que encaja bien en Alamance. De cara redonda y voz suave, con anteojos de marco negro, es una figura tranquila, agradable. Dice que representa la Carolina del Norte moderna, cada vez más diversa.

En Facebook a veces discute con viejos compañeros de la secundaria que apoyan a Trump y que hacen comentarios despectivos hacia los inmigrantes. Él les recuerda que se criaron juntos. Asegura que las conversaciones terminaban con un tono amistoso.

Pero eso cambió desde que las protestas por la muerte de Floyd dieron paso a un replanteo de las injusticias raciales y la identidad.

En la plaza central de Graham, el centro administrativo, hay un monumento a los soldados caídos de la Confederación. Los agentes de Johnson vigilan la plaza desde que empezaron las manifestaciones e impiden que se acerque nadie que no tenga un permiso que se concede en el marco de una declaración de un estado de emergencia que hizo el alcalde.

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Cuando Aranza Sosa, de 22 años, fue a la plaza de Graham con carteles de Black Lives Matter a principios de junio, los agentes de Johnson la echaron.

Sosa se sintió disgustada por la presencia de los agentes. Se enteró de la campaña de Hurtado y le llamó entre lágrimas.

Sosa ha llorado mucho últimamente. Su tío murió de COVID-19 a finales de mayo. Algunos días tiene tanto temor a contagiarse que no puede ir a su trabajo en una residencia de ancianos. La mayoría de los días va. Necesita el dinero.

“Mi trabajo, tengo suerte de tenerlo, pero en estas circunstancias supera a mucha gente”, dijo. “En este momento, me siento como si para el gobierno yo fuera prescindible”.

El 59% de los latinos encuestados por el Centro Hispano Pew dijo que ellos o alguien en su hogar había perdido ingresos o el empleo por la pandemia, muy por encima del 43% de adultos estadounidenses en general que dijeron lo mismo.

La tasa de desempleo de los hispanos fue de casi el 13% en julio, por encima de la de los blancos. Los hispanos trabajan mucho en el sector de servicios y corren más peligro de quedarse sin empleo por el peligro de los contagios y también de que se les pida que vayan a trabajar.

En el condado de Alamance, donde los latinos son el 13% de la población, suponen el 62% de los 2.500 casos de COVID-19.

No está claro si el virus y la economía harán que los hispanos estén demasiado preocupados con su supervivencia como para prestar atención a las elecciones o si, por el contrario, los movilizará.

Antonio Arellano, cuya organización, JOLT, trata de expandir el poder de los hispanos en Texas, señaló que esa comunidad siempre menciona la atención médica, no la inmigración, como su principal preocupación.

“Nuestras abuelas, abuelos, tías y tíos están muriendo por no tener atención médica”, manifestó Arellano. “Creemos que esta pandemia puede empujar a la gente a las urnas como nunca antes”.

Hurtado y su esposa saben el impacto que puede causar la enfermedad. A mediados de junio enfermaron, aunque sus síntomas fueron relativamente leves, y se recuperaron a principios de julio.

La pandemia impide el contacto personal que prefieren los hispanos. Mientras que los republicanos ya están golpeando puertas nuevamente, los demócratas, incluido Hurtado, se abstienen de hacerlo por considerarlo demasiado riesgoso. Hurtado hace reuniones y actos para recaudar fondo a través de la internet. Este mes recibió el apoyo de Barack Obama.

Pero sabe que el contacto directo con la gente es fundamental.

Cuando todavía tenía libertad de movimiento habló mucho con hispanos jóvenes acerca de sus experiencias.

“Soy el primero de mi familia en ir a la universidad”, le dijo Hurtado a Evelyn Lara, de 18 años, en la puerta de su tráiler.

“Yo también”, respondió ella, orgullosa, con su hermanito de siete años a su lado.

“Ya sabes lo duro que puede ser esto”, expresó Hurtado. “Cuando vaya a Releigh, trataré de mejorar las cosas para familias como las nuestras”.

A Hurtado le alientan las llamadas que recibe de gente joven como Sosa desde que comenzaron las manifestaciones de Black Lives Matter, las cuales le dan la esperanza de que los hispanos acudirán a las urnas en noviembre a pesar de los obstáculos.

Pero ahora su hogar sufre otra decepción.

Después de varios años, García estaba completando el largo proceso para sacar la ciudadanía estadounidense. Uno de los últimos pasos, una entrevista en persona, fue pospuesto a en marzo por la pandemia.

Los servicios de inmigración no han fijado una nueva fecha, de modo que García es una de las 315.000 personas que probablemente no logre obtener su ciudadanía antes de las elecciones.

Y no podría votar por su marido.

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La periodista de Associated Press Angeliki Kastanis, en Los Ángeles, contribuyó a este despacho.