Transporte público salvadoreño se opone a reiniciar labores
SAN SALVADOR (AP) — Empresarios del transporte público de El Salvador expresaron el martes su oposición a reiniciar sus labores por el rechazo del gobierno de otorgarles un incremento a los montos del subsidio o compensación, y la exigencia que les entreguen un bono para aplicar los protocolos de seguridad y evitar contagios en medio de la pandemia del coronavirus.
Genaro Ramírez, uno de los líderes de los transportes, sostuvo que no es viable para ellos cobrar 0,20 centavos de dólar por pasajero y que la “tarifa técnica” que habían propuesto rondaba entre los 0,50 y 0,60 centavos de dólar, pero el gobierno no lo aceptó.
Para seguir operando con la tarifa vigente, los transportistas exigen que se les entregue un subsidio mensual de 800 dólares por cada autobús y 400 dólares para los microbuses, además de un bono de bioseguridad.
Hasta junio, cuando venció la ley que autorizaba el subsidio para los transportistas, estos recibían 400 dólares por cada autobús y 200 dólares por microbús.
“Mientras el gobierno no tome la seriedad de darle un aplacamiento a este sector, de responder ante todos los daños que se han causado a la industria, no saldremos a trabajar”, advirtió Ramírez.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Romero Herrera, reiteró en una entrevista con la televisión local que para volver a poner en vigencia la compensación, el gobierno exige a los transportistas que instalen GPS en las unidades y que realicen revisiones técnicas.
Para evitar la expansión del coronavirus, el gobierno salvadoreño prohibió el 7 de mayo la circulación del servicio de transporte público de pasajeros, que moviliza el 80% de la población, y se prevé que se pueda reactivar a partir del lunes 24 de agosto.
Según un decreto ejecutivo, estaba programado que el transporte público de pasajeros se reactivara el 20 de agosto, pero la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional y ahora la reapertura económica ha quedado en el limbo.
El llamado decreto numero 32 establecía una reapertura de cinco fases. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional consideró que el gobierno estaba limitando los movimientos y actividades de las personas, empresas y otros sectores, y que era inconstitucional prohibir a la población salir de sus hogares a trabajar hasta que llegara una fase concreta.
El abogado Eduardo Escobar, de la ONG Acción Ciudadana, explicó a la AP que después del fallo de la Sala de lo Constitucional del máximo tribunal, si al 23 de agosto no se ha logrado un acuerdo entre los diputados y el gobierno, “los actores económicos van a tener que apegarse voluntariamente a la apertura”.
“Ya todo lo que suceda en adelante tendría que ser una cuestión de autoregulación de las empresas y de las personas”, subrayó.
El Salvador registra 21.269 casos confirmados de coronavirus, con 570 fallecidos, y 9.875 personas que han vencido la enfermedad. Actualmente hay 10.824 casos activos, 539 en estado crítico y 1.216 graves.
