Magistrado constitucional de Guatemala da positivo a COVID
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala informó el lunes que el magistrado Bonerge Mejía Orellana, uno de los cinco titulares de esa institución, ha dado positivo a coronavirus.
El abogado Mejía Orellana, de 61 años, es el primer magistrado de una alta corte que da positivo a la enfermedad. Allán Rodríguez, presidente del Congreso, también se contagió y se encuentra internado en un Hospital Militar sin que se conozca su estado de salud.
“El magistrado se encuentra estable y el pleno de magistrados continuará las sesiones con la integración de magistrados suplentes conforme lo establece la ley”, dijo la CC en un comunicado.
El anuncio llega después de una crisis constitucional desatada la semana pasada luego de que la fiscalía solicitara el retiro de inmunidad de 111 funcionarios públicos, incluidos seis de la CC, que también incluye a Mejía Orellana, sumando fuerzas a sectores conservadores que piden que la CC sea procesada por sus fallos.
Sectores conservadores —incluidos empresarios, políticos y particulares— presionan a la CC es porque ésta ordenó al Congreso elegir a magistrados honestos y probos —por ley el Congreso elige a los magistrados a Cortes de Justicia en el país— lo que provocó también el rechazó de algunos candidatos señalados de actos de corrupción y otros delitos, quienes ya habían sido integrados a los listados de donde el Congreso debía elegir.
La próxima elección de magistrados de cortes es muy importante, pues a futuro éstos serán los que resuelvan y juzguen graves acusaciones de corrupción a empresarios, políticos y otros.
Hasta el lunes Guatemala reporta 56.987 personas positivas a la enfermedad y 2.222 fallecidos. De los 340 municipios en el país, 169 se encuentran en alerta roja debido al elevado nivel de contagios.
Más tarde, la organización Acción Ciudadana, el capitulo para Guatemala de Transparencia Internacional, presentó una denuncia contra el presidente Alejandro Giammattei por el delito de incumplimiento de deberes, argumentando que la semana pasada el mandatario dijo en una reunión que el tema del coronavirus era ya responsabilidad de la gente.
La denuncia se realizó ante la Fiscalía, que la presentaría ante un juez. Si el caso avanzara, el juez podría elevarlo a la Corte Suprema y ésta, a su vez, al Congreso, donde se integraría una comisión pesquisidora que podría decidir si al mandatario se le retira o no la inmunidad para que fuera eventualmente investigado.
Giammattei declaró frente a alcaldes locales y diputados aliados que el tema del coronavirus le había quitado tiempo y que ahora se dedicaría a gobernar.
“Hoy ya le trasladamos la responsabilidad a la gente. Si la gente se quiere cuidar, se cuida; si no, le sacamos tarjeta roja. Ese es problema de la gente”, dijo entonces el mandatario.
Edie Cux, presidente de Acción Ciudadana dijo que la población corre riesgo debido a las declaraciones de Giammattei en medio de la pandemia. “El presidente no ha cumplido, ni quiere cumplir con sus obligaciones”, dijo a periodistas. Cux recordó que se aprobaron 3,500 millones de dólares de ampliación presupuestaria para atender la pandemia.
El gobierno aún no se ha pronunciado sobre la denuncia.
